La compañía santafesina Sucesores de Alfredo Williner S.A. acudió a la Justicia Federal con una acción declarativa de certeza; el expediente ingresó este viernes y apunta contra el fisco municipal de la capital riojana.
Un nuevo capítulo en la litigiosidad entre grandes empresas nacionales y los fiscos locales se abrió este viernes en la provincia de La Rioja. La firma Sucesores de Alfredo Williner S.A., reconocida en el mercado lácteo por su marca Ilolay, formalizó una demanda contra la Municipalidad de La Rioja ante los tribunales federales, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de normativas municipales que afectan su actividad comercial.
La presentación judicial, que quedó registrada bajo el expediente FCB 040288/2025, ingresó oficialmente el 19 de diciembre de 2025 a las 10:25 horas. La causa quedó radicada en la Secretaría Civil y Comercial del Juzgado Federal de La Rioja, dependiente de la jurisdicción de la Cámara Federal de Córdoba.
El reclamo de fondo
Según se desprende de la carátula del expediente, la estrategia legal de la compañía láctea no busca un resarcimiento por daños, sino frenar el alcance de la potestad tributaria o regulatoria del municipio. El objeto del litigio está tipificado explícitamente como una «acción meramente declarativa de inconstitucionalidad».
Este tipo de instrumento legal es utilizado habitualmente por las empresas que operan a nivel nacional para impugnar el cobro de tasas municipales que consideran desproporcionadas o carentes de contraprestación efectiva, argumentando que funcionan como «aduanas interiores» o impuestos encubiertos que violan la Constitución Nacional.
En el formulario de ingreso, la demanda fue catalogada bajo el código «CY9» y se tramita en el fuero Contencioso Administrativo. Si bien el monto del litigio figura como «indeterminado», esto suele indicar que lo que se discute es la validez de la norma en sí misma y no una deuda líquida específica en esta instancia.
Los protagonistas del litigio
La parte actora, Sucesores de Alfredo Williner S.A., fijó su domicilio real en la Ruta Provincial 70, Km 74, en la localidad de Bella Italia, provincia de Santa Fe. La defensa letrada de la compañía está encabezada por las abogadas Melisa Romero y Ariadna Laura Artopoulos, quienes presentaron la documentación con carácter de declaración jurada bajo la matrícula federal.
Del otro lado, la demandada es la Municipalidad de La Rioja (CUIT 30-99902250-9), con domicilio legal en la calle Santa Fe 971 de la capital provincial. El municipio, ahora en el banquillo de los acusados, deberá defender la legalidad de sus ordenanzas ante la Justicia Federal.
El estado actual del expediente figura como «En Letra», lo que significa que el proceso judicial ya está activo y a la espera de los primeros movimientos procesales tras el cambio de estado a «Inicio / Demanda» registrado el mismo viernes.
Este caso se suma a una serie de planteos similares que buscan poner límites a la voracidad fiscal de los municipios sobre empresas que, aunque tienen base productiva en otras provincias, distribuyen y comercializan sus productos en todo el territorio nacional.
