La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad para invalidar un decreto del gobernador Ricardo Quintela que suspendió los aumentos en las tarifas eléctricas. La empresa argumenta que la medida provincial interfiere con la cadena de pagos del sistema eléctrico nacional y le generó una deuda que supera los 8 mil millones de pesos.
LA RIOJA. La disputa política entre el Gobierno Nacional y la provincia de La Rioja escaló al ámbito judicial con una demanda de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La compañía solicitó una «acción declarativa de inconstitucionalidad» contra el decreto provincial N° 370/2024 y la resolución N° 133/2024, que suspendió la aplicación de los nuevos precios estacionales de la energía eléctrica fijados por la Secretaría de Energía de la Nación.
El decreto del gobernador Ricardo Quintela justificó la suspensión en la «irrazonabilidad» de los incrementos tarifarios, que se exteriorizaron en las facturas de la distribuidora local EDELAR S.A.. La provincia argumentó que el aumento ponía en riesgo la «continuidad de sus actividades económicas» y las «fuentes de trabajo». Como medida transitoria, el gobierno provincial asumió el costo de la suspensión, en su rol de garante del servicio público. Sin embargo, la resolución N° 133/2024 ordenó a los usuarios que para mantener el beneficio, debían iniciar sus propios «remedios judiciales» contra la resolución nacional en un plazo de 30 días.
La demanda de CAMMESA acusa a la provincia de interferir en el funcionamiento y la cadena de pagos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), lo que viola el marco regulatorio eléctrico federal y las cláusulas de comercio interjurisdiccional y progreso de la Constitución Nacional. El escrito judicial señala que la provincia, de manera «inconstitucional y arbitraria», impidió a EDELAR pagar el 100% de la energía comprada en el MEM, lo que generó un perjuicio que, al momento de la demanda, asciende a $8.183.406.774,76.
La Procuración General de la Nación, en un dictamen, opinó que el caso «reviste un manifiesto contenido federal», confirmando que la demanda debe ser resuelta por la Corte Suprema. Con esta acción judicial, CAMMESA busca resguardar su rol como «instrumento de gobierno» del Estado Nacional, esencial para la libre circulación de la energía eléctrica en todo el país.
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