Un abogado afirma que las dueñas del «El Almacén de la Alegría» habrían simulado una crisis económica para evitar pagar indemnizaciones. La denuncia penal ya fue presentada y apunta a un posible delito de «desbaratamiento de derechos acordados».
El abogado Sergio Gómez, que representa a cinco exempleadas del conocido comercio riojano «El Almacén de la Alegría», denunció una presunta maniobra fraudulenta por parte de las dueñas para evadir el pago de indemnizaciones. Según relató a La Red, las trabajadoras fueron despedidas sin causa el 31 de diciembre de 2024 y, desde entonces, no recibieron los haberes que les corresponden por ley.
Gómez señaló directamente a las hermanas Franchino, dueñas de la firma, por una estrategia que califica como «una maniobra que merece una investigación penal».
Un concurso de acreedores bajo sospecha
La situación se tornó más compleja cuando la empresa solicitó un concurso preventivo de acreedores, argumentando una supuesta crisis económica. Sin embargo, el letrado y las extrabajadoras sospechan de la veracidad de esta situación, ya que el local, que históricamente se llamó «Globo Rojo» antes de su cambio de nombre a «El Almacén de la Alegría», volvió a operar con su nombre original.
«Cuando revisamos quiénes figuran como titulares, descubrimos que son los mismos familiares de las antiguas dueñas: la hija y el yerno», detalló Gómez. Esta coincidencia, según el abogado, sugiere que el objetivo de la medida no es otro que simular una insolvencia para evitar pagar las indemnizaciones de las empleadas, algunas con hasta 15 años de antigüedad.
Denuncia penal por «desbaratamiento de derechos»
El abogado confirmó que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. La acusación se basa en la posible comisión del delito de «desbaratamiento de derechos acordados», tipificado en el artículo 173 inciso 11 del Código Penal. Este delito castiga a quienes, de manera fraudulenta, buscan impedir el cumplimiento de obligaciones legales.
Gómez subrayó el drama humano detrás de este conflicto laboral. «Están devastadas. Detrás de cada una hay familias, cargas y años de trabajo responsable. Lo único que piden es lo que les corresponde por ley», afirmó, y criticó duramente el uso «abusivo» de herramientas legales como el concurso preventivo. «No se puede utilizar un recurso legal para evadir obligaciones con los empleados. La justicia debe sancionar este tipo de prácticas», enfatizó.
Para cerrar, el letrado envió un mensaje contundente contra este tipo de prácticas empresariales: «No se puede lucrar a costa del esfuerzo ajeno. Si uno se queda con lo que le corresponde a otro, aumenta su cuenta bancaria a costa del trabajo de los demás. Eso es lo que debemos terminar».
