La Secretaría de Transporte reclama la devolución de fondos transferidos durante 2021 para ejecutar proyectos en Chamical, Chepes y El Milagro. Sostiene que la Provincia incumplió los convenios, rechazó las rendiciones de cuentas y modificó obras sin autorización. Los expedientes ya fueron dictaminados por la Procuración General para que tramiten en la competencia originaria del máximo tribunal.
La Provincia de La Rioja enfrenta tres demandas impulsadas por el Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia por un monto total superior a los $169 millones, correspondientes a fondos destinados a la construcción y refacción de terminales de ómnibus en distintas localidades del interior provincial.
Los expedientes, promovidos por la Secretaría de Transporte de la Nación, buscan que la Provincia reintegre los recursos transferidos durante 2021 para financiar obras en Chepes, Chamical y El Milagro, bajo el argumento de que las rendiciones de cuentas fueron rechazadas y que los convenios firmados con el entonces Ministerio de Transporte no fueron cumplidos en los términos previstos.
El caso de mayor cuantía corresponde a la nueva terminal de ómnibus de Chepes, donde la Nación reclama la devolución de $88.526.392,94, equivalentes al primer desembolso realizado en noviembre de 2021 dentro de un convenio cuyo financiamiento total ascendía a $177 millones. Según la demanda, la Provincia no logró acreditar un avance físico de obra compatible con el uso de los fondos públicos, motivo por el cual la rendición fue rechazada.
A esa causa se suman otras dos demandas vinculadas con el Programa de Renovación Integral de Terminales de Buses. En una de ellas, la Nación exige el reintegro de $42.645.530,84 destinados a la refacción de la terminal de El Milagro. En la otra, reclama $37.934.203,36 por la remodelación de la terminal de Chamical. En ambos casos, el Estado nacional sostiene que las inspecciones determinaron que las obras previstas no se correspondían con los proyectos originalmente aprobados y que hubo modificaciones unilaterales que alteraron el objeto de los convenios.
De acuerdo con las presentaciones judiciales, la Secretaría de Transporte intimó previamente a la Provincia para que restituyera los fondos en un plazo de cinco días. Al no obtener respuesta favorable, inició las acciones judiciales invocando la figura del enriquecimiento sin causa, prevista en el Código Civil y Comercial, al considerar que la Provincia retuvo recursos públicos cuya utilización no pudo justificar conforme a las condiciones pactadas.
En los tres expedientes, la procuradora fiscal Laura Monti dictaminó que la competencia corresponde originariamente a la Corte Suprema debido a que el litigio enfrenta al Estado nacional con una provincia, supuesto contemplado en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. El dictamen no resuelve el fondo de la controversia, pero recomienda que las causas continúen su trámite directamente ante el máximo tribunal.
Las tres demandas se suman a otros conflictos judiciales que mantienen la Nación y la administración riojana por recursos públicos y reflejan un nuevo capítulo en la disputa institucional entre ambos gobiernos. En esta etapa procesal, la Corte deberá definir la admisibilidad de las acciones y, posteriormente, analizar si existió o no incumplimiento de los convenios suscriptos para financiar la infraestructura de transporte en La Rioja.
Las resoluciones
