Punto por punto, lo que el informe de Adorni dice sobre La Rioja: del default de los ATN a la línea eléctrica que financia la minera Vicuña
Las 1.935 páginas del informe de gestión que el jefe de Gabinete Manuel Adorni entregó a la Cámara de Diputados contienen 84 menciones específicas a La Rioja. La provincia aparece como caso testigo en obras paralizadas, comedores escolares, transferencias del Tesoro, infraestructura eléctrica vinculada al proyecto cuprífero Vicuña, fondos de bosques nativos, FONAVI, SISTAU, becas, hospitales universitarios y mercado laboral. La radiografía completa describe una provincia que, en el discurso oficial, «no pide» ayuda; pero que en los datos concretos figura sistemáticamente fuera de los grandes flujos discrecionales del Estado nacional.
El informe de gestión número 145 que el jefe de Gabinete Manuel Adorni entregó a la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril —en una sesión que se prolongó por más de seis horas, atravesada por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el funcionario— es un documento monumental: 1.935 páginas, 28 megabytes, más de 4.800 preguntas formuladas por los bloques opositores y poco más de la mitad respondidas por el Poder Ejecutivo Nacional. Dispersas a lo largo de ese volumen, La Rioja aparece mencionada 84 veces. La lectura sistemática del documento permite reconstruir, por primera vez en una sola fotografía oficial, el cuadro completo de la relación financiera, institucional y de obra pública entre la administración de Javier Milei y la provincia gobernada por Ricardo Quintela.
Lo que sigue es la radiografía riojana del informe, organizada por bloque temático.
Aportes del Tesoro Nacional: «La Rioja no pidió fondos en 2026»
La pieza más sensible del documento aparece en la respuesta a la Pregunta 1599, formulada por la oposición para que el Ejecutivo explicara por qué La Rioja había sido sistemáticamente excluida del giro de $47.000 millones en ATN repartido a mediados de marzo. La respuesta —firmada por el Ministerio del Interior, hoy a cargo de Diego Santilli— traslada la carga al Gobierno provincial: la Dirección de Asistencia y Política Demográfica de la Subsecretaría de Asuntos Políticos «no ha recibido solicitudes de fondos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional por parte de la provincia de La Rioja durante lo que ha transcurrido del año 2026».
A esa frase se suma la respuesta a la Pregunta 903, que fija el criterio legal: los ATN se destinan a «atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros». Y la Pregunta 906, donde un diputado interrogó textualmente si existía un «uso político de los recursos nacionales para premiar o castigar provincias, como son el caso de La Rioja y Buenos Aires con respecto a Entre Ríos o Corrientes». El Gobierno esquivó la pregunta: respondió citando la coparticipación automática, sin abordar los ATN.
El último gran giro —$44.000 millones distribuidos el 29 de abril a Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan— consolidó el patrón. Las ocho provincias receptoras concentran el 75% del total transferido en 2026 y el 63% de toda la gestión Milei. La Rioja no figura.
Coparticipación, deuda histórica y los USD 1.000 millones reclamados ante la Corte
Tres preguntas distintas (900, 1600 y 902) volvieron sobre el reclamo histórico riojano: el «punto de coparticipación» reclamado durante 37 años y la deuda de más de mil millones de dólares que el Gobierno provincial reconocía judicializada ante la Corte Suprema. La respuesta oficial es categórica y se repite con idéntica fórmula: «El Estado Nacional cumple estrictamente con la Ley de Coparticipación vigente y no mantiene deuda con la provincia de La Rioja por fondos de coparticipación».
La administración Milei aclara, además, que la modificación de la Ley 23.548 «no es unilateral» y requiere preacuerdos entre la Nación y las provincias. La respuesta cierra cualquier debate técnico: el Gobierno nacional considera saldada toda discusión sobre la deuda riojana.
El proyecto Vicuña y la Línea 500 kV: la confesión escrita
El hallazgo más estratégico del informe aparece en las respuestas a las Preguntas 565 a 569, dedicadas al proyecto de infraestructura eléctrica del Distrito Minero Vicuña. La Secretaría de Energía consigna por escrito tres datos de altísimo impacto institucional para La Rioja:
Primero, que la Secretaría de Energía de La Rioja se presentó formalmente como opositora ante el ENRE en el expediente de la Resolución ENRE 79/2026, junto con el EPRE de San Juan, las municipalidades sanjuaninas de Jachal, Calingasta e Iglesia, y tres mineras (Andes Corporación, Casposo Argentina, Golden Mining).
Segundo, que CAMMESA evaluó factible otorgar a Vicuña el 71% de la capacidad total de la nueva línea Nueva San Juan – Rodeo en 500 kV (854 MVA).
Tercero —y más relevante para La Rioja—, que la Línea 500 kV Rodeo – Chaparro – La Rioja Sur, presentada por la administración nacional como obra prioritaria mediante la Resolución del Ministerio de Economía 715/2025, forma parte de la infraestructura del proyecto Vicuña. La Secretaría de Energía precisa que se trata de un «proyecto privado, a su propio costo», financiado íntegramente por Vicuña Argentina S.A., que sólo se considera obra de interés público porque «facilita la interconexión con el norte de la provincia de San Juan y facilita la conexión con la provincia de La Rioja».
En consecuencia, la línea eléctrica estratégica que la administración Milei prometió a La Rioja en el marco del achicamiento del Estado nacional en obras de transporte energético es, en los hechos, la red eléctrica del proyecto cuprífero contra el que la provincia litiga jurisdiccionalmente. La inversión privada —y el control regulatorio nacional— resuelven el suministro de la región a costa de profundizar el conflicto interjurisdiccional con San Juan.

Energías renovables: sólo a través del RIGI
La Pregunta 897, planteada como interrogante sobre las políticas de aporte financiero para superar las dificultades de importación de componentes para energías renovables —dada la condición de La Rioja como provincia electrodependiente—, recibió una respuesta seca: la Secretaría de Energía remite a la Ley 27.742 y al Decreto 749/2024, es decir, al RIGI, único régimen vigente que permite acceder a beneficios fiscales para inversiones desde USD 200 millones en adelante.
La respuesta consolida lo que la práctica ya viene mostrando: en una provincia que rechazó adherir al RIGI, la inversión en energías renovables prevista por la Casa Rosada es, por definición administrativa, cero.
Obras públicas: una en ejecución, dos neutralizadas, tres en cierre
La Pregunta 1603 —complementada por la 898 y la 899— produjo el cuadro completo de obras nacionales en territorio riojano. El Túnel y ensanche La Rioja – Los Sauces sobre la Ruta Nacional 75, tramo Las Padercitas – Dique Los Sauces, figura como única obra vial nacional en ejecución activa: avance del 68,92%, contrato de $525 millones a cargo de Paolini Hnos. S.A. En las últimas horas, la diputada nacional suplente del bloque libertario Carolina Moreno anunció el reinicio de la fase de tunelería.
En contraste, la pavimentación del Paso Internacional Pircas Negras sobre la Ruta Nacional 76, tramo Quebrada de Santo Domingo – Pircas Negras, registra un avance del 77,48% y un contrato de $504 millones con la UTE Benito Roggio e Hijos – Vialmani, pero figura como «Neutralizada» por «cuestiones de orden financiero». La obra cordillerana —corredor bioceánico hacia Atacama— quedó suspendida sin cronograma de reanudación.
A ese cuadro se suma la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales – Etapa I de Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, con 75,62% de avance y también neutralizada. Tres obras —las plantas depuradoras de Malanzán y Tama, y el Acueducto El Salado— figuran como finalizadas a la espera de documentación de cierre, ejecutadas en el marco del Convenio CONVE-2024-70913616-APN-SOP#MEC suscripto entre Nación y Provincia. Y dos Centros de Desarrollo Infantil continúan en ejecución activa: el de Villa Unión (56,33% de avance) y el del Departamento Chepes (71,97%).
La oposición había planteado además, en la Pregunta 899, que «las rutas nacionales en mi Provincia están destruidas, las cuales están produciendo varios accidentes». La respuesta del Ejecutivo se limitó a remitir a la pregunta anterior, sin aportar precisiones sobre mantenimiento ni recapeo de la red vial nacional en territorio riojano.
FOBOSQUE: La Rioja entre las cuatro provincias con fondos pendientes
La Secretaría de Turismo y Ambiente confirmó que el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de Bosques Nativos, disuelto por el Decreto 888/2024 y en proceso de liquidación bajo la Resolución 796/2024 del Ministerio de Economía, mantiene reservados $2.572.171.850,75 para transferencias pendientes a Chaco, La Rioja, Mendoza y Río Negro. Los recursos correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026 ya no se canalizan por el fideicomiso, sino mediante transferencia directa a los entes provinciales beneficiarios.
Comedores escolares: 14 escuelas menos, igual cobertura de estudiantes
El cuadro elaborado por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello sobre el Servicio Alimentario Escolar (SAE) —Programa 29, Actividad 38— muestra que en La Rioja el complemento nacional pasó de cubrir 297 escuelas y 11.128 estudiantes en 2024 a 283 escuelas y 11.211 estudiantes en 2025. La provincia perdió 14 instituciones del programa, pero ganó marginalmente en cobertura de estudiantes asistidos. La ejecución presupuestaria 2025 fue de $2.324.193.640,20.
El contraste con el resto del país muestra una contracción mucho más severa: Misiones perdió el 73% de los estudiantes asistidos, Santa Cruz el 71%, Buenos Aires unos 155.000 chicos en términos absolutos. La Rioja amortiguó el ajuste pero quedó sin escuelas nuevas en un programa que, a escala nacional, se redujo drásticamente.
FONAVI: el reparto de la vivienda
Las transferencias automáticas del Fondo Nacional de la Vivienda colocaron a La Rioja en una porción modesta del reparto interjurisdiccional: $6.531 millones en 2024, $12.894 millones en 2025 y $3.792 millones hasta marzo de 2026. El monto la ubica en una franja inferior, sólo por encima de CABA y La Pampa, lejos de los volúmenes recibidos por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
SISTAU: La Rioja recibió cero en compensaciones de transporte 2025
Una de las cifras más elocuentes del informe aparece en el cuadro de Pagos Compensaciones 2025 del Fideicomiso del Decreto 976/2001, que canaliza fondos hacia el Sistema Vial Integrado (SISVIAL), el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER).
La Rioja aparece con un guión: cero pesos. Lo mismo ocurre con Misiones y Salta. En contraste, Buenos Aires recibió $1.019.182,95 millones, Mendoza $19.066,93 millones, San Juan $17.415,65 millones, Jujuy $16.773,32 millones y Córdoba $8.300,63 millones. El transporte urbano de pasajeros riojano —los servicios de Capital, Chilecito y los corredores interdepartamentales— quedó completamente fuera del esquema de compensaciones nacional.
Mercado laboral: la paradoja del pluriempleo
La Pregunta 1584, respondida por el Ministerio de Capital Humano sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC del tercer trimestre de 2025, dejó dos datos llamativos para La Rioja. El pluriempleo —proporción de ocupados con más de un empleo— alcanza apenas el 5,1% en la provincia, una de las tasas más bajas del país, sólo superada por Río Negro (1,6%) y Formosa (2,6%).
Sin embargo, el porcentaje de ocupados demandantes de empleo —los que ya tienen trabajo pero buscan otro— se dispara al 21,6%, empatado con La Pampa y sólo por debajo de Tucumán (30,3%), Córdoba (22,3%) y Santa Cruz (21,5%). La paradoja es elocuente: en La Rioja los trabajadores necesitan un segundo ingreso, pero el mercado provincial no les ofrece la posibilidad de conseguirlo.
Hospital universitario: sin aumentos desde enero de 2024
La Pregunta 322 abordó el financiamiento del hospital dependiente de la Universidad Nacional de La Rioja, junto con los de las universidades nacionales de Córdoba y Cuyo. La respuesta admite que entre 2024 y 2025 se «reconducieron» los fondos asignados en 2023, sin incrementos específicos —en contraste con el aumento del 300% que recibieron las partidas de los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires—. El Gobierno aclara que el incremento total para el conjunto de instituciones fue del 345% respecto a 2023, parámetro que la oposición cuestiona contra el aumento del 483,47% en costos de insumos médicos relevado por el Observatorio de Precios del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
Despidos y pensiones por discapacidad: el Gobierno no entrega los datos
Dos preguntas particularmente sensibles fueron respondidas con argumentos formales que clausuraron la información. La Pregunta 1601 pidió la nómina con nombre, CUIT y cargo de los empleados nacionales despedidos en La Rioja y de los contratos dados de baja. El Ministerio de Capital Humano respondió que los contratos del artículo 9° de la Ley 25.164 carecen de estabilidad y que no corresponde indemnización al cese.
La Pregunta 1602 solicitó la nómina —con nombres y CUIT— de las pensiones por discapacidad y ayudas sociales dadas de baja en La Rioja. El Ministerio de Salud rechazó proveer la información alegando «imprecisión en el período temporal» y «carácter de dato personal sensible» conforme la Ley de Protección de Datos. La respuesta no aporta cifras agregadas ni totales por jurisdicción.
Datos sectoriales dispersos
A los grandes ejes se suma una constelación de cifras puntuales que completan la radiografía: La Rioja registra 60.814 beneficiarios del subsidio a la garrafa social (enero 2025), 20.889 beneficiarios de la Beca Progresar Obligatoria y 12.061 de la modalidad superior. En el ciclo 2025 recibió 95.232 ejemplares de «Libros para Aprender» y 126.698 de «Historias por Leer» para nivel primario.
Cuenta con 106 clubes de barrio con registro actualizado bajo la Ley 27.098 —una de las cifras más bajas del país— y apenas 10 legajos de familias inscriptas para adoptar, igualada con La Pampa en el último escalón nacional. Los programas de prevención del embarazo adolescente del Ministerio de Salud focalizan en tres departamentos riojanos: Capital, Chilecito y Rosario Vera Peñaloza.
El cuadro completo
Sumadas todas las piezas, el informe configura un retrato institucional preciso y políticamente cargado. La Casa Rosada sostiene que cumple con la coparticipación automática, que La Rioja no presenta solicitudes formales de ATN, que las modificaciones legales requieren acuerdo bilateral, que la inversión en obra pública depende de la disponibilidad presupuestaria y que las energías renovables se canalizan por el RIGI. En la cara opuesta, La Rioja figura como única jurisdicción con dos obras nacionales neutralizadas con más del 75% de avance, queda fuera del SISTAU 2025, mantiene su hospital universitario congelado en valores 2023, recibió cero ATN en lo que va de 2026 y verá llegar una línea eléctrica de 500 kV financiada por la propia minera contra la que litiga.
El relato del Gobierno nacional construye un argumento técnico-administrativo: hay reglas, La Rioja no las cumple, la Nación no premia ni castiga. El relato del Gobierno provincial construye un argumento político-territorial: el sesgo es sistemático, las reglas se aplican selectivamente, y cada giro a otras jurisdicciones es una decisión política. Entre los dos relatos, el informe Adorni ofrece un dato neutral: la fotografía de una provincia que aparece, con nombre y apellido, en los márgenes de casi todos los grandes flujos de la administración Milei.
Las 1.935 páginas del informe que el jefe de Gabinete Manuel Adorni entregó a la Cámara de Diputados configuran el documento oficial más completo hasta la fecha sobre la situación de La Rioja en la administración Milei. La provincia aparece 84 veces a lo largo del texto, casi siempre en cuadros estadísticos donde figura por debajo de la mediana nacional, en respuestas que invocan disposiciones legales para clausurar reclamos, o en planillas donde el casillero correspondiente aparece vacío. El mapa fiscal y de obra pública que dibuja el Estado nacional para La Rioja es el de una jurisdicción periférica: con dos obras estratégicas neutralizadas, sin ATN durante 2026, sin compensaciones de transporte en 2025, sin aumento al hospital universitario, sin proyectos del RIGI y con la principal obra de infraestructura eléctrica derivada al financiamiento privado del proyecto cuprífero Vicuña, que la propia provincia rechaza en sede judicial. Entre todos los datos, el más sintético es el silencio: la pregunta 906, que cuestionó directamente si existe un uso político de los recursos para premiar y castigar provincias, no obtuvo respuesta.
Fuente:
Informe de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados