La Rioja ya identificó a los sospechosos de las amenazas de tiroteos en escuelas y una emblemática escuela técnica prohibió las mochilas
El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, confirmó que hubo secuestro de dispositivos e informes técnicos en curso, y que los involucrados —en su mayoría menores— podrían ser sometidos al régimen penal juvenil. En paralelo, la EPET N° 1 de la capital dispuso que durante al menos dos semanas los alumnos ingresen sin mochilas, con sus útiles en bolsas transparentes, mientras la provincia debate cómo responder a un fenómeno que ya alcanzó a cuatro instituciones y que se replica en otros distritos del país.
Las amenazas de tiroteos escolares difundidas en redes sociales irrumpieron la semana pasada en la agenda pública de La Rioja y obligaron al Gobierno provincial a activar un esquema de respuesta que combina la investigación penal, la coordinación interministerial y medidas extraordinarias dentro de los propios establecimientos. El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, confirmó que los posibles autores de los mensajes que alarmaron a la comunidad educativa ya están identificados y que la pesquisa —de carácter complejo por desarrollarse íntegramente en el ciberespacio— incluye secuestro de dispositivos y producción de informes técnicos por parte de especialistas en delitos informáticos.
La aparición del fenómeno en La Rioja se inscribe en un patrón que excede a la provincia: episodios similares vienen registrándose en distintos puntos del país, con Córdoba como el caso más visible, donde las fuerzas de seguridad avanzaron con allanamientos y denuncias penales contra los responsables de publicaciones intimidatorias. El abordaje riojano, en cambio, se mantiene por ahora centrado en la prevención, el trabajo dentro del aula y la articulación con las familias, aunque el Gobierno no descarta avanzar judicialmente si las pruebas técnicas acreditan la comisión de delitos.
Una investigación en el ciberespacio y la eventual intervención de la justicia juvenil
Zárate explicó que la Policía provincial ya trabaja con los dispositivos que fueron secuestrados y que se esperan los informes periciales para determinar con precisión el origen y la autoría de los mensajes. El ministro fue categórico al señalar que, si las conductas encuadran en un tipo penal, serán derivadas a la justicia para evaluar la responsabilidad de los involucrados. En los casos en que los autores resulten menores punibles, serán sometidos al proceso penal juvenil correspondiente.
El funcionario llevó tranquilidad a las familias al precisar que en ninguno de los establecimientos alcanzados por las amenazas se secuestraron armas de fuego ni armas blancas. Según el relevamiento oficial, las publicaciones forman parte de «desafíos» que circulan en grupos cerrados de redes sociales y que, en el último fin de semana, se replicaron en al menos cuatro instituciones educativas de la provincia. Zárate enmarcó el fenómeno en una «subcultura digital» de alcance global, vinculada al consumo de contenidos violentos por parte de adolescentes, y advirtió que se trata de un problema que excluye soluciones exclusivamente policiales.
En ese punto, el ministro puso en primer plano la responsabilidad parental: insistió en que las familias deben supervisar qué consumen sus hijos en internet y sostuvo que la seguridad, en este tipo de casos, requiere un abordaje integral en el que «cada uno, desde el lugar que corresponda —desde los padres hasta la escuela—», asuma la parte que le compete. El planteo se hizo durante la asunción de las nuevas autoridades policiales, encuentro en el que René Molina fue puesto al frente de la Jefatura de la Policía de la Provincia.
La EPET N° 1, sin mochilas y en «modo alerta»
Mientras el Ministerio de Seguridad avanza con la investigación, los establecimientos educativos adoptaron medidas propias para contener la ansiedad de la comunidad. El caso más resonante es el de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1, una de las instituciones emblemáticas de la capital riojana, cuya rectora, María Elena Portales, confirmó que por disposición de la sede de supervisión —y en sintonía con lo resuelto por otras escuelas secundarias— se restringió el ingreso de mochilas al edificio.
La medida regirá durante al menos dos semanas y coloca a la escuela en lo que Portales definió como un «modo alerta». Los alumnos solo podrán concurrir con elementos básicos —carpeta de clases, lapicera, corrector y cuaderno de comunicaciones— transportados en una bolsa transparente o de color que permita visualizar su contenido. Quedan temporalmente fuera del aula calculadoras, computadoras, tableros de dibujo técnico y frascos de vidrio utilizados en los talleres, insumos habituales en una escuela de modalidad técnica. Los estudiantes que se presentaron con mochila el lunes debieron dejarla en la dirección para que fuera retirada por sus padres.
Portales describió un clima de tensión que no se limita a los alumnos: también docentes y personal administrativo atravesaron episodios de pánico y angustia tras la circulación de las amenazas. La rectora defendió la decisión de comunicar la medida a través de los medios, frente a las críticas recibidas en redes sociales, y remarcó que la difusión pública era indispensable para llegar a las familias que residen lejos del establecimiento.
Talleres, reuniones con padres y un debate sobre los límites
En paralelo a las restricciones, la EPET N° 1 organizó un esquema de actividades orientado a abordar el bullying, el uso responsable de las redes sociales y la ciberseguridad. Hay reuniones de padres previstas a las 9 y a las 17, con horarios alternativos para facilitar la asistencia, y capacitaciones durante las jornadas escolares en las que participarán organismos como el CIAPEN y el EOYA.
En un pronunciamiento personal, Portales manifestó su apoyo a la aplicación de límites más rigurosos y de mayor disciplina, una posición que abre el debate dentro de la comunidad educativa sobre hasta dónde debe llegar la respuesta institucional. El contraste con la experiencia cordobesa —donde las autoridades optaron por una vía más punitiva, con intervenciones judiciales y allanamientos— anticipa una discusión que trasciende a La Rioja y que interpela a todo el sistema educativo argentino: cómo equilibrar la protección de las escuelas, la contención de adolescentes atravesados por consumos digitales problemáticos y la garantía del debido proceso frente a conductas que nacen, circulan y se amplifican en plataformas globales.
Por ahora, la apuesta del Gobierno riojano es combinar la investigación penal en curso con un trabajo preventivo dentro de las aulas y un llamado explícito a las familias. Si los informes técnicos confirman la existencia de delitos, la provincia deberá decidir si mantiene ese equilibrio o si sigue el camino más duro que ya adoptaron otras jurisdicciones.