El proyecto fiscal de $1,83 billones es una declaración de guerra contra el ajuste de Milei, al basarse en la tesis de que los objetivos de Nación son «contrapuestos» a los de la provincia. La Ley de Leyes incorpora un poder de veto inédito de la Legislatura para bloquear recortes y prohíbe la contratación de jubilados.
El gobernador Ricardo Quintela puso en manos de la Legislatura el proyecto de Ley de Presupuesto General para el Ejercicio 2026, una iniciativa que formaliza la estrategia de «resistencia» del peronismo riojano frente al Gobierno Nacional. El mensaje del Ejecutivo es claro: el Presupuesto, que asciende a PESOS UN BILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTE MILLONES ($ 1.832.020.623.871,00), se elaboró bajo la premisa de que «los objetivos de políticas del Gobierno Nacional son contrapuestos al de la Provincia».
El proyecto, que se descuenta será aprobado con la actual mayoría peronista, contiene un conjunto de artículos que buscan blindar a la provincia de futuras asfixias fiscales.
El escudo fiscal: cuasimoneda y megadeuda autorizada
El capítulo más sensible del Presupuesto es la autorización de endeudamiento, una herramienta que Quintela necesita para garantizar la liquidez ante la Deuda Flotante ($91.565 millones a septiembre de 2025):
- Emisión de cuasimoneda (Art. 17): Se autoriza el monto nominal en circulación para la emisión de Letras del Tesoro (o medios sucedáneos de pago, es decir, cuasimoneda) hasta $190.000 millones. Este mecanismo busca cubrir las «deficiencias estacionales de caja» y sostener el pago de salarios.
- Bonos de consolidación (Art. 19): Se autoriza la emisión de Bonos de Cancelación de Deudas hasta $85.000 millones para cancelar obligaciones consolidadas.
- Crédito adicional (Art. 20): Se habilita la toma de crédito público por $50.000 millones para asistir a la Economía Provincial y obras de infraestructura, pudiendo otorgar en garantía recursos de origen provincial o nacional.
La ofensiva política: control parlamentario y privatización
La Ley de Leyes incluye dos artículos de alto impacto político, diseñados para desafiar al centralismo:
Veto legislativo al Presupuesto (Art. 6): Se crea la Comisión Especial de Actuación Permanente de Control y Seguimiento Presupuestario en la Cámara de Diputados, compuesta mayoritariamente por el oficialismo. Esta comisión tendrá el poder de «aprobar o rechazar las modificaciones presupuestarias» propuestas por el Ejecutivo, blindando el gasto social de recortes federales.
Herramienta de privatización (Art. 26): En un guiño al DNU de Milei, se autoriza al Ejecutivo a transferir en forma total o parcial las participaciones de su propiedad en sociedades comerciales, lo que incluye a empresas estatales. Esta herramienta da libertad a Quintela para sanear o vender entidades, como el Banco Rioja (actualmente bajo auditoría por «gastos desmedidos»), si las razones de «urgencia y/o conveniencia» así lo requirieran.
PRESUPUESTO
Gasto social blindado y la prohibición de jubilados
El Presupuesto 2026 destina la mayor porción del gasto a Servicios Sociales ($958.762 millones), priorizando la Educación y la Salud, incluyendo el reclamo por el 1% de coparticipación perdido en 1988.
- Educación y tecnología: La política educativa se centra en un «Plan de conectividad pedagógico» para dotar al 100% de las escuelas de Internet y dispositivos tecnológicos.
- Transparencia en elrmpleo (Art. 28): Para sanear el empleo público, se establece que no podrá designarse ni contratarse a personas beneficiarias de un Régimen de Jubilación o Retiro, calificando cualquier acto que lo contradiga como un «vicio grosero».
El Presupuesto 2026 es el arma de combate de Quintela para defender el «modelo riojano», con el objetivo de negociar la supervivencia de la provincia en medio del ajuste nacional y la alianza con Axel Kicillof para el futuro del peronismo.
