Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso revela que La Rioja es la provincia con mayor dependencia de los recursos nacionales de todo el país, con el 86% de sus ingresos totales provenientes de transferencias federales. En simultáneo, esas transferencias cayeron un 7% en términos reales en los primeros dos meses de 2026, un golpe que llega en el peor momento para una provincia que no tiene con qué compensar la pérdida.
Hay un número que define mejor que cualquier discurso político la situación estructural de La Rioja: el 86%. Ese es el porcentaje de los ingresos totales de la provincia que proviene de los recursos de origen nacional —coparticipación, leyes especiales y compensaciones del Consenso Fiscal— según el último dato disponible correspondiente al año 2024, publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación en su informe sobre los recursos de origen nacional a provincias acumulados a febrero de 2026.
No es el 86% de un presupuesto marginal ni de una jurisdicción pequeña sin alternativas geográficas. Es el porcentaje más alto de todo el país. Por encima de Formosa (84%), de Santiago del Estero (87% en ese mismo indicador para el mismo año), de Catamarca (80%) y de Chaco (72%). La Rioja encabeza o está en el podio de las provincias con mayor dependencia estructural de las transferencias federales, una condición que no es nueva pero que en el actual contexto de contracción de esos recursos adquiere una dimensión de alarma que el gobierno provincial tiene todos los incentivos para no comunicar con claridad.
El dinero que llega cada vez menos
El informe de la OPC —elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal (DNIAF) y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) de la Secretaría de Hacienda— muestra que los recursos de origen nacional transferidos al conjunto de las provincias cayeron un 7% en términos reales durante los primeros dos meses de 2026, comparados con el mismo período del año anterior.
La secuencia completa de los últimos años ilustra la magnitud del ajuste acumulado. En 2023 el total transferido a provincias equivalía, a valores constantes de febrero de 2026, a 78,6 billones de pesos. En 2024 cayó a 70,9 billones —una merma del 10% real— y en 2025 se recuperó levemente hasta los 72 billones, con un crecimiento de apenas el 2%. En los primeros dos meses de 2026 el acumulado es de 11,46 billones, frente a los 12,36 billones del mismo período de 2025: una contracción del 7% real que indica que el piso del ajuste todavía no se ha alcanzado.
Para entender qué significa ese 7% en términos concretos para La Rioja, alcanza con una aritmética sencilla: si el 86% de los ingresos provinciales viene de las transferencias nacionales y esas transferencias caen en términos reales, la única forma de sostener el nivel de gasto es recortar, endeudarse o recurrir a emisión provincial —mediante cuasimonedas o instrumentos equivalentes. Las tres opciones tienen costos políticos y económicos que la actual administración del gobernador Ricardo Quintela conoce bien.
Por qué caen los recursos: el mapa impositivo
El informe de la OPC es preciso en identificar los factores que explican la contracción de 2026. El IVA —que representa el 57% de la masa coparticipable— cayó un 13% interanual en términos reales acumulados a febrero, explicado por dos fenómenos combinados: por un lado, en 2025 hubo ingresos extraordinarios por la moratoria establecida en la Ley 27.743 y por mayores percepciones aduaneras que inflaron artificialmente la base de comparación; por otro, en 2026 se registra una desaceleración de las importaciones que reduce la recaudación asociada al comercio exterior.
Ganancias —segundo componente en importancia con el 34% de la masa— cayó apenas un 1% real, afectado por la modificación en el esquema de anticipos de sociedades que postergó ingresos que en otro esquema hubieran llegado antes. Internos retrocedió un 18% real, mientras que Bienes Personales —un impuesto con historia reciente turbulenta por la reforma incluida en la Ley 27.743 que modificó su estructura— cedió un 14%.
Los únicos rubros con crecimiento real son Combustibles (+9%) y el componente Resto (+37%), aunque su peso en el total es marginal —4% y 1% respectivamente— y no compensan la caída de los grandes impuestos.
El Consenso Fiscal: la compensación que existe pero no alcanza
El informe incluye un anexo sobre los pagos en concepto de Compensación del Consenso Fiscal (Ley 27.429), un mecanismo técnicamente complejo pero fiscalmente relevante para las provincias. La Rioja recibió en los primeros dos meses de 2026 un total de 2.257 millones de pesos en concepto de esta compensación, con un crecimiento del 8% en términos reales respecto al mismo período de 2025, cuando había percibido 1.572 millones.
El crecimiento es positivo pero la magnitud es modesta. En contraste, Salta recibió 33.844 millones —incluyendo 14.000 millones de pagos a cuenta extraordinarios—, con una variación real del 86%; Catamarca percibió 5.724 millones con un salto del 252% interanual por pagos a cuenta de ajustes pendientes; y Tucumán cobró 25.004 millones con un crecimiento del 25%. La distribución de estos pagos extraordinarios revela que la negociación fiscal entre la Nación y las provincias tiene una dimensión discrecional que no siempre responde a criterios objetivos de necesidad presupuestaria.
La Rioja, con el 8% de crecimiento real en esa compensación, está en el rango más bajo entre las provincias que la perciben —junto a Córdoba y Santa Cruz. El mecanismo existe y funciona, pero no está calibrado para compensar la magnitud de la dependencia estructural riojana.
El 86% en perspectiva comparada
Para dimensionar qué significa depender en un 86% de las transferencias nacionales, vale la comparación con los extremos del espectro. Neuquén —una provincia con una base propia de ingresos sólida gracias a las regalías hidrocarburíferas— registra apenas el 15% de dependencia de los recursos nacionales. Buenos Aires, la provincia más populosa y con mayor capacidad tributaria propia, está en el 39%. Córdoba, segunda economía provincial del país, en el 45%. Incluso Chubut, que también tiene regalías petroleras, está en el 34%.
En el otro extremo, junto a La Rioja en la franja de dependencia extrema, se encuentran Santiago del Estero (87%), Formosa (84%), Catamarca (80%) y Chaco (72%). No es casualidad que esas mismas provincias sean las que históricamente han tenido los mayores problemas de sostenibilidad fiscal cuando las transferencias nacionales se contraen: son las más vulnerables a las variaciones en la recaudación federal porque no tienen con qué sustituirla.
La diferencia entre una provincia con el 86% de dependencia y otra con el 15% no es solo cuantitativa. Es una diferencia de modelo: mientras Neuquén puede planificar su presupuesto con cierta autonomía sobre una base de ingresos predecible y vinculada a la actividad económica de su territorio, La Rioja vive pendiente de lo que decida —o de lo que le ocurra— al gobierno nacional. Cada reforma impositiva, cada acuerdo con el FMI, cada variación en la recaudación de IVA o Ganancias tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la caja provincial riojana.
La trampa estructural y sus consecuencias políticas
Esta dependencia extrema tiene implicancias que van más allá de la técnica presupuestaria. Configura una relación de poder asimétrica entre La Rioja y el gobierno nacional que atraviesa toda la dinámica política provincial. El gobernador Quintela puede confrontar discursivamente con la administración de Javier Milei —y lo hace con frecuencia, posicionándose como articulador del peronismo opositor a nivel nacional—, pero esa confrontación tiene un límite físico y financiero muy concreto: la provincia no puede sobrevivir sin los recursos que ese mismo gobierno nacional distribuye cada mes.
Esa tensión explica algunas de las aparentes contradicciones de la política riojana reciente: la postura confrontativa de Quintela en el plano de la coparticipación y los amparos ante la Corte Suprema, combinada con la necesidad práctica de mantener canales de negociación abiertos con la Secretaría de Hacienda para garantizar el flujo de fondos que paga los sueldos del sector público provincial. La beligerancia tiene límites que la dependencia impone.
Lo que los datos no muestran: la opacidad riojana
Un aspecto que el propio informe de la OPC señala, aunque referido a La Pampa como caso extremo, tiene resonancia para La Rioja: la transparencia en la difusión de información completa y actualizada sobre las finanzas públicas es un tema de alta trascendencia. La Rioja no tiene el nivel de opacidad informativa de La Pampa —que no reportó datos en todo 2024 y 2025—, pero la calidad y oportunidad de la información presupuestaria provincial es notoriamente inferior a lo que debería esperarse de una jurisdicción que depende en un 86% de fondos públicos nacionales.
Los riojanos saben —o deberían saber— que cada peso que el Estado provincial gasta proviene en un 86% de la recaudación que pagan contribuyentes de todo el país. Esa realidad impone una responsabilidad de rendición de cuentas que la provincia históricamente no ha estado a la altura de cumplir.
La cuenta que llega puntual
El escenario que dibujan los datos de la OPC para los próximos meses no es alentador. Si la tendencia de caída real del 7% en las transferencias nacionales se sostiene durante 2026 —y los factores estructurales que la explican sugieren que podría mantenerse o agravarse—, La Rioja enfrentará una presión fiscal de creciente intensidad sobre un presupuesto que no tiene colchón propio.
La salida por el lado del gasto implica ajustar salarios del sector público —políticamente costoso para un gobierno que basa su legitimidad en el empleo estatal— o recortar inversión pública —que ya venía reducida. La salida por el lado de los ingresos propios requiere una transformación del modelo productivo que no ocurre en meses ni en años sino en décadas. Y la salida por el endeudamiento tiene límites que el mercado, el gobierno nacional y la historia fiscal de la provincia imponen con dureza.
El 86% no es solo un número estadístico. Es la descripción de una trampa de la que La Rioja no tiene, por el momento, ninguna estrategia creíble de salida.
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). «Recursos de Origen Nacional a Provincias. Acumulado a febrero 2026.» Elaborado en base a DNIAF y DNAP, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía de la Nación. Deflactor: IPC INDEC.
