La Rioja se bajó del primer censo nacional de personas en situación de calle y quedó en un grupo de cinco provincias peronistas fuera del relevamiento
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó este martes los resultados del primer censo federal sobre población en situación de calle. Contabilizó 9.421 personas en todo el país, pero sin los datos de La Rioja, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Formosa, que decidieron no participar. El 83% de los censados son varones, el 32% acumula más de dos años en la calle y solo el 42% de quienes tienen alguna discapacidad cuenta con el Certificado Único (CUD).
El Ministerio de Capital Humano dio a conocer este lunes los resultados del primer censo nacional de personas en situación de calle, un operativo inédito que permitió contar y caracterizar a esa población en todo el país bajo una misma metodología. La cifra total alcanzó a 9.421 personas, pero el relevamiento nació con una limitación territorial significativa: cinco provincias decidieron no participar del estudio, y La Rioja figura entre ellas, junto a Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Formosa. Se trata de cinco distritos gobernados por el peronismo, que por distintas razones quedaron fuera del conteo oficial, lo que deja un número nacional necesariamente parcial.
El dato es políticamente relevante. Buenos Aires es la jurisdicción más poblada del país y registró, según el INDEC, más del 6% de indigencia en 2025. La Rioja, por su parte, fue en el segundo semestre de ese mismo año la provincia con peores indicadores de pobreza del país, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC procesados por el IERAL. Si estas jurisdicciones hubieran sido relevadas, el universo nacional de personas en situación de calle habría sido sustancialmente mayor.
Qué dice el censo: perfil de una población invisibilizada
Los resultados difundidos por la cartera que conduce Sandra Pettovello configuran el primer retrato estadístico oficial de esta población. De los 9.421 censados, el 83% son hombres y el 17% mujeres. El 92% supera los 18 años y el 6% se encuentra por debajo de esa edad, una proporción menor pero preocupante de niños y adolescentes viviendo en la calle o en dispositivos transitorios de alojamiento.
El operativo se desarrolló en dos ámbitos complementarios: espacios públicos —calles, plazas, zonas céntricas y periféricas— y dispositivos de alojamiento institucional —refugios, paradores y centros transitorios dependientes de gobiernos nacionales, provinciales y municipales—. El 84% de las personas censadas aceptó responder un cuestionario ampliado sobre condiciones educativas, laborales y de vida, lo que permitió reunir información cualitativa sobre 7.894 personas.
Educación trunca, trabajo precario y transferencias sociales
Los datos sociodemográficos perfilan una historia de exclusión estructural. El 52% de los encuestados tiene primaria completa pero secundario incompleto, un indicador que confirma la fuerte correlación entre el abandono escolar temprano y las trayectorias de calle. El 53% realiza algún tipo de actividad laboral —mayoritariamente informal, precaria o changas puntuales— y el 56% percibe algún tipo de transferencia social del Estado nacional, provincial o municipal.
El 30% cuenta con ingresos previsionales —jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, pensiones por invalidez—, una cifra que obliga a mirar con atención el fenómeno del envejecimiento entre quienes viven en la calle, y un 8% percibe otro tipo de ingresos. Además, el 32% de los encuestados lleva más de dos años en situación de calle, lo que evidencia la persistencia y la dificultad estructural del fenómeno, y el 90% posee DNI, un dato relevante porque rompe la asociación automática entre personas en situación de calle y la falta de documentación.
Comedores, refugios y calle: cómo pasan el día
El relevamiento también describió las rutinas cotidianas de esta población. El 44% asiste a comedores para acceder a alimentos —una red en la que se combinan organizaciones sociales, parroquias, comunidades religiosas y programas estatales—, el 46% pasa la noche en refugios o paradores transitorios dispuestos por gobiernos nacionales, provinciales o municipales, y el 40% duerme directamente en la vía pública.
Uno de los datos más duros del censo se refiere a la cuestión de la discapacidad. El 15% de las personas en situación de calle tiene algún tipo de discapacidad, pero solo el 42% de ese subgrupo cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el documento que habilita el acceso a prestaciones específicas y cobertura integral del sistema de salud. En los hechos, más de la mitad de quienes conviven con alguna discapacidad en la calle están quedando por fuera de los derechos asistenciales que la legislación argentina les reconoce.
El informe de Capital Humano menciona, además, que el fenómeno se apoya sobre un combo de factores estructurales: vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático. Desde el Ministerio resumieron la intención política del operativo en una consigna: «Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia».
La foto por distrito: CABA concentra más de la mitad del total
La distribución geográfica de los casos confirma la concentración del fenómeno en los grandes centros urbanos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza con 5.176 personas, más de la mitad del total nacional censado. Le siguen Santa Fe (1.328), Córdoba (588), Mendoza (421), Neuquén (401) y Entre Ríos (364). Luego aparecen Salta (221), Tucumán (159), Río Negro (149), Chaco (121), San Juan (95), Misiones (81), San Luis (68), Corrientes (63), Jujuy (55), Chubut (49), Santa Cruz (41), Catamarca (25) y La Pampa (16).
En las provincias del Norte Grande los números relevados son más bajos, aunque tampoco abarcan al universo completo: el Chaco —que aparece con 121 casos— y Formosa —que quedó fuera del relevamiento— son dos jurisdicciones con elevados indicadores de pobreza estructural cuya realidad social no necesariamente se refleja en un conteo puntual, por la propia dinámica del fenómeno en territorios de mayor ruralidad.
¿Por qué La Rioja decidió no participar?
La decisión de La Rioja de no adherir al censo se inscribe en la tensión permanente que atraviesa, desde diciembre de 2023, la relación entre el Gobierno nacional de Javier Milei y las administraciones peronistas del interior argentino. La provincia gobernada por Ricardo Quintela ha cuestionado en reiteradas ocasiones las políticas de Capital Humano y el desmonte de programas como Potenciar Trabajo, Acompañar y distintas líneas de asistencia alimentaria, a los que atribuyó el deterioro de la red de contención social en el territorio provincial.
A eso se suma un dato que en el caso riojano no puede soslayarse: La Rioja encabezó en el segundo semestre de 2025 el ranking nacional de pobreza, según los datos del INDEC y las mediciones alternativas del IERAL. La no adhesión al relevamiento deja, por lo tanto, un espacio de discusión abierto: si la provincia entiende que la metodología de Nación no permitía captar la complejidad del fenómeno, o si la negativa se inscribe en una lógica de desencuentro político más amplia que atraviesa a las jurisdicciones peronistas frente al esquema de gestión libertario.
Una radiografía incompleta para un problema federal
El resultado final es una foto nacional importante, pero parcial. Argentina tiene hoy, por primera vez, una radiografía oficial del fenómeno de personas en situación de calle, con metodología unificada y publicación de microdatos. Pero ese retrato omite a cinco jurisdicciones, entre las que se cuentan la provincia más poblada del país —Buenos Aires— y una de las más castigadas por la pobreza estructural —La Rioja—.
Para el debate público argentino, el dato queda planteado con dos lecturas en tensión. Por un lado, el avance que significa contar con estadísticas oficiales que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Por el otro, la constatación de que la fractura política federal también atraviesa —y limita— el diagnóstico social. En el medio, una población de al menos 9.421 personas —más las que no fueron contadas— que sigue durmiendo en la vía pública, dependiendo de los comedores y, en buena parte, manteniendo vínculos con un Estado que los reconoce en el DNI pero que no logra sacarlos de la calle.