El gobernador Quintela apuesta a inversiones chinas y denuncia un «industricidio» para confrontar con la Casa Rosada. Sin embargo, el corte de las transferencias discrecionales expone la fragilidad de un distrito que busca desacoplarse de la macroeconomía nacional sin los recursos históricos para sostenerlo.
En la geografía política de la Argentina actual, La Rioja intenta dibujar un contorno propio, una suerte de «isla» que resista la marea del ajuste nacional. La estrategia del gobernador Ricardo Quintela es clara: ante el retiro del Estado nacional, levantar un muro discursivo y buscar oxígeno financiero fuera de las fronteras, específicamente en China. Pero detrás de los anuncios de inversiones extranjeras y la retórica de resistencia, subyace una pregunta incómoda que la administración provincial prefiere evitar: ¿es viable el desacople político en la provincia que estructuralmente más depende de la billetera de la Nación?
La reciente confirmación del desembarco de la firma estatal china Hebei Xinrun Logistics LTD Co —destinada a la producción de nueces en Famatina y al envasado de agua mineral— es presentada por el oficialismo local no solo como un negocio, sino como un salvavidas ideológico. Para el ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez, se trata de una maniobra para «desmarcarse» de lo que califica, sin eufemismos, como un «industricidio» provocado por la gestión de Javier Milei.
Sin embargo, el contraste entre el volumen de estos anuncios y la realidad fiscal de la provincia es abrumador. La narrativa de la «Rioja productiva» choca de frente con los números del federalismo fiscal. Por primera vez desde la década del 80, la provincia ha dejado de recibir los fondos extra coparticipables, una canilla de recursos discrecionales que históricamente funcionó como el motor de la gobernabilidad local. El reclamo de la provincia asciende a una supuesta deuda de 1.600 millones de dólares acumulada en dos años, una cifra sideral que el ministro Pérez reclama con vehemencia, acusando al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de bloquearla deliberadamente.
Aquí radica el nudo del conflicto. Quintela intenta demostrar que hay «otro modelo» posible, uno donde el Estado provincial sustituye al nacional mediante la obra pública (como la entrega de viviendas) y la atracción de capitales foráneos. Pero la pretensión de soberanía económica se da de bruces con la «motosierra». La Rioja no es una provincia con un sector privado robusto capaz de amortiguar por sí solo la recesión nacional; su matriz depende simbióticamente del flujo de pesos que viajan desde Buenos Aires.
La apuesta a la inversión china es, en términos de realpolitik, un gesto audaz pero insuficiente para tapar el agujero fiscal. Mientras el gobierno local denuncia la apertura de importaciones y la caída de la actividad industrial como un plan deliberado de destrucción, la Casa Rosada observa con frialdad: para el gobierno libertario, la insolvencia riojana no es culpa del ajuste actual, sino la consecuencia de décadas de un modelo adicto al gasto público financiado por el resto de los contribuyentes.
La Rioja se enfrenta así a un dilema existencial en 2026. Si la «isla» que propone Quintela no logra generar divisas genuinas a una velocidad récord —algo improbable solo con nueces y agua mineral en el corto plazo—, el discurso de la autonomía chocará con la pared de la iliquidez. La política de confrontación tiene un precio alto cuando se carece de autonomía financiera. En este juego de póker entre la provincia y la Nación, La Rioja está apostando fichas que, según el Tesoro nacional, ya no tiene.
