La Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) oficializó la medida a través de la Resolución 25. Argumentan que el sector es clave en el «flujo económico provincial» y deberán fiscalizar los pagos a sus proveedores y contratistas.
El gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP), decidió ajustar las clavijas fiscales sobre uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en la región. Mediante la Resolución General N° 25, fechada el 14 de noviembre de 2025, la provincia determinó que las empresas mineras deberán actuar obligatoriamente como Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La medida, firmada por el Director General Luis F. Aguilar, modifica la normativa vigente desde 2011 para incorporar formalmente a las compañías del sector extractivo en el esquema de recaudación tributaria, obligándolas a retener el impuesto en los pagos que realicen a su cadena de valor.
«Política de Estado» y flujo económico
En los considerandos de la resolución, la administración riojana justificó la decisión basándose en el rol estratégico que la actividad ha cobrado para las arcas provinciales. El texto oficial destaca que «se considera pertinente nominar como Agentes de Retención a las empresas mineras en virtud de que, en la provincia de La Rioja, la producción de la minería es considerada una política de estado».
El organismo recaudador subrayó la necesidad de captar la renta que circula alrededor de estos proyectos, haciendo hincapié en «la importancia de dichas empresas en el flujo económico provincial».
Cómo funcionará el nuevo esquema
Con la entrada en vigencia de esta norma —que rige desde su publicación en el Boletín Oficial—, las mineras se suman al listado del Artículo 48° de la Resolución Normativa 01/2011, bajo el nuevo inciso 17.
Esto implica que deberán aplicar la retención «sobre todos los pagos que realicen a sus contratantes y proveedores en relación a sus operaciones», siempre y cuando dichos pagos correspondan a «ingresos alcanzados por el gravamen para su beneficiario».
En la práctica, esto convierte a las mineras en un brazo fiscalizador del Estado provincial, asegurando que los proveedores de servicios, logística y suministros que operan con la minería tributen sus correspondientes Ingresos Brutos en la provincia.
