A través de una serie de declaraciones, Diego Molina Gómez expuso un crítico panorama sobre el manejo de las finanzas en La Rioja, señalando un drástico aumento de la deuda, ahorros provinciales en contraste con bajos salarios y el default, y una ejecución del gasto que, según él, prioriza fines políticos y clientelares sobre las necesidades ciudadanas y la seguridad.
El secretario general de la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, realizó severas críticas a la gestión financiera y la ejecución presupuestaria de la provincia de La Rioja, detallando una serie de indicadores y prácticas que, en su opinión, evidencian un manejo perjudicial para los ciudadanos.
Sobreendeudamiento provincial
Diego Molina Gómez, economista de La Libertad Avanza, afirma que, en los últimos 10 años, la deuda de La Rioja se multiplicó por 300. Señala que, si en 2022 esta deuda representaba el 37% de la suma de la coparticipación anual y la recaudación provincial, actualmente este porcentaje asciende al 48%. Advierte que este incremento no es mayor debido a un aumento en la presión fiscal.
Considera el año 2022 como un punto de inflexión, ya que al año siguiente la provincia habría absorbido la deuda del Parque Eólico y sumados créditos para la construcción de un hospital en Chilecito. Su conclusión es que La Rioja se encuentra «cada vez más endeudada y sin parque ni hospital.»
Ahorro Fiscal vs. Salarios y Default
En otra de sus observaciones, Molina Gómez indica que La Rioja ahorró 60 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2025, cifra que, según él, equivale a prácticamente la mitad de lo que se pagó en salarios en el mismo período. Este ahorro, convertido a la cotización actual del dólar, representaría unos 50 millones de dólares.
Destaca que la provincia apenas utilizó el 42% de sus ingresos para el pago de salarios. A pesar de estos ahorros, sostiene que «la provincia sigue en default y los ciudadanos en la miseria.»
Ejecución del Gasto y Prioridades Cuestionadas
Molina Gómez también analiza la ejecución del gasto provincial. Afirma que una entidad o grupo al que denomina la «Guardia pretoriana» gastó casi 10.000 millones de pesos en «Transferencias corrientes», describiéndolo como «dinero que nadie sabe a dónde va y que se utiliza para hacer ‘política’». Añade que se destinaron más de 5.000 millones a asistencia social, un gasto que, en su opinión, busca garantizar la «pobreza y subordinación».
Reporta que el gasto en personal representó el 53% y las transferencias el 26%. Concluye que mientras «los trabajadores reciben un salario miserable», una presunta «asociación ilícita» continúa utilizando recursos para «aceitar la máquina de corrupción y clientela.»
Profundizando en la ejecución del gasto por la «Guardia pretoriana», Molina Gómez detalla que de los casi 10.000 millones de pesos, se habrían destinado fondos a «amantes, combustibles, viajes a China, Rusia y en alquiler de mansiones para concejales en Playa del Carmen», mientras que solo 500 millones se asignaron a seguridad. Denuncia también una inversión de 4.500 millones en camionetas para «amigos», en contraste con solo 23 millones para móviles policiales.
Como consecuencia de esta situación de inseguridad, menciona que una empresa de transporte informó que podría dejar de prestar servicio en un barrio de la zona sur de la capital, que lleva el nombre del «mayor delincuente de este país», si persistían los hechos de violencia contra sus unidades.
