La Rioja, la provincia más castigada del país: perdió más de tres millones de pesos por habitante en dos años de ajuste libertario

Un informe del Iaraf revela que la combinación entre el recorte discrecional de transferencias no automáticas y la caída de la coparticipación convirtió al distrito que gobierna Ricardo Quintela en el más perjudicado per cápita de la Argentina; el corte de los giros compensatorios por el punto de coparticipación cedido en los años ochenta explica buena parte del golpe sobre las cuentas riojanas

En el mapa del ajuste fiscal que la administración de Javier Milei ejecutó sobre las provincias desde diciembre de 2023, La Rioja ocupa el primer puesto de un ranking incómodo: es el distrito que más recursos nacionales resignó en términos per cápita en los dos años que lleva la era libertaria. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que conduce el economista Nadin Argañaraz, cada riojano dejó de recibir, entre enero de 2024 y febrero de 2026, el equivalente a $3,08 millones por la caída combinada de las transferencias automáticas y no automáticas que envía el Tesoro nacional. Es la pérdida individual más alta del país, por delante de Tierra del Fuego ($1,98 millones por habitante) y Formosa ($1,77 millones).

La cifra adquiere mayor densidad política cuando se la proyecta sobre el conjunto nacional. Las veintitrés provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejaron de percibir, en conjunto, $36 billones a precios constantes de febrero de 2026 —unos US$18.000 millones al tipo de cambio oficial—, producto de un doble mecanismo de ajuste: el 57% se explica por la poda deliberada de las transferencias no automáticas, la herramienta discrecional que el Ejecutivo nacional maneja sin intermediación legislativa, y el 43% restante, por la contracción de los giros automáticos derivados de la coparticipación, erosionados por ocho meses consecutivos de caída real de la recaudación.

El caso riojano: un castigo de doble filo

La Rioja concentra, en términos absolutos, la tercera mayor pérdida de transferencias no automáticas del país, con $938.000 millones menos que los valores de referencia de 2023, sólo superada por Buenos Aires ($10,56 billones) y Santa Fe ($1,05 billones). Se trata de un volumen desproporcionado para una provincia que, con poco más de 400.000 habitantes, representa apenas el 0,8% de la población nacional.

La explicación del fenómeno tiene raíces históricas. Desde fines de la década del ochenta, La Rioja viene percibiendo giros compensatorios por la cesión de un punto de coparticipación federal que había resignado en el marco de la sanción de la ley 23.548. Esos fondos, que durante cuatro décadas funcionaron como un componente estructural del presupuesto provincial, fueron interrumpidos por la Casa Rosada en los primeros meses de la actual gestión, en el marco de una disputa política y judicial que escaló hasta la Corte Suprema. El corte de esa compensación no sólo desfinanció al Estado provincial: también explica, en gran medida, por qué La Rioja aparece tan arriba en el ranking per cápita de castigo fiscal.

A ese golpe discrecional se sumó la caída de las transferencias automáticas. El informe del Iaraf atribuye el desplome de la recaudación a varios factores combinados: la restitución de los certificados de exclusión del IVA dispuesta en 2025, la reducción de la carga tributaria en Ganancias, la rebaja de las cargas internas y las modificaciones en Bienes Personales. En ese capítulo, La Rioja también figura entre las jurisdicciones más afectadas, con una baja per cápita que supera el promedio nacional.

Un cambio estructural en la relación fiscal

El documento del Iaraf no se limita a cuantificar el ajuste: postula que la Argentina atraviesa “un cambio estructural en la relación fiscal entre Nación y provincias”. La interpretación es doble. Por un lado, la reducción drástica de las transferencias no automáticas evidencia que el Ejecutivo nacional resolvió abandonar esa herramienta como mecanismo ordinario de financiamiento provincial. Por otro, la caída de la recaudación afecta el canal automático, que históricamente funcionó como piso garantizado para las tesorerías provinciales.

La combinación deja a las provincias en un escenario más restrictivo, con menor margen fiscal y la obligación de replantear estrategias de gasto, endeudamiento y generación de recursos propios. La proyección del Iaraf es explícita: sin una recuperación sostenida de la recaudación o un viraje en la política fiscal nacional, difícilmente los niveles de transferencia vuelvan a los valores previos en el corto plazo.

El mensaje que el propio Milei transmitió la semana pasada, al reconocer un primer trimestre “difícil” y pedir “paciencia”, coincide con la línea que la Casa Rosada viene bajando a los gobernadores en reuniones reservadas: habría una mejora recién a partir de mayo. En las veintitrés provincias, sin embargo, el discurso oficial convive con cuentas públicas tensionadas, salarios que pierden frente a la inflación acumulada y obra pública detenida.

Buenos Aires, el epicentro absoluto; La Rioja, el epicentro relativo

La fotografía nacional muestra dos dimensiones distintas del mismo fenómeno. En términos absolutos, Buenos Aires concentra la mayor pérdida acumulada, con $14,1 billones menos, seguida por Santa Fe ($2,53 billones) y Córdoba ($2,11 billones). Más atrás se ubican Mendoza ($1,6 billones), Entre Ríos y Tucumán (ambas en torno a $1,2 billones). En el otro extremo, Chubut exhibe la menor caída del país ($279.000 millones), seguida por Tierra del Fuego ($362.000 millones) y La Pampa ($553.000 millones).

Pero cuando el cálculo se divide por la cantidad de habitantes, el ranking se invierte: La Rioja encabeza el listado de provincias más perjudicadas, con $3,08 millones per cápita, mientras que Chubut ($463.000), Mendoza ($485.000) y Córdoba ($533.000) aparecen entre las menos golpeadas. La distorsión tiene una explicación estructural: los distritos de baja densidad poblacional y alta dependencia de transferencias nacionales —como La Rioja, Tierra del Fuego, Formosa o Catamarca— resultan desproporcionadamente más castigados cuando el Tesoro nacional cierra el grifo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única jurisdicción con resultado positivo en el período analizado. La explicación radica en el cumplimiento por parte de la Nación de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación, lo que compensó la caída en los envíos automáticos.

El frente político

Para La Rioja, el informe del Iaraf aporta munición estadística a la narrativa que el gobernador Ricardo Quintela viene construyendo desde el inicio de la gestión libertaria: la de una provincia sistemáticamente castigada por motivos que combinan la dependencia estructural del Tesoro nacional con una decisión política de la Casa Rosada de disciplinar a los distritos opositores mediante el ajuste discrecional. Esa lectura alimenta la alianza estratégica que el mandatario riojano tejió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof bajo el paraguas de “Federales Somos Todos”, el espacio que intenta ordenar al peronismo en clave federal de cara a 2027.

La tensión no se agota en el plano discursivo. La Rioja mantiene litigios abiertos con la Nación por el reconocimiento de los fondos coparticipables cortados, por la ejecución de obras hídricas, energéticas y de infraestructura comprometidas en gestiones anteriores, y por la suspensión de programas sociales nacionales que impactaron directamente sobre los índices de pobreza provincial, los peores del país en la segunda mitad de 2025.

En un escenario en el que la Casa Rosada sostiene que la disciplina fiscal es condición sine qua non del programa de estabilización, y en el que los gobernadores resisten desde distintas trincheras, los números del Iaraf ofrecen un diagnóstico frío: el ajuste existe, es cuantificable y La Rioja paga, por habitante, la factura más alta del país.