Presentadas como el gran logro del justicialismo para diversificar la economía, las casi 50 empresas estatales creadas desde el bederismo son un pozo sin fondo. Con una La Rioja en default por el bono del Parque Eólico, la provincia enfrenta una sangría financiera que demuestra que las SAPEM no son un motor de desarrollo, sino una caja de Pandora que solo engrosa la dependencia del Estado.
La historia de las SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) en La Rioja es el epílogo de un modelo de desarrollo que, en lugar de generar riqueza, ha creado un nuevo frente de crisis. Presentadas por el exgobernador Luis Beder Herrera como la gran apuesta para la diversificación económica, y continuadas por Sergio Casas, estas empresas estatales son hoy una herencia envenenada que le explota en las manos al actual mandatario, Ricardo Quintela.
El relato oficial las presentó como un logro del justicialismo, un músculo productivo para un Estado que debía dejar de ser solo un pagador de sueldos. La realidad, sin embargo, es otra. Detrás de los discursos grandilocuentes, las casi 50 SAPEM que operan en la provincia son, en su gran mayoría, deficitarias. Son una «caja de Pandora», una sangría que se traga los escasos fondos provinciales y que, en tiempos de ajuste, se convierte en un peso insostenible.
El caso más emblemático y dramático es el del Parque Eólico Arauco. Este proyecto, que se vendió como un hito de la energía renovable, hoy tiene a La Rioja en default. La provincia no puede pagar un bono verde de casi 350 millones de dólares que se emitió para su construcción. La SAPEM que lo gestiona, en lugar de generar ingresos para el Estado, ha sido una fuente de deuda y de problemas que ahora se reflejan en la falta de credibilidad financiera de la provincia.
El problema de las SAPEM no se limita a este caso. Desde empresas de servicios hasta agencias de comunicación, estas sociedades anónimas se han convertido en un refugio de la militancia política y en una fuente inagotable de gastos. Al ser sociedades anónimas, su gestión es opaca y sus balances no siempre son de acceso público, lo que las convierte en el lugar ideal para el clientelismo y el manejo discrecional de fondos.
Con el gobierno nacional cerrando la canilla y la provincia cada vez más asfixiada financieramente, las SAPEM se han convertido en el talón de Aquiles de la gestión de Quintela. Lo que alguna vez se presentó como un logro del justicialismo, hoy se revela como el fracaso de una política que creyó que el Estado podía ser un empresario exitoso en una economía que no genera riqueza.
El modelo de las SAPEM es, en esencia, una extensión de la misma lógica de dependencia que aqueja a La Rioja desde hace décadas. En lugar de fomentar la inversión privada y la diversificación real de la economía, el justicialismo ha optado por crear un «Estado empresario» que no produce, pero sí gasta, y que, en su fracaso silencioso, solo profundiza la crisis de una provincia que se ahoga en su propia deuda.
