El Juzgado Federal de La Rioja habilitó la demanda que una unión de consultoras promovió contra Vialidad Nacional y la Administración Provincial de Vialidad por más de veinte millones de pesos en certificados de inspección de la conexión vial La Rioja–Chilecito por El Velazco. El fallo, respaldado por un dictamen de la Fiscalía Federal, ordena correr traslado a ambos organismos y reactiva un conflicto que enfrenta a la Nación con la Provincia por una de las obras viales más estratégicas del noroeste argentino.
El Juzgado Federal de La Rioja resolvió declarar su propia competencia para intervenir en la causa que una unión transitoria de empresas (UTE) inició por el cobro de certificados de inspección adeudados en la obra de pavimentación de la Ruta Nacional N° 73, el corredor que une la capital provincial con Chilecito a través de la Sierra de Velazco. La decisión, adoptada en el expediente FCB 2186/2026, dispone correr traslado de la demanda a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Administración Provincial de Vialidad de La Rioja, los dos organismos demandados.
La resolución se apoya en el Dictamen N° 109/2026 de la Fiscalía Federal de La Rioja, a cargo de la fiscal María Virginia Miguel Carmona, fechado el 27 de mayo, que se pronunció a favor de la habilitación de la instancia y de la competencia federal. La notificación del decisorio fue cursada el 12 de junio a la letrada Silvina Andrea Carrizo, una de las apoderadas de la parte actora, según consta en la cédula emitida por la Secretaría del tribunal.
Una causa que enfrenta a la Nación con la Provincia
La demanda fue promovida por la UTE integrada por INCONAS S.A., Fraschina y Asociados S.R.L. y TAPYR S.A., que invocan haber prestado los servicios de consultoría e inspección de obra en el tramo Los Cajones–Anguinán de la Ruta 73, dividido en dos secciones. La Sección III abarca desde el kilómetro 0,00 —Pampa de la Viuda— hasta el kilómetro 21,60, y la Sección II se extiende desde ese punto hasta el kilómetro 40,40, en la Quebrada de la Horqueta.
El dato institucional que da densidad al pleito es que la obra fue contratada como obra nacional, pero con intervención de la estructura provincial. Por eso, en el banquillo de las demandadas conviven un organismo del Estado nacional —Vialidad Nacional, entidad autárquica creada por el Decreto-Ley N° 505/1958— y la repartición vial riojana. Esa convivencia es, precisamente, el nudo del conflicto: definir quién debe responder por las sumas reclamadas.
Qué se reclama y por cuánto
La UTE sostiene que, pese a haberse conformado certificados y suscripto luego convenios de neutralización de plazos y de limitación contractual, subsisten pagos pendientes por servicios prestados entre mayo de 2014 y marzo de 2016 en la Sección III, y entre marzo de 2015 y marzo de 2016 en la Sección II. Los contratos de inspección se habían celebrado el 8 de agosto de 2012.
La demanda cuantifica el crédito nominal en 20.939.669,53 pesos, monto al que la actora suma la actualización pretendida según los mecanismos contractuales y legales invocados, más intereses, IVA, gastos y costas. Se trata, por lo tanto, de un reclamo cuyo valor real, una vez aplicada la actualización, superaría holgadamente la cifra nominal de origen.
El camino administrativo previo
Antes de llegar a los tribunales, la consultora instó actuaciones administrativas ante la Administración Provincial de Vialidad mediante el expediente N° 858-F-2024, iniciado a partir de una presentación del 1 de agosto de 2024, según pudo saber eduardogerman.com a partir de la documentación obrante en la causa. En ese marco, el organismo provincial requirió intervención e información al 8° Distrito La Rioja de Vialidad Nacional, que respondió a través de la Nota NO-2024-98605876-APN-DLR#DNV, del 11 de septiembre de 2024.
Esa secuencia administrativa resultó decisiva para que la Fiscalía considerara, al menos en forma preliminar, habilitada la instancia judicial: la Administración fue puesta en conocimiento del reclamo y el ente nacional tomó intervención antes del inicio del proceso.
Por qué interviene la Justicia Federal
El dictamen fiscal fundó la competencia federal en dos planos. Por un lado, la competencia ratione personae: al estar demandada Vialidad Nacional —entidad autárquica de derecho público nacional—, queda habilitado el fuero federal de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Nacional y el artículo 2°, inciso 6°, de la Ley 48. Por otro lado, la competencia territorial recae en el Juzgado Federal de La Rioja porque la obra cuya inspección origina el reclamo se desarrolló en la provincia, la repartición vial provincial tiene domicilio en esta jurisdicción y la propia Vialidad Nacional intervino a través de su distrito riojano.
La Fiscalía remarcó un punto que anticipa el eje de la disputa de fondo: la intervención de la Administración Provincial de Vialidad como codemandada no desplaza, por sí sola, la competencia federal cuando también se demandó a un organismo nacional con interés jurídico directo. En otras palabras, la presencia de la Nación en el expediente arrastra toda la causa al fuero federal.
Los próximos pasos
Junto con la declaración de competencia, el tribunal dispuso requerir a la parte actora el pago de la tasa de justicia dentro de los cinco días y ordenó las comunicaciones de práctica, entre ellas la prevista para la Procuración del Tesoro de la Nación. Con esos recaudos cumplidos, quedará habilitado el traslado de la demanda a las dos reparticiones, que deberán contestar y articular las defensas procesales o sustanciales que estimen pertinentes.
Recién entonces el expediente ingresará en su etapa de fondo, en la que cada organismo intentará trasladar al otro la responsabilidad por los certificados que la consultora reclama como adeudados.
El expediente expone, con respaldo documental, una tensión que excede el caso puntual: el modo en que se diluyen las responsabilidades cuando una obra estratégica se ejecuta bajo un esquema mixto entre la Nación y la Provincia. La conexión vial La Rioja–Chilecito por El Velazco figura desde hace décadas como prioridad en los planes viales riojanos, porque promete reemplazar el recorrido largo y sinuoso de la Cuesta de Miranda por una traza directa entre las dos ciudades más pobladas de la provincia, con impacto sobre el turismo, la producción de Chilecito y el transporte pesado hacia el oeste cordillerano.
La paradoja es elocuente. Mientras la obra se promocionó durante años como una de las inversiones nacionales más ambiciosas de la ingeniería vial en montaña, los certificados de quienes inspeccionaron esos trabajos terminaron en la Justicia Federal, sin que provincia y Nación logren acordar quién carga con la cuenta. Para La Rioja, con sus cuentas públicas tensionadas y su dependencia estructural de los fondos nacionales, cada definición sobre quién paga estos pasivos no es un detalle administrativo: es un dato fiscal. El juicio que ahora se pone en marcha en los tribunales federales de la calle Juan Vicente González dirá, con el tiempo, si la factura de El Velazco la afronta el Estado nacional, el provincial, o ambos.
La resolución
