El PRO y la UCR advirtieron al Gobierno que no acompañarán cambios en la Cámara Alta para evitar que el proyecto regrese a Diputados. La negativa funciona como un salvavidas político para el titular de la Cámara Baja, que no tiene los números para una revisión, pero obliga a la Casa Rosada a convivir con el rechazo al recorte universitario.
El Gobierno nacional chocó este domingo con una pared de realidad levantada por sus propios aliados. En la previa de la sesión clave del viernes en el Senado, los bloques del PRO y la UCR le enviaron un mensaje tajante a la Casa Rosada: no avalarán ninguna modificación al texto del Presupuesto 2026 que obligue a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados. Para la política de La Rioja, esta negativa tiene un beneficiario indirecto pero evidente: Martín Menem.
El presidente de la Cámara Baja observa la jugada del Senado con una mezcla de alivio y resignación. Si los senadores hubieran aceptado reintroducir el polémico Capítulo XI (que eliminaba fondos universitarios y de discapacidad), el proyecto habría regresado a su terreno para una segunda revisión. Y allí, en el recinto que Menem debe conducir, los números no están. “Si vuelve a Diputados, el Presupuesto muere”, admiten sin rodeos en el oficialismo.
El salvavidas de los aliados
La advertencia de los socios «dialoguistas» es un reconocimiento implícito de la fragilidad política del riojano Menem tras el traspié de la semana pasada. Los senadores aliados entienden que exponer al oficialismo a una nueva votación en Diputados, con el kirchnerismo envalentonado y los gobernadores del norte heridos por la «mala praxis» de la negociación anterior, sería un suicidio político para el Gobierno.
“No hay margen de tiempo ni político para que vuelva a la Cámara de origen”, sentenciaron desde el radicalismo. Esta postura fuerza al Ejecutivo a aceptar la media sanción tal cual salió, con el agujero fiscal que implica no haber podido derogar las leyes de financiamiento educativo.
Para La Rioja, esto significa que la UNLaR y el sistema de discapacidad mantendrán, al menos en los papeles, la vigencia de las leyes que garantizan sus fondos. El Gobierno no pudo borrarlas del mapa jurídico vía Presupuesto porque sus aliados se negaron a darle una segunda oportunidad a la «impericia» de los operadores libertarios.
La derrota del «plan ideal»
La intención original de la Casa Rosada, impulsada por el ala dura, era corregir en el Senado el «error» de Diputados. Sin embargo, la resistencia aliada obliga a Javier Milei a un pragmatismo forzoso. Deberá promulgar un Presupuesto que no le gusta del todo para evitar el mal mayor de quedarse sin ley.
En este escenario, Martín Menem evita el desgaste de tener que buscar votos que no tiene, pero paga el costo de haber presidido la cámara que le entregó al Presidente un proyecto «defectuoso» en términos fiscales. «Es preferible una ley imperfecta sancionada antes de fin de año que un nuevo fracaso legislativo en Diputados», razonan en los despachos del Congreso.
Incertidumbre para 2026
Con el camino allanado para que el Senado convierta en ley el proyecto sin tocar una coma, la disputa se traslada ahora al terreno de la ejecución. Como anticipó Milei, lo que no se pudo ajustar por ley, se ajustará por «reasignación de partidas».
Para el gobernador Ricardo Quintela, el cierre de este capítulo legislativo deja una certeza amarga: el Congreso, con sus bloqueos y negativas, le puso un límite institucional a la voracidad fiscal del Gobierno, pero le entregó a Milei la herramienta (el Presupuesto aprobado) para administrar la escasez con total discrecionalidad. La negativa de los aliados a modificar el texto salvó a Menem de un nuevo calvario, pero dejó a las provincias a merced de la «motosierra administrativa».
