El Presidente confirmó que promulgará la ley tal como salga del Senado, aunque advirtió que reasignará partidas para blindar el equilibrio fiscal. La decisión anticipa un año de mayor asfixia financiera para Ricardo Quintela, ya que el ajuste por la caída del capítulo universitario se cobrará de las transferencias a las provincias.
La incertidumbre sobre el destino del Presupuesto 2026 llegó a su fin, pero la tranquilidad no asoma en el horizonte de las provincias opositoras. En una definición que cambia el eje de la discusión legislativa, Javier Milei confirmó este domingo que no vetará la «ley de leyes» si el Senado la sanciona el próximo viernes tal como vino de Diputados, es decir, sin el polémico capítulo que recortaba fondos universitarios y de discapacidad. Sin embargo, la letra chica de su anuncio encierra una amenaza directa para las arcas de La Rioja: el equilibrio fiscal se mantendrá a fuerza de reasignaciones presupuestarias discrecionales.
«No lo voy a vetar. Vamos a trabajar con el Presupuesto que determinó el Congreso», sentenció el Presidente en declaraciones radiales, despejando los rumores que indicaban que el Ejecutivo podría reconducir el presupuesto actual por tercer año consecutivo. Pero inmediatamente después, activó la cláusula de salvaguarda que pone en guardia a gobernadores como Ricardo Quintela: «El déficit cero no se negocia. Si los legisladores quieren romper el equilibrio fiscal, yo tengo que acomodar las partidas para que el resultado final sea neutro».
La trampa de la «reasignación» para La Rioja
Para la administración riojana, el mensaje de Balcarce 50 es cristalino: si el Congreso obliga a la Nación a gastar más en universidades y pensiones por discapacidad (al haber rechazado su derogación), la Casa Rosada sacará esos fondos de otras cajas. ¿De cuáles? De las partidas discrecionales, la obra pública y las transferencias no automáticas a las provincias.
Aquí radica el nudo del conflicto para Quintela. A diferencia de los gobernadores dialoguistas que negocian compensaciones por debajo de la mesa, La Rioja —ya excluida del reciente reparto de ATN— queda en una posición de extrema vulnerabilidad. La «motosierra administrativa» que Milei promete aplicar le otorga al Jefe de Gabinete facultades para mover dinero de un lado a otro sin pasar por el Congreso.
«Si me rompen el equilibrio fiscal, voy a tener que ajustar en otro lado», advirtió Milei. En la práctica, esto significa que los fondos que La Rioja reclama (como el punto de coparticipación perdido o los fondos extra) podrían ser utilizados legalmente por la Nación para cubrir el agujero fiscal que dejaron los diputados al votar en contra del Capítulo 11.
Fin del debate legislativo, inicio de la discrecionalidad
Con la confirmación de que no habrá veto, el Gobierno busca dar una señal de previsibilidad a los mercados antes de los vencimientos de deuda de enero. «Es una señal de adultez política», analizan en el entorno presidencial, buscando capitalizar el revés legislativo.
Sin embargo, para La Rioja, la sanción del Presupuesto tal como está, sumada a la advertencia presidencial, configura el peor escenario posible: un presupuesto de ajuste validado por ley, pero con una ejecución que dependerá 100% de la voluntad política de un Presidente que considera a Quintela un adversario del modelo.
El viernes, el Senado se dispone a blindar la media sanción. A partir del 1 de enero de 2026, comenzará otra batalla: la de la gestión diaria de la escasez, donde Milei ya avisó que «acomodará las partidas» con la frialdad de una planilla de Excel que no contempla las necesidades políticas del interior opositor.
