La Rioja, la única provincia en default, queda al margen del regreso argentino al mercado de deuda

Un informe de Moody’s advierte que las jurisdicciones subnacionales afrontarán vencimientos en dólares por US$2.300 millones este año; mientras Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires colocaron bonos por más de US$2.500 millones desde fines de 2025, la administración de Ricardo Quintela litiga en tribunales de Massachusetts y exhibe uno de los perfiles fiscales más comprometidos del país

La calificadora Moody’s difundió esta semana un informe que proyecta un escenario exigente para las provincias argentinas durante 2026: unos US$2.300 millones en vencimientos de deuda internacional que requerirán, según la agencia, «el acceso a diversas fuentes de financiamiento». El diagnóstico, elaborado sobre datos oficiales procesados por la consultora Politikon Chaco, coloca a La Rioja en una posición singular dentro del mapa subnacional: es el único distrito del país que permanece en default y, por tanto, el único que no puede aprovechar la ventana de colocaciones que se abrió tras la flexibilización de garantías dispuesta por el ministro de Economía, Luis Caputo, a fines del año pasado.

La distancia entre el resto de las provincias y la administración riojana se volvió particularmente visible en los últimos meses. Entre Ríos cerró en febrero una emisión de US$300 millones al 9,55%; antes lo habían hecho Córdoba (US$800 millones al 8,95%), Santa Fe (US$800 millones al 8,10%) y la Ciudad de Buenos Aires (US$600 millones al 7,8%). En todos los casos se trató de operaciones que permitieron refinanciar pasivos, anclar costos y, en algunos distritos, financiar obra pública en un contexto de fuerte caída de las transferencias automáticas. La Rioja, en cambio, continúa con su estructura de deuda internacional congelada desde la cesación de pagos de 2024, sin acceso a los mercados y con litigios abiertos en tribunales del exterior.

Litigios en Massachusetts y la sombra sobre el Parque Eólico Arauco

La situación judicial de la provincia se concentra en los Estados Unidos, donde tenedores de los bonos internacionales impulsan acciones en tribunales del Distrito de Massachusetts y han identificado, como activos alcanzables, al Parque Eólico Arauco y a la participación provincial en el Banco Rioja. La estrategia de los bondholders apunta a perforar el escudo de inmunidad soberana mediante la demostración de actividad comercial de esos activos en jurisdicción estadounidense, un proceso que avanza en paralelo a las gestiones informales que mantiene la cartera económica riojana para encaminar una reestructuración.

Ese frente litigioso agrega una dimensión adicional al aislamiento financiero que describe Moody’s. Mientras las provincias con perfil crediticio en orden exploran refinanciamientos a tasas inferiores al 10%, La Rioja debe resolver primero la regularización del default antes de poder aspirar a cualquier tipo de retorno al mercado voluntario. El informe de la calificadora destaca, en ese sentido, que «la capacidad de sostener el acceso tanto al mercado local como internacional será un factor clave para una adecuada gestión del perfil de deuda, junto con el respaldo de organismos multilaterales». Esa puerta, la de los multilaterales, también permanece parcialmente cerrada para una jurisdicción en cesación de pagos.

Un cuadro fiscal entre los más ajustados del país

El contraste no se limita al plano financiero. De las 17 jurisdicciones que presentaron ejecución completa del ejercicio 2025, solamente cuatro sostuvieron superávit financiero: Córdoba, Formosa, San Juan y Tucumán. El consolidado arrojó un rojo del 2% del producto subnacional agregado. La Rioja, que sí elevó su ejecución, no integra el grupo de distritos con resultado positivo y exhibe un deterioro interanual consistente con los datos estructurales relevados en los últimos meses por el IARAF, el CEPA y la Oficina de Presupuesto del Congreso, que ubican a la provincia entre las de mayor dependencia del giro federal.

Para 2026, Moody’s proyecta márgenes fiscales «ajustados» para el universo provincial, con una recaudación coparticipable que cayó 6,5% interanual real en los primeros meses del año y una recaudación propia golpeada especialmente en Ingresos Brutos. Dentro de ese escenario, la calificadora anticipa que las jurisdicciones más expuestas a hidrocarburos, minería y agricultura liderarán la recuperación, mientras que el resto enfrentará un repunte «más lento y dispar». La Rioja aparece, en esa matriz, en una posición paradójica: sin hidrocarburos, con actividad agrícola acotada y con el proyecto minero Vicuña —que concentra inversiones binacionales de BHP y Lundin sobre el límite con San Juan— atravesado por un conflicto interprovincial sobre el acceso vial y el marco aplicable bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que posterga, en los hechos, la materialización de regalías e ingresos complementarios.

El trasfondo político con la Nación

La asfixia financiera convive con una relación institucional tensa entre el gobernador Ricardo Quintela y la Casa Rosada. Las negociaciones por el adelanto condicionado de coparticipación que conducen, por el lado nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por el riojano, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, avanzan con lentitud y fueron descritas en privado por el entorno del mandatario como «migajas con condiciones». La administración provincial sostiene, a su vez, que sin una solución estructural a la transferencia de fondos nacionales —caída en términos reales por segundo año consecutivo— cualquier plan de normalización de deuda queda supeditado a variables que exceden al Ejecutivo riojano.

En paralelo, Quintela construye su proyección nacional dentro del peronismo de cara a 2027, con el acto del 1° de mayo en Parque Norte como próxima estación política y un rol de articulador transversal entre los distintos sectores del movimiento, en coordinación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Esa dimensión, la política, se cruza inevitablemente con la fiscal: cada gesto de tensión con el gobierno de Javier Milei repercute sobre el margen de negociación técnica que tiene la provincia para gestionar transferencias, adelantos y autorizaciones de refinanciamiento.

Una excepción con resonancia nacional

El informe de Moody’s, pensado como una radiografía del sistema subnacional en conjunto, termina delineando —por contraste— el caso riojano. En una Argentina donde cuatro provincias colocaron deuda en dólares en cuestión de meses, donde los vencimientos por US$2.300 millones se perfilan como un ejercicio complejo pero manejable para la mayoría, y donde los distritos productores de commodities aparecen mejor posicionados para 2026, La Rioja condensa en un solo distrito las tres vulnerabilidades simultáneas que la calificadora considera críticas: cesación de pagos vigente, dependencia estructural de transferencias nacionales y escaso acceso a sectores generadores de divisas. La combinación configura un caso testigo de los límites del federalismo fiscal argentino en la actual etapa, con consecuencias que trascienden los US$320 millones de deuda defaulteada y se proyectan sobre el tablero político nacional que comienza a ordenarse hacia 2027.