PASO al Senado: la reforma electoral que vuelve a quebrar al peronismo
El proyecto del Gobierno divide a la principal fuerza opositora entre gobernadores pro eliminación y el kirchnerismo duro. Quintela rechaza la medida, mientras negocian los 37 votos necesarios en una cámara donde faltan senadores peronistas en comisiones.
La reforma electoral que el Gobierno busca aprobar en 2025 para aplicar en 2027 no es solo una disputa entre oficialismo y oposición. Es, una vez más, una bomba arrojada dentro del peronismo. El proyecto ingresó al Senado con tres frentes abiertos: la eliminación de las PASO, la ficha limpia y una reforma radical del financiamiento de partidos. Para los K duros, la jugada es transparente. Sin primarias obligatorias, el oficialismo no necesita hacer campaña interna; la oposición sí. Es una asimetría pensada con precisión quirúrgica. Cristina Kirchner ya lo expresó en su círculo íntimo: rechazo categórico.
Pero no todos en el peronismo piensan igual. Hay gobernadores que ven en la eliminación de las PASO una oportunidad política, no una trampa. Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba) ya se pronunciaron a favor de voltear las primarias. Osvaldo Jaldo (Tucumán) anunció que la conducción provincial definirá posición, aunque con el condicionamiento de que la carta orgánica del PJ tiene elecciones internas como alternativa. Cada uno tiene sus senadores: Melella cuenta con Cristina López; Jalil con Guillermo Andrada; Llaryora con Alejandra Vigo. Son votos que podrían sumarse.
En cambio, Quintela (La Rioja), Insfrán (Formosa), Kicillof (Buenos Aires) y Ziliotto (La Pampa) están firmemente alineados con el rechazo. Quintela, en particular, se mantiene en línea con el kirchnerismo. Es una posición política que tiene lógica: La Rioja es gobernada por el peronismo, y las PASO son una herramienta que las provincias más débiles pueden usar para construir poder. Sin primarias, el poder se concentra aún más. Los gobernadores que más necesitan visibilidad interna son exactamente los que pierden con esta reforma.
Hay además un sector de «senadores sin tierra», desalineados de gobernadores, que están en contra de las PASO. El sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Fernando Salino apoyan volver al viejo sistema de internas partidarias. Y luego está el caso de Gustavo Sáenz (Salta), que ve mal diseñadas las PASO pero está abierto a una primaria optativa. Su senadora, Flavia Royón, podría negociar una alternativa intermedia. También buscan lo mismo en el PRO y sectores del radicalismo.
Cristina Kirchner convocará una reunión de los K duros la próxima semana para contener al bloque. El problema es que no todos los senadores responden automáticamente a las órdenes de la expresidenta. La senadora Carolina Moisés, alineada con Sáenz, evaluará qué posición tomar. Los gobernadores tienen poder de fuego. Flavia Royón también es una incógnita. El oficialismo la cuenta entre las legisladoras a convencer. Se necesitan 37 votos para una reforma electoral. El cálculo es aceitoso, con márgenes estrechos.
El detalle institucional que debilita al peronismo. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, que deben dictaminar el proyecto, están comandadas por los libertarios Agustín Coto y Agustín Monteverde. El bloque Justicialista encabezado por José Mayans ni siquiera tiene representación en esas comisiones —es una protesta por cómo se repartieron las sillas—. Es decir, los peronistas debaten una reforma electoral sin estar en la mesa donde se debate. Es un símbolo perfecto de la debilidad opositora.
Hay además un punto que molesta en toda la coalición opositora. El costo de las PASO es elevado: unos US$ 200 millones. El Gobierno dice que es dinero que no puede gastarse. Pero los peronistas ven algo más preocupante en el paquete integral: la ficha limpia elimina candidatos condenados (¿para quién es eso una amenaza?), y la reforma de financiamiento «destruye a los partidos pequeños y medianos», según advierten desde el bloque. Si el Gobierno no negocia esos puntos, el proyecto muere en la votación.
La situación de La Rioja. Quintela mantiene una posición compleja. Rechaza la eliminación de las PASO en consonancia con el kirchnerismo, pero negocia coparticipación avanzada con Milei. ¿Puede mantener ambas posiciones simultáneamente? En el peronismo, la respuesta es sí: los gobernadores votan según sus intereses provinciales, no según consignas. Quintela necesita la obra pública que le falta. Que se eliminen o no las PASO es una batalla que puede asumir sin riesgo de perder lo que verdaderamente le importa. La Rioja, como provincia débil y gobernada por el peronismo, saldrá herida si avanzan las tres medidas. Pero Quintela busca insularse de eso con dinero del Estado nacional, no con sistemas electorales.
El peronismo entrará en otra batalla que no podrá ganar completamente. Es la paradoja de una fuerza que contiene demasiadas fracciones, demasiados gobernadores con intereses divergentes. Cristina puede reunirse todo lo que quiera. Pero si hay 37 votos para la reforma —algo que todavía no está confirmado—, avanzará igual. La pregunta que se hacen en los pasillos del Senado es más prosaica: ¿hasta dónde llegará el Gobierno con las votaciones cruzadas? ¿Qué hace si le faltan tres votos? Milei no está acostumbrado a perder. Pero tampoco el peronismo está acostumbrado a ceder sin pelear. En dos semanas sabremos.