El ministro de Seguridad de La Rioja tildó de «simplista» la propuesta penal juvenil. Expuso que el delito cometido por menores es casi nulo en la provincia y apuntó a la «presencia estatal» como única salida.
El ministro de Seguridad de La Rioja, Miguel Zárate, decidió romper el silencio y salir al choque contra la agenda de baja de edad de imputabilidad que se cocina en Buenos Aires. En una movida que busca diferenciar la gestión de Ricardo Quintela del discurso de mano dura nacional, el funcionario calificó la iniciativa como una «respuesta simplista» que no toca las causas estructurales del delito.
«Bajar la edad de imputabilidad no es el camino», disparó Zárate, quien aclaró que, aunque es una opinión a título personal, choca de frente con la intención de ampliar la población carcelaria juvenil. El ministro utilizó la estadística local para desinflar el reclamo: en La Rioja, el impacto de los menores en la inseguridad es prácticamente marginal.
Los números contra el discurso punitivista
Zárate puso sobre la mesa datos que desarman la narrativa del «menor peligroso» en el interior:
- Incidencia mínima: Solo el 1,5% de los delitos en la provincia cuentan con participación de menores de 18 años.
- El dato clave: En la franja de menores de 16 años, la cifra se desploma al 0,4%.
- Cero menores presos: Actualmente, La Rioja no tiene menores alojados en unidades policiales ni en el servicio penitenciario.
La «rosca» de la prevención
Para el titular de Seguridad, la solución no es penal sino de despliegue territorial. «La solución es con una presencia estatal que garantice entender qué pasó en ese niño, porque ningún niño nace siendo criminal«, sentenció, marcando una distancia ideológica insalvable con las propuestas de endurecimiento penal.
En la Casa de las Tejas leen que la insistencia con la baja de imputabilidad es una «cortina de humo» para evitar discutir el financiamiento de las fuerzas de seguridad y las políticas de contención. Por eso, Zárate propuso trabajar con «medidas socio-restrictivas» para el escaso 1,2% de la población carcelaria joven (18 a 21 años), apostando a la reinserción antes que al depósito de jóvenes en las cárceles.
