La Justicia falló a favor del Estado Nacional en una causa de 2008 y declaró la nulidad absoluta de un decreto de 2002 que otorgó beneficios por $9.400.000 a Laboratorios Beta S.A., ya que fue emitido fuera de los plazos establecidos por una ley federal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia en contra de la Provincia de La Rioja en una causa que data de 2008, declarando la nulidad absoluta de un decreto provincial que otorgaba beneficios de promoción industrial a una empresa. El fallo, emitido el 10 de junio de 2025, resuelve una disputa de larga data entre el Estado Nacional y el gobierno provincial, que se centraba en la validez del decreto 336/2002.
El Ministerio de Economía, en representación del Estado Nacional, demandó a la provincia porque, a través de dicho decreto, se reasignaron beneficios promocionales por $9.400.000 a la empresa Laboratorios Beta S.A. La demanda se basó en que el decreto fue emitido el 17 de abril de 2002, una fecha posterior al límite establecido por el artículo 43 de la Ley 25.237, que aprobó el presupuesto nacional para el año 2000.
En su defensa, la Provincia de La Rioja argumentó que tenía la facultad de reasignar dichos beneficios y planteó la inconstitucionalidad del artículo 43 de la ley 25.237. Sin embargo, el Máximo Tribunal rechazó estos argumentos y sostuvo que la provincia carece de jurisdicción para modificar leyes federales, que prevalecen por su jerarquía normativa.
La Corte concluyó que el decreto de 2002 fue dictado «con apartamiento de la ley» y que, por lo tanto, es «nulo de nulidad absoluta». La sentencia no solo anuló el decreto, sino que también dispuso que la Provincia de La Rioja deberá hacerse cargo de las costas correspondientes a la intervención de Laboratorios Beta S.A., que fue citada como tercero en la causa.
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