El Ministerio de Economía reclama la devolución de recursos transferidos para la construcción del aprovechamiento hidráulico del río Totoral. Sostiene que la Provincia nunca rindió cuentas del anticipo financiero y que incumplió el convenio firmado en 2009. La Procuración General dictaminó que el caso debe tramitar en la competencia originaria de la Corte Suprema.

La Rioja quedó involucrada en un nuevo litigio judicial con el Estado nacional. El Ministerio de Economía presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la devolución de fondos transferidos hace más de quince años destinados a la ejecución de una obra hidráulica en el departamento Rosario Vera Peñaloza.

El expediente tiene su origen en el Convenio Único de Colaboración suscripto en 2009 para financiar el «Aprovechamiento Hidráulico Río Totoral en Chepes», obra para la cual la Nación giró un anticipo financiero a la provincia. Según la demanda, La Rioja incumplió la obligación de rendir cuentas sobre la utilización de esos recursos y tampoco respondió a las sucesivas intimaciones administrativas enviadas por las autoridades nacionales.

De acuerdo con la presentación oficial, luego de rechazar un pedido de compensación formulado por la provincia y de declarar rescindido el convenio por incumplimiento, el Estado nacional inició una acción judicial para recuperar el capital transferido, junto con los intereses y las costas del proceso. La demanda sostiene que los actos administrativos que dieron origen al reclamo gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria conforme a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

Uno de los principales puntos debatidos en el expediente fue la competencia judicial. En un primer momento, el Ministerio de Economía sostuvo que las partes habían pactado someter cualquier controversia a los tribunales federales en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Procuración General advirtió que la documentación incorporada al expediente no acredita la existencia de esa cláusula de prórroga de jurisdicción.

Frente a esa situación, la procuradora fiscal Laura Monti concluyó que el conflicto debe tramitar directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de un litigio entre el Estado nacional y una provincia, supuesto previsto por los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. En su dictamen señaló que, al no encontrarse acreditado un acuerdo válido que modificara las reglas constitucionales de competencia, corresponde que la causa permanezca en la instancia originaria del máximo tribunal.

La controversia judicial se circunscribe, por ahora, a determinar la competencia y avanzar sobre el reclamo económico planteado por el Estado nacional. El expediente aún deberá continuar su trámite ante la Corte Suprema, que será la encargada de resolver tanto las excepciones planteadas por la Provincia como el fondo de la demanda relacionada con los recursos destinados a la obra hidráulica de Chepes.

La resolución