La Procuración General de la Nación, a través de Laura Mercedes Monti, dictaminó la competencia originaria del máximo tribunal en los tres pleitos donde la Secretaría de Transporte reclama más de $169 millones a la provincia por obras de terminales de ómnibus.
Los millonarios reclamos del Estado Nacional contra la Provincia de La Rioja por presuntos incumplimientos en convenios para obras de terminales de ómnibus ya tienen un escenario definido: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo estableció el Ministerio Público Fiscal en sus dictámenes, que resultan clave para el avance de estas tres causas que suman más de $169 millones.
La Procuración General de la Nación, a través de la firma digital de Laura Mercedes Monti, ha emitido dictámenes fundamentales en los expedientes CSJ 1080/2025, CSJ 1079/2025y CSJ 1098/2025, afirmando la competencia originaria de la Corte Suprema para entender en estos pleitos.
Según lo expresado en los dictámenes, la decisión se basa en la «naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito». Dado que el Estado Nacional, con derecho al fuero federal según el artículo 116 de la Ley Fundamental, demanda a la Provincia de La Rioja, a quien le concierne la competencia originaria de la Corte conforme al artículo 117 de la Constitución Nacional. La única forma de «conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria».
De esta manera, la Procuración ha dado luz verde para que estas complejas demandas, que acusan a La Rioja de «enriquecimiento sin causa» y «empobrecimiento para el Estado Nacional» tras el rechazo de rendiciones de cuentas, sean tratadas directamente por el máximo tribunal.
Las demandas se originan por fondos transferidos para la «Refacción de La Terminal de Ómnibus El Milagro La Rioja» por $42.645.530,84, la «Implantación de la nueva terminal de ómnibus de Chepes La Rioja» por $88.526.392,94, y la «Refacción de La Terminal de Ómnibus de Chamical La Rioja» por $37.934.203,36. En todos los casos, la Secretaría de Transporte argumenta que la provincia no rindió cuentas debidamente o se apartó unilateralmente de los proyectos originales, sin verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados.
Con estos dictámenes, la pelota ahora está en el campo de la Corte Suprema, que deberá definir el futuro de estos millonarios fondos y sentar precedentes sobre la gestión de convenios entre la Nación y las provincias.
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