La UTEP provincial advirtió a la nacion sobre el impacto de la resolución judicial que dio marcha atrás con una medida cautelar y habilitó al Gobierno a suspender el programa «Volver al Trabajo»; anticipan protestas y cortes de ruta

LA RIOJA.– La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la baja del programa social «Volver al Trabajo» (antiguo Potenciar Trabajo) generó una fuerte alarma en los sectores informales de esta provincia. Luego de que la justicia federal de San Martín aceptara una apelación del Ministerio de Capital Humano y dejara sin efecto la medida cautelar que obligaba a mantener los pagos, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) delegación La Rioja confirmó que la suspensión del beneficio de 78.000 pesos mensuales alcanzará de forma directa a 12.000 riojanos.

El titular de la UTEP provincial, Arnold Díaz, alertó sobre las severas consecuencias macroeconómicas que la medida tendrá en el entramado comercial de la región periférica. «Esto implica una pérdida inmediata de 1000 millones de pesos mensuales en el circuito económico de la provincia. La gente de la economía popular consume la totalidad de sus ingresos en los comercios de cercanía y en los almacenes de los barrios, no en las grandes distribuidoras. Ese dinero desaparece del territorio», explicó el dirigente.

El conflicto legal sumó tensión en las últimas horas debido al revés judicial para las organizaciones sociales, que a nivel nacional representa la interrupción de fondos para cerca de 900.000 beneficiarios y un recorte global de 72.000 millones de pesos en las partidas destinadas a los sectores vulnerables.

Agenda de protestas y el escenario posmundial

Desde la conducción de la UTEP riojana señalaron que el actual clima de fervor deportivo amortiguó momentáneamente el impacto del anuncio en las calles, pero anticiparon una intensificación de las medidas de fuerza en el corto plazo. «El fervor nos atraviesa a todos, son 90 o 120 minutos de alegría, pero después se vuelve a la cruda realidad. Estamos en constante reunión y en plan de lucha organizando protestas generalizadas», detalló Díaz.

La estrategia de los movimientos populares contempla movilizaciones hacia las delegaciones de las carteras nacionales en la capital provincial y no descartan la concreción de cortes de ruta durante la próxima semana. Para ello, los dirigentes sociales iniciaron una ronda de consultas para ampliar la convocatoria hacia la CGT local, sectores de la Iglesia católica y fundaciones comunitarias.

«Queremos hacer una invitación extensa a todo el arco sindical y a los trabajadores formales. El ajuste también va a golpear indirectamente a las clases medias y al sector registrado cuando vean que el trabajador informal que les cortaba el pasto o realizaba changas ya no tiene los recursos mínimos para movilizarse o mantener sus herramientas de trabajo», argumentó el referente gremial.

Críticas al sistema de capacitación y al reparto fiscal

Díaz centró sus cuestionamientos en el futuro de los programas remanentes, como el de «Acompañamiento Social», y criticó el objetivo oficial de reconvertir la asistencia estatal únicamente en cursos formativos. «Quieren cambiar los programas vigentes por capacitaciones que ya fracasaron en varios gobiernos anteriores. No lograron resolver la informalidad ni insertar a la gente en el circuito laboral formal con derechos», sentenció.

Asimismo, el titular de la UTEP diferenció la postura del Poder Ejecutivo riojano respecto de otros mandatarios provinciales en el marco de las negociaciones políticas con la Casa Rosada. «Nuestro gobernador ha denunciado activamente cada una de las medidas de ajuste de la gestión nacional, pero vemos con preocupación cómo otros gobernadores acompañaron leyes que terminan perjudicando al pueblo trabajador. El ajuste se ensaña con los sectores más vulnerables mientras se otorgan exenciones impositivas y beneficios fiscales a los sectores más poderosos e incluso a empresarios que ni siquiera residen en el país», concluyó Díaz.