Durante la presidencia de Alberto Fernández, la provincia fue un paraíso de recursos nacionales, el destino preferido de la Casa Rosada. Hoy, con la coparticipación como único salvavidas, la estatización total de la economía se volvió un problema mayúsculo. En la gestión de Ricardo Quintela, la sangría financiera del Estado se hace sentir, incluso, en la obra social APOS, donde hasta los pagos se controlan desde la Casa de Gobierno.
La era de la abundancia para La Rioja se terminó de manera abrupta. Durante los años de la presidencia de Alberto Fernández, la provincia fue el paraíso terrenal del financiamiento. Las arcas provinciales rebalsaban de recursos nacionales. La cercanía política con la gestión nacional se tradujo en una catarata de fondos discrecionales, transferencias extraordinarias y una obra pública que se pagaba desde Buenos Aires. La Rioja, en ese entonces, era la provincia que recibía más recursos del Estado nacional per cápita, un modelo de supervivencia que, en retrospectiva, se revela como un «boomerang» que hoy golpea de lleno a la gestión provincial.
El problema es que esa bonanza no sirvió para sanear las finanzas ni para generar una economía autosuficiente. Por el contrario, se utilizó para profundizar la estatización total de la provincia. El sector privado, ya de por sí mínimo, se vio aún más relegado, mientras que el Estado provincial, inflado con nuevas contrataciones y empresas (las SAPEM), se volvía cada vez más ineficiente y costoso.
Hoy, con la llegada de Javier Milei a la presidencia, la canilla de los fondos discrecionales se cerró de golpe. Y lo que era un modelo de éxito con el kirchnerismo, se transformó en la peor pesadilla para la provincia: gobernar con lo que se recauda de impuestos propios y lo que llega por coparticipación federal. El 95% de los gastos provinciales, que se pagaban con la bendición de la Casa Rosada, ahora deben ser administrados con una estricta austeridad que no estaba en los planes.
La sangría financiera del Estado provincial se hace sentir en cada rincón. Un ejemplo dramático es la obra social APOS, que ha explotado bajo la presión de la crisis. Durante años, APOS manejó sus propios fondos y sus pagos, pero en un intento por controlar cada centavo, la gestión de Ricardo Quintela decidió centralizar todo. Hoy, los pagos a proveedores, clínicas y médicos ya no salen de la propia obra social, sino que deben pasar por la burocracia de la Casa de Gobierno. El resultado es un colapso en la atención médica y un atraso en los pagos que ha puesto en riesgo la salud de miles de riojanos.
La Rioja es el claro ejemplo de cómo un modelo de dependencia, en tiempos de bonanza, puede parecer sostenible, pero en tiempos de crisis, se resquebraja por completo. La provincia está pagando el precio de no haber aprovechado los años de vacas gordas para construir un futuro más sólido y menos dependiente. El «boomerang» del kirchnerismo se volvió en contra, y ahora, con un Estado obeso y sin los fondos de antes, la gestión actual enfrenta el desafío más grande desde 1983: gobernar con lo que hay, no con lo que les dan.
