La Rioja firmó en La Plata el frente de seis provincias contra la reforma laboral: la secretaria Myriam Espinosa representó a Quintela en el cónclave con Kicillof
El gobernador de Buenos Aires reunió en la Casa de Gobierno provincial a los responsables del área laboral de La Pampa, La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, junto a la conducción de la CGT, las dos CTA y los gremios bonaerenses. Suscribieron un documento que objeta 13 puntos críticos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral por considerar que vulnera la Constitución Nacional y avanza sobre las atribuciones provinciales en policía del trabajo.
La provincia de La Rioja se sumó formalmente este lunes al frente federal de seis administraciones peronistas que objetan la constitucionalidad de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, impulsada por la Casa Rosada y aprobada con apoyo del bloque libertario en el Congreso. La participación riojana se concretó a través de la secretaria de Trabajo provincial, Myriam Espinosa, quien representó al gobierno de Ricardo Quintela en el Encuentro Federal del Trabajo realizado en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno bonaerense, convocado por el gobernador Axel Kicillof.
El cónclave reunió a los responsables del área laboral de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, junto a la conducción de las tres centrales sindicales y los gremios bonaerenses. Por La Rioja participó Espinosa; por Tierra del Fuego, la ministra Sonia Castiglione; por La Pampa, el secretario Marcelo Pedehontaá; por Santiago del Estero, la secretaria Julia Comán; por Formosa, el subsecretario Julio Valdez. La conducción gremial estuvo encabezada por Octavio Argüello (CGT), Hugo Godoy (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Héctor Daer (Sanidad) y Roberto Baradel y Oscar de Isasi en representación de las CTA bonaerenses.
El núcleo del trabajo desarrollado durante la reunión fue el análisis técnico-jurídico de 13 puntos críticos de la Ley 27.802 que las provincias firmantes consideran lesivos de las competencias jurisdiccionales y de la propia arquitectura constitucional argentina. Los planteos abarcan desde disposiciones que legislan sobre materia procesal —reservada exclusivamente a los ordenamientos locales— hasta cláusulas que pretenden desplazar el poder de policía provincial en materia laboral mediante reglas de primacía que contradicen expresamente el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional.
Los dos puntos identificados como más graves por las administraciones provinciales se vinculan al derecho de huelga. Según los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo bonaerense conducido por Walter Correa, la extralimitación del Congreso Nacional sobre la materia resultaría «tan flagrante» que el documento la señala explícitamente. La definición es relevante porque el derecho de huelga está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como garantía del trabajador organizado, y cualquier reglamentación restrictiva por vía legislativa ordinaria queda expuesta a impugnación judicial por incompatibilidad constitucional.
El documento suscrito por las seis provincias manifiesta «preocupación ante las violaciones a la Constitución Nacional y provinciales que implica la ley sancionada» y llama a «reafirmar la defensa de las facultades de cada jurisdicción contra cualquier intento de vulneración». La definición política central, sin embargo, fue formulada por el propio Kicillof: «Hay un intento muy claro por parte del Gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral: lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional y viola la independencia de las jurisdicciones».
La participación de La Rioja en el frente tiene una dimensión institucional concreta. La provincia gobernada por Quintela ya integra simultáneamente otros litigios contra la administración Milei: la causa que tramita ante la Corte Suprema por las transferencias coparticipables retenidas, la disputa por el corredor logístico hacia el yacimiento Josemaría del Distrito Vicuña en San Juan, y los conflictos sectoriales que el quintelismo viene articulando con organizaciones sociales y sindicales locales. La incorporación al frente bonaerense suma un cuarto carril de confrontación judicial-política coordinada con otras administraciones peronistas.
La elección de Kicillof como anfitrión del encuentro tiene también una lectura estratégica clara. El gobernador bonaerense viene posicionándose como referente de la oposición peronista a Milei y articula simultáneamente con los otros gobernadores potenciales aspirantes presidenciales, entre ellos el propio Quintela. La definición del bonaerense al cierre de la reunión fue explícita: «Más allá de la importancia de este documento, es fundamental seguir trabajando entre las provincias de manera articulada y cooperativa. Ante un Gobierno nacional tan centralista, unitario y cruel, estos espacios sirven también para demostrar que hay un polo de resistencia de un grupo de provincias que piensan en el futuro».
Conviene precisar el componente técnico que las provincias defienden en el frente. La policía del trabajo —conjunto de facultades de inspección, control y sanción sobre relaciones laborales en territorio provincial— constituye una atribución históricamente compartida entre Nación y provincias dentro del esquema federal argentino. La Nación legisla en materia de derecho del trabajo y seguridad social a través del Congreso, las provincias mantienen la competencia de aplicar y hacer cumplir esas normas en su territorio mediante sus propios Ministerios y Secretarías de Trabajo. Cualquier reforma legislativa nacional que pretenda concentrar esa competencia en la órbita federal exige reformas constitucionales o, al menos, mecanismos de coordinación que respeten las competencias originarias provinciales.
Para Espinosa, la participación en el cónclave consolida su posicionamiento técnico-político dentro del armado quintelista en un momento de redefiniciones internas. El frente de seis provincias proyecta, además, hacia el frente externo de la administración riojana una imagen de articulación interjurisdiccional que diluye el aislamiento que la Casa Rosada ha buscado imponer sobre las provincias más confrontativas. Cuando seis Estados provinciales suscriben un documento conjunto, el costo político de cualquier represalia financiera o administrativa de la Nación se distribuye sobre un universo más amplio que el de un solo distrito.
El antecedente reciente del frente cobra relevancia particular. Apenas días atrás, los ministerios laborales de las mismas seis provincias habían suscrito un primer documento conjunto bajo el liderazgo del ministerio bonaerense, comprometiéndose a articular con las tres centrales sindicales acciones para impedir la aplicación de la reforma. La reunión presencial con Kicillof en La Plata y la firma del nuevo documento profundiza ese compromiso operativo y agrega capas técnico-jurídicas concretas, incluyendo la identificación específica de los 13 puntos críticos de la ley.
Un dato relevante de la dinámica institucional fue la ausencia del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, que abandonó sin motivos la última reunión que mantuvo con los funcionarios provinciales y delegó el mando en su segunda, Claudia Testa. La definición exhibe que la administración nacional optó por desentenderse del intento de coordinación interjurisdiccional, lo que coloca a las provincias del frente en una posición de iniciativa institucional propia frente al vacío de interlocución.
La pregunta de fondo que queda planteada es si el frente de seis provincias logrará efectivamente paralizar o limitar la aplicación territorial de la reforma laboral. Las herramientas disponibles son múltiples: acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, resistencia administrativa de los ministerios provinciales para aplicar las cláusulas cuestionadas, articulación con las centrales sindicales para movilizaciones y conflictos sectoriales, y construcción de jurisprudencia provincial favorable a las competencias jurisdiccionales. Para La Rioja, donde la administración Quintela atraviesa simultáneamente recesión, retracción del consumo y caída del empleo formal, la pelea por las competencias provinciales en materia laboral no es solo institucional: es también la defensa de un margen de maniobra propio para administrar conflictos sociales y económicos que el ajuste nacional viene profundizando.