La Rioja en la Corte Suprema: cuatro fallos desfavorables en dos meses que profundizan su crisis fiscal
En abril y mayo de 2026, la Corte Suprema desestimó recursos y encauzó demandas riojanas por la vía ordinaria, mientras acepta demanda del Estado Nacional por $42 millones. El patrón judicial refleja una provincia sin poder de negociación frente a Buenos Aires.
Entre mediados de marzo y principios de mayo de 2026, la Corte Suprema de Justicia ha dictado cuatro fallos que afectan directamente a La Rioja en su conflicto estructural con el Estado Nacional. El panorama judicial no es alentador: la provincia pierde en todos los frentes, tanto cuando demanda como cuando es demandada, y los tiempos procesales —que ahora se extienden indefinidamente hacia la vía ordinaria— juegan a favor del gobierno federal.
El primero: la demanda por fondos de transporte
El 17 de marzo de 2026, la Corte Suprema aceptó una demanda del Estado Nacional (Secretaría de Transporte) contra La Rioja. El gobierno nacional reclama $42.645.530,84 que transfirió a la provincia bajo convenio para la «Refacción de La Terminal de Ómnibus El Milagro» en el marco de un programa de renovación de terminales de buses.
El problema: La Rioja recibió el 50% del monto ($42,6 millones), pero no ejecutó la obra como se había comprometido. La primera rendición de cuentas fue rechazada porque «en el predio no se verificaba obra existente que permita ejecutar la obra de remodelación». El fallo de la Corte acepta la competencia originaria pero ordena que el caso se sustancie por la vía ordinaria, es decir: años de litigio.
Para La Rioja, esto significa que mientras el Estado Nacional reclama sus fondos, la provincia no tiene acceso a ellos y no ha podido completar una obra que probablemente ya está abandonada o parcialmente ejecutada.
El segundo: La Rioja demanda, pero pierde la vía rápida
El 23 de abril de 2026, la Corte Suprema resolvió sobre la demanda CSJ 57/2024, donde La Rioja demanda al Estado Nacional por «cobro de pesos» — probablemente fondos que la provincia considera le deben ser transferidos en coparticipación o como asignación especial.
La decisión fue desfavorable: la Corte no rechazó la demanda, pero la canalizó hacia la causa CSJ 1787/2017, una acción ordinaria que ya llevaba años en trámite. Esto significa que La Rioja perdió la posibilidad de una resolución rápida en la competencia originaria.
Una semana después, el 7 de mayo, cuando La Rioja intentó un recurso de reposición para reconsiderar esa decisión, la Corte lo rechazó aplicando su doctrina estándar: «Las sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por la vía intentada, sin que se den en el caso circunstancias estrictamente excepcionales.»
El tercero: amparo rechazado, encauzado a proceso ordinario
El 30 de abril de 2026, la Corte Suprema resolvió sobre la causa CSJ 2271/2024, donde La Rioja presentó un amparo contra el Estado Nacional. La resolución fue técnica pero claramente desfavorable: la Corte aceptó la competencia originaria, pero decidió que el amparo no era la vía adecuada. Ordenó que el caso se sustancie como juicio ordinario.
El fallo menciona que la cuestión es «sustancialmente análoga» a la resuelta en CSJ 2373/2024, donde Buenos Aires presentó una demanda similar contra el Estado Nacional. Lo significativo es que mientras Buenos Aires puede litigar directamente en la Corte Suprema, La Rioja ve cómo sus acciones son desviadas al proceso ordinario, donde los tiempos se multiplican.
El patrón: todas las vías conducen al litigio eterno
Los cuatro fallos (incluido el de la demanda del Estado Nacional contra La Rioja) revelan un patrón judicial cristalino: la Corte Suprema, bajo la presidencia de Rosatti, está aplicando una estrategia coherente de encauzamiento a proceso ordinario.
Para La Rioja, esto significa:
1. Fondos en disputa, indefinidamente en limbo. El dinero que la provincia reclama —sea por coparticipación, fondos de transporte, o asignaciones especiales— permanece bajo control del Estado Nacional mientras duran los litigios ordinarios. Una causa ordinaria en la Corte Suprema puede tomar 5-10 años.
2. Victoria táctica del gobierno federal. Cada año que pasa sin resolución es una victoria para Buenos Aires. La Rioja agota recursos fiscales pagando abogados mientras los fondos no llegan. Es una guerra de desgaste que el Estado Nacional está ganando por la vía procesal.
3. Asimetría de poder. Buenos Aires puede demandar por cuestiones constitucionales y sus causas avanzan más rápido. La Rioja, sin peso político ni capacidad de presión, ve cómo sus demandas se estancan.
El contexto: una provincia sin poder
Estos fallos no ocurren en el vacío. La Rioja enfrenta una crisis fiscal aguda: transferencias federales en caída real de -3,7% en abril (la peor del país), ingresos per cápita de US$247 mensuales (⅓ del promedio nacional), y morosidad crediticia extrema. En este escenario, cada peso en disputa en la Corte Suprema es crítico.
El gobernador Ricardo Quintela ha perdido acceso político en Buenos Aires. Su alineamiento con «Federales Somos Todos» y sus gestos hacia Axel Kicillof no se han traducido en poder de veto sobre decisiones del gobierno nacional. La Rioja no tiene diputados clave en el Congreso ni gobernadores aliados de peso suficiente como para presionar una salida política.
La salida que no existe
Para La Rioja quedan pocas opciones. Una negociación política directa sería más rápida que la vía judicial, pero requiere poder que la provincia no posee. El gobierno nacional —ganando en la Corte Suprema por procedimientos—tiene incentivos para mantener los litigios abiertos indefinidamente.
Los abogados de La Rioja podrán interponer más recursos, pero la jurisprudencia de la Corte es clara y coherente: la vía ordinaria es el destino final de todos estos reclamos.
Implicación inmediata
Mientras estos cuatro fallos se resuelven, La Rioja continúa operando con presupuesto contraído. Los servicios esenciales —APOS, educación, seguridad— no reciben los fondos que están en disputa. El sistema de salud sigue en crisis. Los hospitales universitarios enfrentan amenaza de «traspaso» al Estado Nacional. Todo esto ocurre mientras la provincia espera años en la Corte Suprema por justicia que probablemente nunca llegará a tiempo.
Fallos