La Rioja, en la zona amarilla del mapa nacional de vacunación contra la tos convulsa
Un informe del IDESA elaborado sobre el Boletín Epidemiológico Nacional ubica a la provincia con un 74% de cobertura completa en menores de 2 años: por encima del promedio país, pero por debajo del 90% que define la cobertura universal. Los casos en el país crecieron 147% interanual y el sistema de control de la AUH suma un capítulo de inoperancia.
La Rioja figura en la franja intermedia del mapa nacional de vacunación contra la tos convulsa, según el último informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), construido a partir del Boletín Epidemiológico Nacional Nº 299. La provincia exhibe una cobertura completa del 74% en niños menores de 2 años, un valor que supera el promedio nacional —fijado en el 68%— pero que queda lejos del 90% considerado umbral de protección universal.
El dato se filtra en un cuadro epidemiológico tenso. Desde 2025, el país atraviesa un rebrote de tos convulsa —enfermedad prevenible con vacunación oportuna— que en las primeras nueve semanas de 2026 mostró un salto del 147%: de 87 casos en igual período de 2025 a 215 en lo que va de este año. La mitad de los afectados son lactantes menores de 2 años; un tercio adicional, niños de entre 3 y 14. Una distribución que el IDESA interpreta como evidencia de que las fallas en la cobertura no son un fenómeno reciente.
El mapa nacional ordena a las jurisdicciones en tres pelotones. Cuatro provincias superan el 90% (La Pampa, San Luis, Jujuy y Tierra del Fuego, esta última con valores incluso superiores al 100% por ajustes poblacionales). Trece se ubican entre el 70% y el 90%: allí está La Rioja, junto con Santa Fe, Chaco, San Juan, Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, Mendoza, Salta y Neuquén. Y siete quedan por debajo del 70%, encabezadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (40%), Formosa (54%), Buenos Aires y Misiones (61%) y Corrientes (62%).
La Rioja se sitúa, así, en la mitad inferior del listado: por encima de varias provincias del NEA y del propio distrito porteño, pero detrás de jurisdicciones como Salta, Tucumán o Mendoza. Para una provincia chica, con un sistema sanitario que históricamente alcanzó niveles de cobertura más altos, el 74% es la fotografía de una brecha que se está agrandando.
La respuesta a por qué ocurre, según el informe, hay que buscarla en la arquitectura institucional. La Constitución Nacional no delegó la promoción y la prevención de la salud al Estado nacional; las constituciones provinciales sí incorporan expresamente esa función. Sin embargo, en 2019 la Ley 27.491 obligó al Ministerio de Salud de la Nación a comprar y distribuir vacunas a las provincias, sin liberar a estas últimas de su responsabilidad de aplicarlas. El resultado: dos responsables para una misma tarea.
A esa superposición se le suma un mecanismo de control de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que el documento describe como rústico y atrasado. El 80% del beneficio se cobra de manera automática; el 20% restante depende de la presentación de la «Libreta de la Seguridad Social», un formulario en papel que las familias deben completar en escuelas y hospitales para entregar después en la ANSES. Millones de trámites se procesan cada año con una calidad de datos baja, como lo prueba la alta proporción de niños sin completar el esquema.
La Rioja convive con esa burocracia como cualquier otra provincia. Con una población infantil que depende mayoritariamente de la red sanitaria pública, la combinación entre un sistema de control obsoleto y una distribución difusa de responsabilidades se traduce, en el llano, en chicos con calendarios incompletos y en una vulnerabilidad concreta frente al brote.
El informe agrega una cifra que funciona como diagnóstico: en 20 provincias, donde vive más del 90% de los niños menores de 4 años, la cobertura de vacunación está por debajo del nivel universal. La Rioja integra ese pelotón. Y la dispersión geográfica de los fracasos —tanto en jurisdicciones del norte como en la más próspera del país— sugiere que el problema no se explica por el nivel de desarrollo de cada provincia sino por la gestión.
El factor riojano. Para una administración como la de Ricardo Quintela, donde el Ministerio provincial de Salud sostiene buena parte de los partos y los controles pediátricos del primer año de vida, el 74% es una alarma temprana. Implica que aproximadamente uno de cada cuatro niños menores de 2 años no completó el esquema básico contra la tos convulsa, una enfermedad que en su forma grave compromete la vida del lactante. La cifra dialoga, además, con un Estado provincial cuya caja viene erosionada por la inflación y por el conflicto con el Gobierno nacional, en un momento en que el sistema sanitario necesita inversión sostenida y no recortes.
La recomendación que cierra el informe del IDESA podría leerse como una consigna de acción para administraciones provinciales como la riojana: en un régimen federal, las provincias deberían ser las únicas responsables de comprar y aplicar las vacunas, mientras que la Nación se limitaría a medir resultados. Toda otra arquitectura, plantea el documento, termina dilapidando fondos públicos sin resolver las necesidades sanitarias de la población. En La Rioja, esas necesidades se miden hoy a dieciséis puntos del umbral.