A menos de tres meses para las elecciones provinciales del 26 de octubre, el gobernador riojano lanza una mejora del 16% para la administración pública, mientras el peronismo enfrenta un complejo escenario en Capital y Chilecito. La medida, elogiada por todo el oficialismo, busca revertir un contexto nacional adverso, pero la oposición ya la contrapone con la realidad salarial de otras provincias.
Con el calendario electoral riojano marcando una cuenta regresiva a menos de tres meses para el 26 de octubre de 2025, fecha en que la provincia irá a las urnas, el gobierno de Ricardo Quintela movió una ficha de alto impacto político: un anuncio de aumento salarial para la Administración Pública Provincial. La mejora, que alcanza un 16% en las categorías más bajas, se materializará con los haberes de agosto, a percibirse en septiembre, y consiste en una suma fija de $80.000 y un 4,5% de aumento al salario básico.
El gobernador, a través de sus redes sociales, no dudó en enmarcar la decisión en un «contexto nacional profundamente adverso» y «quita de los recursos que nos corresponden», señalando que la medida busca «superar el dato inflacionario» y «multiplicar por 16 el techo del 1% que propone Nación». Rápidamente, todos los funcionarios del gobierno riojano salieron a elogiar el aumento, buscando amplificar el impacto positivo de la medida en un momento clave de la pre-campaña.
Este movimiento del oficialismo se interpreta como una clara estrategia para apuntalar la imagen del gobierno en un escenario electoral que se presenta desafiante para el peronismo. Fuentes internas reconocen que las encuestas ubican al oficialismo con dificultades en dos de los departamentos más poblados y estratégicos: Capital y Chilecito. El descontento social por la situación económica general y el arrastre de la imagen del gobierno nacional complican las chances de revertir el panorama en estos distritos, fundamentales para cualquier aspiración de consolidación del poder provincial.
El impacto de la medida, que beneficia a un sector clave del electorado en una provincia con alta dependencia del empleo público, busca consolidar el voto propio y movilizar a las bases. Es una inyección económica que llega en un momento preciso, considerando que el salario básico estatal en La Rioja ronda los $200 mil, y el pago de la quincena se ubica en $120 mil.
Sin embargo, la oposición no tardó en salir al cruce. La concejal del PRO, Luciana De León, cuestionó la medida a través de sus redes sociales, comparando los salarios riojanos con los de Santiago del Estero. «Sueldos iniciales en la administración pública: Santiago del Estero: $800.000 (+$3.100.000 en bonos). La Rioja: $639.000», señaló De León, enfatizando que «La Rioja recibe más coparticipación per capita que Santigo, pero paga peores sueldos». La dirigente opositora concluyó con una dura crítica a la gestión provincial: «No faltan recursos, sobra despilfarro y mala administración quintelista».
Además de las elecciones provinciales, los riojanos también renovarán dos bancas a diputados nacionales. Para esta contienda, un factor a considerar es la aplicación de la boleta única de papel, un sistema que modifica la mecánica de votación y que podría tener un impacto en el reparto de preferencias, al obligar al votante a elegir de manera más consciente entre las distintas opciones.
El cronograma electoral, que ya fijó el 27 de agosto como fin de plazo para la presentación de Alianzas Partidarias, y el 6 de septiembre para el registro y oficialización de candidatos, apura los tiempos de las definiciones políticas.
Con este anuncio salarial, el oficialismo riojano redobla la apuesta para las elecciones de octubre, buscando contrarrestar el desgaste y los efectos de la crisis nacional, y asegurar tanto la continuidad del control provincial como la mayor cantidad de bancas posibles en el Congreso. La próxima veda electoral, que comenzará el 24 de octubre a las 8, apenas 48 horas antes de la elección, marcará el fin de esta intensa etapa preelectoral.
