El Diario de Eduardo German

La Rioja · Argentina

Un juzgado federal de La Rioja impulsa una ejecución fiscal contra una empresa pública

El proceso judicial se inició por una deuda de más de 9 millones de pesos de «Colonia Cunícola Riojana del Oeste S.A.P.E.M.» con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El Juzgado Federal de La Rioja dio curso a una demanda de ejecución fiscal contra la empresa Colonia Cunícola Riojana del Oeste S.A.P.E.M. por…

El proceso judicial se inició por una deuda de más de 9 millones de pesos de «Colonia Cunícola Riojana del Oeste S.A.P.E.M.» con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El Juzgado Federal de La Rioja dio curso a una demanda de ejecución fiscal contra la empresa Colonia Cunícola Riojana del Oeste S.A.P.E.M. por una deuda de $9.165.032,23 con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La resolución, firmada en agosto de 2025 por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, ordena una serie de medidas para asegurar el cobro de la deuda.

El expediente, caratulado como «ARCA c/ COLONIA CUNICOLA RIOJANA DEL OESTE S.A.P.E.M. s/EJECUCION FISCAL», establece que la empresa debe responder por el capital adeudado más un 15% adicional, estimado provisoriamente para cubrir intereses y costas judiciales222. El tribunal ha declarado su competencia para entender en el caso y ha eximido a la ARCA del pago de la tasa de justicia.

Para avanzar con la ejecución, el juzgado ha ordenado que se libre un mandamiento de intimación de pago en contra de la empresa. En caso de que no se efectúe el pago, la resolución autoriza un embargo general sobre los fondos y valores de la demandada, incluyendo cuentas bancarias y títulos, hasta cubrir la totalidad de la suma reclamada.

La resolución también autoriza a la ARCA, a través de su representante, a solicitar la apertura de una cuenta judicial en el Banco de la Nación Argentina y a gestionar el levantamiento de las medidas cautelares si la deuda es cancelada o regularizada, sin necesidad de una nueva orden judicial. Con esta acción, el Poder Judicial de la Nación busca garantizar el cobro de la deuda fiscal de la empresa, que al ser una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), tiene capital público.

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