Tras la derogación de 900 normas por parte del INV, entidades y funcionarios advierten que los cambios «debilitan gravemente» al sistema. Exigen mantener documentos clave para garantizar la calidad y la seguridad jurídica de los productores.
El plan de desregulación impulsado por el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de conflicto con las economías regionales. Tras la decisión del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de derogar más de 900 normas, un bloque federal conformado por entidades gremiales y ministros de Producción —con un rol protagónico de La Rioja— envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, advirtiendo sobre los riesgos de eliminar controles históricos.
El reclamo, encabezado por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), pone el foco en la Resolución 37/2025 del INV. Si bien el sector apoya la desburocratización, alerta que la eliminación de ciertos instrumentos «debilita gravemente» la trazabilidad del vino argentino, afectando la transparencia y la calidad del producto que llega a la góndola.
El impacto en La Rioja
La preocupación escaló rápidamente en las provincias productoras. La nota enviada a Hacienda lleva la firma del ministro de Producción de La Rioja, junto a sus pares de Salta, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y La Pampa.
A nivel gremial, el reclamo cuenta con el respaldo explícito de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), entidad clave en la defensa de los viñateros del Valle de Antinaco-Los Colorados y la Costa riojana.
Para los productores riojanos, la trazabilidad no es solo un dato técnico: es la garantía de cobro y propiedad. El documento subraya que la eliminación de controles intermedios fragmenta la cadena y genera incertidumbre, golpeando especialmente a la seguridad jurídica de los miles de productores que entregan su uva a bodegas bajo el sistema de maquila.
Los instrumentos en disputa
El nudo del conflicto pasa por dos documentos que el sector considera «la columna vertebral» de la industria y que quedaron en el limbo tras la normativa del INV:
- La Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU): Definida como la «piedra angular» de la producción primaria. Es la única constancia fehaciente que certifica peso, variedad y condiciones de entrega de la materia prima.
- La Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05): El formulario que valida administrativamente los volúmenes elaborados y las titularidades.
«La eliminación del CIU y la ausencia del CEC 05 debilitan gravemente este sistema integral», advirtieron las entidades en la misiva a Caputo. Sin estos papeles, aseguran, se hace imposible reconstruir el recorrido de la uva desde el viñedo hasta el consumidor, poniendo en jaque los estándares internacionales que hoy permiten al vino argentino —y al Torrontés Riojano en particular— competir en el mundo.
El pedido concreto al Palacio de Hacienda es la restitución inmediata de la obligatoriedad de estos instrumentos para asegurar «una trazabilidad completa, verificable y jurídicamente sólida».
