La caída del 3,1% en el empleo formal desnuda la fragilidad de un modelo que, tras cuatro décadas de hegemonía peronista, convirtió al empleo público en la única política de Estado y dejó a la iniciativa privada como un actor de reparto.
En La Rioja, los números fríos de la estadística laboral acaban de chocar de frente con el relato político de casi medio siglo. La pérdida de 800 puestos de trabajo en el sector privado en el último año —una caída del 3,1%, según datos recientes— no es solo un indicador recesivo coyuntural; es la metástasis de una patología crónica. Es la evidencia de que el modelo de «monocultivo de empleo estatal», regado pacientemente por el peronismo local durante los últimos 42 años, ha llegado a su límite biológico.
La administración de Ricardo Quintela se apresura a señalar hacia la Casa Rosada y culpar al ajuste libertario por el enfriamiento de la economía. Sin embargo, en los despachos donde se analiza la política real, se sabe que la herida es autoinfligida y de larga data. La Rioja no sufre hoy por un cambio de viento en Balcarce 50, sino por la falta de cimientos propios construidos durante las décadas de bonanza de la coparticipación.
La trampa del «Estado Presente»
Desde la restauración democrática, y con una aceleración notable en las últimas dos décadas, la clase dirigente riojana optó por un contrato social tácito pero perverso: la paz social a cambio de la expansión ilimitada de la nómina estatal. El empleo público dejó de ser una necesidad administrativa para convertirse en la principal herramienta de construcción de poder territorial. Mientras tanto, el sector privado fue relegado a un rol subsidiario, dependiente de la obra pública o de los proveedores del Estado, sin incentivos reales para la competitividad genuina.
La cifra de 800 despidos en el sector privado tiene una gravedad distinta en La Rioja que en la Pampa Húmeda. En una provincia donde la relación entre empleo público y privado está completamente distorsionada —con una de las tasas más altas de empleados estatales por habitante del país—, cada puesto privado que se cierra es una ventana que se clausura hacia la autonomía económica.
Un desierto para la inversión
El dato revelado expone la desnudez del rey. Cuando el flujo de fondos discrecionales de la Nación se corta —como ha sucedido bajo la gestión de Milei—, el Estado provincial pierde su capacidad de ser la «agencia de colocación» de empleo. Y al mirar hacia el costado, hacia el mercado, se encuentra con un desierto que la propia política se encargó de aridizar. La falta de seguridad jurídica, la presión tributaria local y la competencia desleal de un Estado que fija salarios desconectados de la productividad han espantado históricamente al capital de riesgo.
Hoy, La Rioja intenta paliar la crisis con parches financieros y retórica federal, pero la realidad es aritmética. No se puede sostener una provincia indefinidamente si la única «industria» que crece ininterrumpidamente desde 1983 es la burocracia.
La caída del empleo privado es, en definitiva, el síntoma de un fin de ciclo conceptual. El peronismo riojano se enfrenta a la paradoja de su propio éxito electoral: construyó un aparato estatal tan grande para ganar elecciones que terminó asfixiando al huésped privado que debía financiarlo. Ahora, sin giros extras de la Nación y con un sector privado raquítico y en retroceso, la provincia se pregunta con angustia quién pagará la cuenta de la fiesta estatista.
