Una familia de San Juan denuncia al exdiputado riojano Mario Guzmán por una presunta estafa en el rubro del transporte de cargas
El caso, publicado por Diario de Cuyo, narra la denuncia de Emanuel Escudero —camionero sanjuanino con más de diez años de experiencia en el rubro— contra el exlegislador y empresario riojano, a quien identifica como socio capitalista de un emprendimiento que terminó con la disolución de la sociedad, la pérdida de los camiones, deudas acumuladas y, según el relato, un cuadro de depresión severa. La denuncia abre un nuevo capítulo de cruce entre actores de La Rioja y de San Juan, en un año en que ambas provincias ya están enfrentadas en la disputa minera por el proyecto cuprífero Vicuña.
El conflicto entre La Rioja y San Juan suma un nuevo expediente, esta vez por fuera del ámbito institucional. Una familia sanjuanina dio a conocer públicamente, a través de Diario de Cuyo, una denuncia por presunta estafa en el rubro del transporte de cargas que tiene como principal apuntado al exdiputado riojano Mario Guzmán, identificado en el relato como socio capitalista de un emprendimiento que —según los denunciantes— terminó con la pérdida de los vehículos, deudas acumuladas y una grave crisis personal del trabajador.
El damnificado, Emanuel Escudero, dispone de más de diez años de experiencia en el rubro del transporte y, según narró el medio sanjuanino, decidió iniciar un emprendimiento propio en julio de 2023. El vínculo con Guzmán se habría producido, siempre conforme al relato familiar, a través de un tío del denunciante, Marcelo Garay, también señalado en el expediente periodístico por su rol en el contacto inicial y en lo que la familia describe como las maniobras posteriores.
La estructura del acuerdo, según la denuncia
De acuerdo con la versión publicada, el esquema propuesto por Guzmán habría consistido en una sociedad informal: el empresario riojano aportaba los camiones y Escudero asumía la operación, la logística y la administración, con una distribución de utilidades del 60% para el inversor y 40% para el operador. Confiado en el proyecto, Escudero habría renunciado a su empleo estable, invertido su indemnización y comenzado a trabajar con vehículos que —siempre según su relato— se encontraban en condiciones operativas deficientes.
En junio de 2024, ya con la actividad en marcha, los denunciantes señalan que avanzaron en la venta de dos semirremolques térmicos propiedad de Guzmán que estaban sin uso. La operación habría sido íntegramente gestionada por Escudero —desde la publicación hasta la negociación con compradores— y habría reportado cerca de 73 millones de pesos. Con esos fondos, sumados a recursos propios del operador y a la venta de su vehículo particular, se adquirió un nuevo camión que, según la familia, debía ser de su titularidad. Sin embargo, Guzmán habría conseguido que ese vehículo quedara incorporado al patrimonio común de la sociedad y figurara como cotitular.
Algo similar se relata respecto de la incorporación de un cuarto camión —un Iveco— en el que Escudero también habría aportado fondos, incluyendo cheques recibidos como comisión por la venta de los térmicos, pero que en la documentación final quedó únicamente a nombre de Guzmán. La sociedad llegó a operar con cuatro camiones activos y un quinto vehículo, un Volkswagen, también aportado por el empresario riojano y descrito por los denunciantes como «en malas condiciones» y demandante de inversión constante.
El quiebre y las acciones que se denuncian
El conflicto, según la familia, escaló cuando Escudero comenzó a insistir en la formalización legal de la sociedad. A partir de allí —relatan— Guzmán habría rechazado las propuestas de los contadores convocados y planteado una distribución de bienes que dejaba al empresario riojano como dueño de la mayor parte de la flota. La denuncia describe meses de presiones para que el operador asumiera reparaciones, pagos a terceros y transferencias económicas que, sostienen, no le correspondían.
El quiebre definitivo se produjo en febrero de 2025, cuando Guzmán habría comunicado la disolución del vínculo y se habría llevado los camiones. La denuncia menciona también a los choferes Jorge Ochoa y Bustos —cuyos vínculos con la operación serían, en el relato familiar, instrumentales a las maniobras finales—, así como al tío del denunciante, Marcelo Garay.
Tras la ruptura, según el relato, la familia quedó con deudas por combustible, alquiler de equipos, cheques emitidos y compromisos financieros previamente asumidos, además de enfrentar reclamos judiciales y cartas documento. Los denunciantes señalaron a Diario de Cuyo que el caso fue inicialmente considerado un conflicto de orden civil por las autoridades policiales y judiciales sanjuaninas, pero sostienen disponer de mensajes, audios, transferencias bancarias, cheques y documentación que respaldarían tanto el aporte económico realizado como las maniobras que denuncian.
El impacto personal
Conforme la versión publicada, las consecuencias del conflicto excedieron lo patrimonial. La familia describe a Diario de Cuyo un escenario de profunda crisis emocional, con cuadros de depresión severa, asumidos por el operador del transporte tras meses de presiones y la pérdida de la flota.
El contexto institucional: una denuncia que cruza la frontera Vicuña
La denuncia adquiere relevancia adicional por el momento en que se produce. La Rioja y San Juan atraviesan, desde hace meses, un conflicto interjurisdiccional de alta intensidad por el proyecto cuprífero Vicuña/Josemaría, que la justicia chileciteña —a través de la jueza María Greta Decker— ha intervenido al ordenar la suspensión del acceso por la Ruta 506. Y en el plano federal, el informe de gestión que el jefe de Gabinete Manuel Adorni entregó el 29 de abril ante la Cámara de Diputados confirmó que la Línea 500 kV Rodeo – Chaparro – La Rioja Sur —presentada como obra prioritaria para La Rioja— forma parte de la infraestructura del Distrito Minero Vicuña, a la que la Secretaría de Energía riojana se opuso formalmente ante el ENRE.
En ese cuadro, una denuncia de origen sanjuanino contra un exlegislador peronista riojano abre un frente periodístico distinto al del litigio minero, pero que comparte un dato simbólico: actores particulares y públicos de ambas provincias, atravesando una frontera común que excede los conflictos institucionales.
Es importante señalar que los hechos descritos forman parte de una denuncia particular de la familia damnificada y que el caso, según los propios denunciantes, fue inicialmente encuadrado como conflicto civil por las autoridades sanjuaninas. Hasta el cierre de esta nota, no surge públicamente una postura de Mario Guzmán ni de las restantes personas mencionadas. Eduardogerman.com queda a disposición para incorporar las versiones de las partes involucradas en futuras actualizaciones del expediente periodístico.
La denuncia publicada por Diario de Cuyo posiciona al exdiputado riojano Mario Guzmán en el centro de un expediente vinculado al rubro del transporte de cargas. La familia sanjuanina denunciante asegura disponer de mensajes, audios, transferencias y documentación que respaldan la versión presentada. El caso, descrito inicialmente como conflicto civil, se inscribe en un mapa más amplio de vínculos cruzados entre La Rioja y San Juan que en 2026 ya incluyen un litigio interjurisdiccional minero, una disputa por infraestructura eléctrica de alta tensión y, ahora, este expediente particular que tendrá su propio recorrido judicial. La presunción de inocencia rige hasta tanto haya pronunciamiento de la justicia.
Fuente:
Un familia de San Juan apunta contra un exdiputado de La Rioja por una presunta estafa