El secretario general del gremio de estatales, Alfredo Arana, apuntó contra las autoridades del cuerpo legislativo de la Capital por negarles el uso de las instalaciones a los trabajadores. Exigen la restitución de un ítem salarial parlamentario y ya presentaron formalmente un reclamo ante el Ejecutivo provincial por aumentos en blanco.
El clima de conflictividad laboral sumó un nuevo foco de conflicto en el ámbito municipal de la capital riojana. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció públicamente a las autoridades del Concejo Deliberante por impedir de manera sistemática la realización de asambleas informativas dentro del edificio, obligando a los empleados públicos a reunirse en la vereda. Desde el gremio calificaron la medida como una «actitud antidemocrática» y un ataque directo a la libertad de organización sindical.
En diálogo con la prensa local, el secretario general de ATE La Rioja, Alfredo Arana —quien se encuentra en Buenos Aires participando del Congreso Nacional del sector—, detalló que el detonante de las reuniones es un reclamo histórico del personal: la actualización impositiva y restitución del ítem salarial por Labor Parlamentaria, un beneficio económico que les fue quitado hace varios años y que licuó el poder adquisitivo de los trabajadores del cuerpo.
«Pedimos un lugar interno o externo, no el recinto principal para no entorpecer las sesiones, sino cualquier espacio común dentro de nuestro lugar natural de trabajo. La respuesta formal fue que ‘no hay lugar’ y nos mandaron a buscar otro edificio. Es un atropello; es la segunda o tercera vez que nos pasa y la vez anterior tuvimos que deliberar en la vereda bajo el frío», denunció Arana.
Intentos de diálogo frustrados con la viceintendenta
El referente de los estatales afirmó que el gremio agotó las vías institucionales y burocráticas mediante la presentación de notas formales y llamadas telefónicas dirigidas a la viceintendenta de la Capital y presidenta del cuerpo, Mónica Díaz D’Albano, pero hasta el momento se encontraron con un «muro de silencio y hermetismo».
Ante esta falta de respuestas, el conflicto se trasladó al propio recinto legislativo. Concejales tanto del arco opositor como del oficialismo se solidarizaron con los delegados de ATE y se comprometieron a ingresar un proyecto de declaración y una nota de repudio durante la sesión ordinaria de esta jornada para exigir que se garantice el derecho a la libre expresión y convivencia laboral entre la patronal y los empleados.
Al ser consultado sobre si observa una bajada de línea política persecutoria por parte del Ejecutivo riojano, Arana prefirió desvincular de forma directa a la conducción de la provincia:
«Yo dejo de lado al gobernador en esto. Creo que esto pasa más por el desconocimiento y la rigidez de los cuadros intermedios de la gestión, que tienen una actitud de temor y piensan que abrir una mesa para consensuar derechos laborales necesariamente va a llevar a un conflicto, cuando una asamblea es justamente una herramienta de paz y convivencia».
El reclamo salarial que ya está en manos de la Gobernación
Aprovechando la centralidad del debate por la pauta salarial, luego de que el Gobierno provincial anunciara que analizará una recomposición para toda la administración pública una vez que se termine de abonar el medio aguinaldo, el titular de ATE ratificó que el sindicato ya puso cifras impositivas concretas sobre el escritorio del secretario general de la Gobernación.
El esquema del pliego de condiciones de ATE
- Recomposición de fondo: Exigen un incremento directo del 60% para amortiguar el impacto inflacionario.
- Blanqueo salarial: Rechazan sumas fijas transitorias o «bonos» y exigen que todo aumento se incorpore al sueldo básico.
- Asignaciones familiares: Demandan una actualización urgente de los montos por hijo en concordancia con el costo de la canasta básica.
Arana reconoció que en sus reuniones con el gobernador coincidieron en el diagnóstico macroeconómico y en las críticas hacia el Gobierno Nacional por el «ajuste brutal y el retaceo discrecional de fondos coparticipables, de la nafta y de asistencia social hacia las 24 provincias». Sin embargo, aclaró que la urgencia de las bases no puede dilatarse más. «El escenario nacional es crítico, pero los compañeros necesitan plata real en el bolsillo hoy para poder pagar la boleta de la luz, el supermercado y el alquiler. Todo debate político pasa a ser palabra vacía si un trabajador del Estado no llega a fin de mes», concluyó.
