El Estado Nacional, a través de la Secretaría de Transporte, inició tres acciones judiciales contra la Provincia de La Rioja exigiendo la restitución de fondos transferidos para la refacción y construcción de terminales en Milagro, Chamical y Chepes. Se alega falta de rendición de cuentas adecuada y mal uso de los recursos.
El Gobierno Nacional, representado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, presento tres demandas judiciales contra la Provincia de La Rioja, reclamando la devolución de un total superior a los 169 millones de pesos. Estos fondos fueron originalmente transferidos por el entonces Ministerio de Transporte para la ejecución de obras en terminales de ómnibus en diferentes localidades de la provincia. La base de las demandas es la presunta falta de una debida rendición de cuentas por parte de la provincia y el incumplimiento de los convenios firmados.
La primera demanda exige la restitución de $42.645.530,84, más intereses. Estos fondos correspondían a un primer desembolso realizado el 24 de mayo de 2022, en el marco del Convenio CONVE-2021-99816683-APN-DGD#MTR, destinado a la «Refacción de La Terminal de ómnibus El Milagro La Rioja» en la ciudad capital. Según la demanda, la rendición de cuentas presentada por la provincia fue rechazada porque «no se verifica el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados», señalando que no se constataron certificados de obra y que el avance acumulado era del 0%.
Una segunda acción judicial reclama $37.934.203,36, más intereses, también transferidos el 24 de mayo de 2022. Este monto estaba vinculado al Convenio CONVE-2021-92413035-APN-DGD#MTR para la «Refacción de La Terminal de Ómnibus de Chamical». En este caso, la rendición fue rechazada no solo por la falta de documentación completa, sino porque una inspección reveló que «el predio de obra se halla limpio y totalmente despejado y desprovisto de instalaciones y/o hecho constructivo existente (no hay obra)». Además, se acusó a la provincia de haber «cambiado el proyecto objeto de la obra» unilateralmente.
La tercera demanda es por la suma de $88.526.392,94, más intereses, correspondientes a un primer desembolso efectuado el 17 de noviembre de 2021 (aunque una parte del documento indica 2022 ). Estos fondos se otorgaron bajo el Convenio CONVE-2021-99785862-APN-DGD#MTR para la «Implantación de la nueva terminal de Ómnibus de Chepes La Rioja». La rendición de cuentas presentada por la provincia el 3 de agosto de 2023 fue rechazada porque «la Jurisdicción no acredita un porcentaje de avance de obra acorde a la ejecución de los trabajos y secuencia prevista en relación con los fondos ejecutados, que permita concluir en el uso eficaz y eficiente de los mismos».
En los tres casos, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dictó resoluciones en marzo de 2025 (RESOL-2025-17-APN-ST#MEC, RS-2025-19-APN-ST#MEC y RESOL-2025-18-APN-ST#MEC ) rechazando las rendiciones de cuentas e intimando a la Provincia de La Rioja a reintegrar los montos en un plazo de cinco días hábiles. Las notificaciones se cursaron a fines de marzo de 2025. Ante la falta de restitución de los fondos, el Estado Nacional procedió con las demandas judiciales.
Los fundamentos legales de las tres demandas se basan en el incumplimiento de los convenios firmados, la Ley de Administración Financiera (N° 24.156) y sus normativas sobre rendición de cuentas de fondos públicos, así como el principio de enriquecimiento sin causa por parte de la provincia. Se argumenta que, al no haberse utilizado los fondos para los fines previstos o no haberse rendido cuentas debidamente, la provincia se habría beneficiado indebidamente en detrimento del patrimonio estatal.
Las demandas también aclaran que, a pesar de las reestructuraciones ministeriales (por las cuales el Ministerio de Transporte fue absorbido primero por Infraestructura y este luego por Economía), la personería y facultades del Estado Nacional para reclamar se mantienen intactas. Se destaca además que la Provincia de La Rioja no interpuso recursos administrativos contra las resoluciones que rechazaron las rendiciones y ordenaron el reintegro, consintiendo así el procedimiento administrativo.
Las demandas
