La fuga silenciosa de EDELAR: tres salas de Video Drome migran al mercado mayorista en medio del pulso Quintela–Milei por la luz
El Boletín Oficial publicó la solicitud de Video Drome S.A. para incorporar tres de sus establecimientos —dos en la capital riojana y uno en Chilecito— como Grandes Usuarios Menores del Mercado Eléctrico Mayorista a partir del 1 de mayo de 2026. La salida llega cuando EDELAR, presidida por Jerónimo Quintela, hijo del gobernador, mantiene un conflicto abierto con CAMMESA que ya escaló hasta la Corte Suprema. Detrás del trámite administrativo se asoma algo más incómodo: la erosión silenciosa de la cartera más rentable de la distribuidora provincial.
Lo que dice el Boletín Oficial
En su edición del 21 de abril, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó el listado de empresas que pidieron ser reconocidas como agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La Subsecretaría de Energía Eléctrica, a cargo de la tramitación bajo el expediente EX-2026-38632082-APN-DGDA#MEC, otorgó el habitual plazo de dos días hábiles para que terceros presentaran objeciones.
Entre las solicitudes figuran tres establecimientos de Video Drome Sociedad Anónima —razón social que opera salas de casino en la provincia— bajo la categoría de Grandes Usuarios Menores (GUMEs): Bulevard Pelagio Luna 555 y Bulevard 25 de Mayo 70 en la ciudad de La Rioja, y 15 de Febrero 360 en Chilecito. Los tres figuran hoy como clientes de EDELAR, y los tres pidieron dejar de serlo. El comunicado lleva la firma del director nacional Marcelo Daniel Positino.
Qué cambia cuando una empresa se vuelve GUME
La figura del Gran Usuario Menor fue establecida hace tres décadas en la Resolución 334/94 y comprende a clientes con potencias contratadas de entre 100 kW y 2 MW. Lo que define al GUME no es su volumen —existen industrias mucho más grandes— sino un permiso regulatorio: la posibilidad de comprarle la energía eléctrica directamente a CAMMESA, en el mercado mayorista, en lugar de adquirírsela a la distribuidora provincial. EDELAR conserva, en estos casos, una función más limitada: presta la llamada Función Técnica de Transporte, es decir, cobra peaje por el uso de sus redes físicas, pero ya no vende el kilovatio-hora.
La diferencia económica es sustantiva. Desde la Resolución 976/23, la Secretaría de Energía eliminó los subsidios que los Grandes Usuarios de Distribuidora (GUDIs) recibían implícitamente vía la tarifa que cobraban sus distribuidoras. Con esa igualación de precios, la migración al MEM dejó de ser una opción marginal para convertirse en una decisión financiera racional para cualquier usuario comercial o industrial que supere los 100 kW. En la jerga del sector, el fenómeno ya tiene nombre: la «desGUDIización» del sistema.
Tres salas de casino en La Rioja, de golpe, son una pieza más de ese rompecabezas nacional.
El contexto que el trámite no menciona
El expediente de Video Drome es, por su forma, puramente administrativo. Por su momento, es otra cosa.
La solicitud llega cuando EDELAR está en el centro del conflicto energético más tenso entre una provincia y el gobierno nacional. A mediados de 2025, el gobernador Ricardo Quintela firmó el Decreto 370 instruyendo a la distribuidora a desconocer el Precio Estacional de la Energía (PEST) fijado por la Secretaría de Energía conducida por el Ministerio de Economía, y el Ente Único de Control de Servicios Públicos provincial acompañó con la Resolución 133. Traducido: EDELAR dejó de pagarle a CAMMESA los valores de la energía que compra al sistema interconectado nacional, alegando que esos valores eran insostenibles para los usuarios riojanos.
La respuesta llegó desde arriba. CAMMESA presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ordenarle a la provincia que cumpla con los pagos, alegando que el desacato rompe la cadena de cobros del sistema eléctrico argentino y obliga al Tesoro a asistir financieramente para mantener el abastecimiento. El conflicto no tiene fallo todavía, pero en los hechos coloca a EDELAR —y por elevación al gobernador— en una posición singular: enfrentada a la vez con el regulador nacional, con el operador del despacho y con la política tarifaria del ministro Luis Caputo.
Y, no menor: la distribuidora riojana está presidida, desde diciembre de 2019, por el ingeniero Jerónimo Quintela, hijo del gobernador y figura central en la arquitectura familiar del poder riojano.
La paradoja local
Ahí es donde el trámite de Video Drome deja de ser una nota administrativa y se vuelve política.
El Ejecutivo provincial ha construido su pulso con Nación alrededor de un relato: que EDELAR no puede trasladar los aumentos porque ahogarían a los usuarios riojanos, y que por eso es legítimo —o al menos defendible— no pagarle a CAMMESA. El argumento se dirige al costado residencial del padrón, que es políticamente sensible. Pero del otro lado del mostrador, los usuarios más rentables de EDELAR —los comerciales e industriales con potencia suficiente para migrar— no necesitan esperar al fallo de la Corte. La ventana regulatoria abierta por el ajuste nacional les permite hacer, en silencio, lo que la provincia no está dispuesta a hacer: reconocer el precio del MEM y pagarlo.
El resultado es un efecto tijera. Mientras Quintela defiende la caja de EDELAR en el plano retórico frente a Milei, la caja se erosiona por abajo a medida que los grandes consumidores privados ejercen el derecho que la ley les concede. Cada GUME que se va se lleva consigo no solo un cliente, sino el margen más jugoso del negocio de la distribuidora: el recargo sobre la compra mayorista que sostenía buena parte del negocio histórico.
Quién es Video Drome y por qué importa
Video Drome S.A. opera salas de juego —casinos con tragamonedas— en la provincia. Su nombre figura en registros públicos ligados a construcción y habilitación de sala desde, al menos, 2009 en Chilecito. Las salas de casino, con iluminación intensiva, climatización constante y parque masivo de máquinas electrónicas funcionando sin pausa, son consumidoras industriales disfrazadas de entretenimiento: su factura eléctrica justifica, en general, la inversión administrativa y de medición que requiere ingresar al MEM.
Que tres de sus establecimientos se muevan simultáneamente sugiere una decisión corporativa, no un cálculo punto a punto. Y sugiere, sobre todo, que la lectura interna de la firma sobre la estabilidad de la relación tarifaria con EDELAR es —al menos— desconfiada.
Lo que mira el sector
El caso Video Drome no es el primero. Otros establecimientos riojanos ya se incorporaron al MEM en los últimos años; la empresa Yovilar, en Aimogasta, es un antecedente emblemático. Pero el aluvión que empieza a verse desde 2024 —acompasando los cambios regulatorios nacionales— tiene otra densidad: es masivo, generalizado y coincide con un contexto tarifario que vuelve la migración financieramente obvia.
Para EDELAR, el costo no se mide solo en clientes perdidos. Se mide en la reconfiguración de su cartera: menos usuarios con poder de compra, más usuarios residenciales subsidiados, y una ecuación financiera cada vez más dependiente del esquema que el propio gobierno provincial denuncia.
La Rioja volvió a contar, en pequeño, lo que le pasa a un tramo central del sistema eléctrico argentino: los actores privados con herramientas para optar, optan. Y las distribuidoras provinciales, escudadas en la defensa del usuario residencial, pierden —una resolución del Boletín Oficial por vez— a los clientes que financiaban el sistema.
El próximo 1 de mayo, si no prosperan oposiciones, tres salas de Video Drome dejarán de estar entre esos clientes.
La resolución