Pérez sostuvo que la magistrada de la Justicia Civil y de Minas de La Rioja emitió una resolución que coincide con la tesis del gobernador: los límites interprovinciales fueron «falseados en una acordada de gobernadores de facto» en 1968 y deben rectificarse en el Senado de la Nación. Apoyó «con mucha fuerza» la jugada legislativa y le pidió a Vicuña Corp. que «cese el ataque a los riojanos» y presente la Evaluación de Impacto Ambiental. Desde San Juan, el diputado nacional Carlos Jaime, del bloque de Marcelo Orrego, calificó el reclamo como «una cuestión política» sin «asidero y futuro» y disparó: «Qué se puede esperar de un gobernador kirchnerista de una provincia que hace años no se desarrolla».

El conflicto por el proyecto Vicuña sumó este martes dos nuevas voces que, desde veredas opuestas, recalentaron el debate político y jurídico entre La Rioja y San Juan. Por el lado riojano, el ministro de Producción Ernesto Pérez salió a respaldar de manera enfática el planteo del gobernador Ricardo Quintela sobre la soberanía territorial del área donde se asienta el yacimiento Josemaría y, además, aportó un dato jurídico decisivo: sostuvo que la jueza Ana Carolina Curtis, integrante de la Justicia Civil y de Minas de La Rioja, ya emitió una resolución que coincide con la tesis del Gobierno provincial. Por el lado sanjuanino, el diputado nacional Carlos Jaime —del bloque vinculado al gobernador Marcelo Orrego— calificó el reclamo riojano como «una cuestión política» sin «asidero y futuro» y dirigió un duro mensaje contra Quintela.

Las dos intervenciones se conocieron pocas horas después de que el propio gobernador Orrego asegurara, en rueda de prensa, que el planteo riojano «no tiene sustento jurídico» y «no va a prosperar», y se inscriben en una secuencia política y mediática cada vez más densa, que ya involucra a tres voces oficiales sanjuaninas (el gobernador Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y el ministro de Producción cuyano Gustavo Fernández), una asamblea vecinal en Guandacol, al intendente de Villa Unión Hugo Páez, al Gobierno provincial de Quintela en pleno, a la jueza María Greta Decker de Chilecito y, ahora, a un diputado nacional sanjuanino que llevó el conflicto al plano del debate parlamentario.

«Apoyamos con mucha fuerza la acción en el Senado»

Pérez manifestó el respaldo institucional de su cartera a la jugada que el gobernador anticipó esta semana en Buenos Aires: la presentación ante el Senado de la Nación para que el Congreso revise los acuerdos territoriales suscriptos en 1968, durante la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. La Constitución Nacional asigna al Congreso, en su artículo 75 inciso 15, la facultad de «fijar los límites del territorio de la Nación, los de las provincias», lo que ofrece el sustento normativo concreto para el camino institucional que Quintela propone.

«Los límites fueron falseados en una acordada de gobernadores de facto», planteó el ministro, en referencia a los convenios que en 1968 modificaron de hecho el trazado fronterizo entre La Rioja y San Juan en la zona cordillerana, sin la intervención de los Poderes Legislativos provinciales ni de los mecanismos institucionales propios del régimen democrático. La argumentación apunta a que ningún acto administrativo emitido por un gobernador interventor durante un régimen de facto puede generar consecuencias jurídicas válidas y permanentes sobre la soberanía territorial de las provincias. La doctrina, lejos de ser nueva, recoge una línea de pensamiento que distintos juristas sostienen desde hace años en relación con los actos del Estado durante los gobiernos militares argentinos.

El antecedente Curtis: un fallo en los archivos de la Justicia riojana

El dato más novedoso de la intervención del ministro fue la mención del fallo de la jueza Ana Carolina Curtis, que, según indicó Pérez, sostiene la misma tesis que ahora reivindica el Gobierno provincial. La existencia de jurisprudencia provincial previa modifica de manera significativa el cuadro técnico del conflicto. En primer lugar, desactiva el argumento sanjuanino que califica al planteo riojano como una novedad oportunista o una maniobra estrictamente política sin sustento jurídico. La existencia de un fallo previo muestra que la cuestión territorial ya fue examinada por los tribunales locales y que existe un encuadre jurídico considerado sostenible.

En segundo lugar, le agrega al planteo del gobernador un anclaje técnico que complica la lectura cuyana sobre la «falta de sustento jurídico» de la postura riojana. El antecedente Curtis ofrece un punto de apoyo jurisprudencial concreto sobre el cual construir la argumentación que eventualmente se llevará al Congreso nacional o, llegado el caso, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de una controversia interprovincial. Y en tercer lugar, introduce un elemento de continuidad institucional: la postura provincial sobre los límites no es la ocurrencia de una administración determinada, sino una posición que el Estado riojano viene sosteniendo en distintos momentos y a través de distintos órganos.

Reclamo directo a Vicuña: «Cese el ataque a los riojanos»

El segundo eje de la intervención del ministro fue el reclamo directo a Vicuña Corp., la sociedad conjunta integrada por Lundin Mining y BHP. Pérez le pidió a la firma que «cese el ataque a los riojanos» y que se digne a presentar los estudios de impacto ambiental pendientes, al tiempo que demandó «generar condiciones de dignidad para los lugareños de la cordillera riojana». La fórmula es políticamente significativa: al hablar de «ataque a los riojanos», el ministro personaliza la responsabilidad de la empresa y la coloca como contraparte directa de los habitantes del oeste provincial, especialmente de Guandacol y Villa Unión.

El planteo se alinea, paradójicamente, con la observación que ya había formulado el ministro de Producción sanjuanino Gustavo Fernández —quien admitió que la demora en la construcción de un camino alternativo íntegramente en territorio sanjuanino «es una responsabilidad de la empresa»— y con la crítica del intendente Hugo Páez, que denunció la falta de instancias formales de diálogo entre la operadora y la comunidad riojana, incluida la falta de planificación del bypass que evitaría el tránsito pesado por Guandacol. Tres voces, desde tres ángulos políticos distintos, coinciden en señalar a la empresa como una de las responsables del cuadro actual.

La réplica de Carlos Jaime: «Es una cuestión política»

Mientras Pérez fortalecía la posición provincial desde el Ejecutivo riojano, el diputado nacional sanjuanino Carlos Jaime, integrante del bloque Producción y Trabajo alineado con el gobernador Orrego, salió al cruce del planteo de Quintela en declaraciones telefónicas a Diario 13. El legislador fue tajante: el reclamo riojano «no tiene sustento jurídico» y debe entenderse, fundamentalmente, como «una cuestión política».

«Qué se puede esperar de un gobernador kirchnerista de una provincia que hace años que no se desarrolla», disparó Jaime, en una intervención que llevó la discusión a un plano abiertamente confrontativo y conectó el conflicto territorial con un balance político adverso de la gestión del Gobierno de Quintela. Para el diputado, el planteo del mandatario riojano carece de «asidero y futuro» y se enmarca en una «maniobra mediática» que busca tensionar la relación entre las provincias vecinas por un territorio que, en su lectura, «es patrimonio de San Juan».

La intervención de Jaime, por su rol y por su tono, escala el conflicto a la arena legislativa nacional. Hasta el momento, los pronunciamientos sanjuaninos habían provenido del Poder Ejecutivo provincial. La irrupción de un diputado nacional —con bancada en el Congreso— anticipa que el debate puede empezar a procesarse también en el ámbito parlamentario federal, justo cuando Quintela proyecta canalizar su reclamo hacia el Senado.

Coparticipación y desarrollo: el argumento de fondo del legislador sanjuanino

El segundo eje del planteo de Jaime apuntó al campo económico, en línea con los argumentos que ya había desplegado el vicegobernador Martín días atrás. «No entienden que esas grandes empresas multinacionales que van a trabajar en San Juan van a tributar en la Argentina y que muchos de esos tributos luego son coparticipables», explicó el diputado, subrayando que los beneficios económicos de la explotación turística y minera local se distribuyen entre todas las provincias según el régimen vigente, y que por ende La Rioja también se vería beneficiada.

El argumento es el mismo que viene sosteniendo, desde el inicio del conflicto, el frente oficial sanjuanino: el desarrollo del proyecto bajo el paraguas del RIGI generará tributos coparticipables que fluirán hacia el conjunto de las provincias argentinas, en proporciones definidas por la Ley de Coparticipación. La respuesta riojana, que no llegó por boca de Jaime pero que se infiere de los pronunciamientos de Quintela y Pérez, es de doble registro: no se discute únicamente la distribución de los futuros dividendos, sino los impactos presentes —ambientales, viales, sociales— que recaen sobre el territorio riojano, y la titularidad territorial misma del área donde se ejecuta el proyecto.

Freno judicial: el camino bloqueado y la logística sanjuanina alternativa

El cuadro político se desarrolla sobre un escenario operativo cada vez más complejo. La medida judicial dictada por la jueza María Greta Decker sigue vigente y ordenó la suspensión por 30 días de las actividades del proyecto Vicuña y el bloqueo del acceso por la Ruta 506 —el camino de Guandacol—. La presentación de la Fiscalía de Estado riojana exigió, como condición de fondo, que la empresa presente una Declaración de Impacto Ambiental integral del proyecto, a pesar de que Vicuña Corp. sostiene que, al desarrollarse el yacimiento en suelo sanjuanino, la autoridad ambiental competente es exclusivamente el Estado de San Juan.

Frente al bloqueo del camino clave para el abastecimiento de combustible y el movimiento de proveedores, la operadora minera evalúa desviar su logística hacia rutas alternativas íntegramente sanjuaninas, particularmente la Ruta Provincial 430 que pasa por las localidades de Rodeo y Malimán, en el norte del departamento Iglesia. La opción tiene costos operativos significativos —mayor distancia, peor estado de la traza, condiciones invernales más duras—, pero le permitiría a la empresa sortear el conflicto territorial mientras el debate institucional continúa. El conflicto, en términos prácticos, escala en un momento particularmente sensible: la firma está adherida al RIGI y anunció una inversión multimillonaria que necesita previsibilidad operativa para concretarse en los plazos comprometidos.

El interrogante judicial sanjuanino y la próxima estación del conflicto

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno de San Juan avance con acciones judiciales contra la medida riojana, Jaime prefirió la cautela. «Habrá que esperar, no sabría decir si se tomarán cartas en el asunto», aclaró, dejando explícito que sus críticas responden a un análisis personal tras escuchar las declaraciones de Quintela en medios nacionales, las cuales consideró «un ataque directo a los recursos y la seguridad jurídica de San Juan».

La cautela del diputado refleja la posición que el propio Orrego viene sosteniendo. El gobernador sanjuanino ya había anticipado que considera «extremo» llevar el conflicto a la Corte Suprema y prefiere esperar el desarrollo del expediente en sede riojana, confiado en que la medida «no va a prosperar». El cuadro es paradójico: mientras el Ejecutivo sanjuanino mantiene la prudencia formal, dirigentes legislativos de su propio espectro político suben el tono y el conflicto sigue ganando densidad pública.

Cuatro planos riojanos, tres voces sanjuaninas y un diputado en escena

Con las intervenciones de este martes, el mapa político del conflicto Vicuña queda configurado con una densidad inédita. Del lado riojano, La Rioja despliega cuatro planos simultáneos: el político del gobernador Quintela, el jurídico de la Fiscalía de Estado y los tribunales provinciales —ahora con el antecedente del fallo Curtis—, el técnico-institucional del Ministerio de Producción a cargo de Pérez y el legislativo del Senado de la Nación que se aspira a activar. Del lado sanjuanino, las voces oficiales del Ejecutivo provincial —Orrego, Martín y Fernández— se complementan ahora con la palabra del diputado Jaime en el plano parlamentario.

En el medio, la jueza Decker sostiene la medida judicial, la asamblea de Guandacol mantiene el estado de alerta, el intendente Páez insiste en su crítica al funcionamiento institucional y la empresa Vicuña Corp. evalúa rutas alternativas. La pregunta de fondo —¿se trata solamente de un diferendo por un camino o por una titularidad territorial?— sigue sin respuesta clara. Lo único que está claro es que la pulseada, lejos de cerrarse, recién está comenzando a desplegar todo su alcance institucional, jurídico y político. Y que la próxima estación del conflicto, muy probablemente, sea el Congreso de la Nación.