La Rioja presentó el primer Código de Procedimiento Administrativo provincial comentado y concordado, una obra colectiva que analiza la Ley 10.707 y busca ordenar la relación entre el Estado y la ciudadanía.
El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, explicó que el libro fue elaborado por autores riojanos a partir de su experiencia profesional y académica, con el acompañamiento del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores y de la editorial Advocatus.
La norma forma parte de una agenda más amplia de transformación institucional que incluye la implementación del sistema acusatorio y la adecuación de distintos procedimientos provinciales. Para Goyochea, las nuevas leyes deben avanzar junto con la capacitación de quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas.
El código contempla el expediente electrónico, la reducción progresiva del papel y la posibilidad de realizar gestiones mediante canales digitales. El objetivo es acortar los tiempos de respuesta, facilitar el seguimiento de los expedientes y ampliar el acceso a la información pública.
Goyochea sostuvo que la modernización no depende únicamente de incorporar tecnología. “No se trata solo de nuevas leyes, sino de las responsabilidades que se asumen en cada función del Estado para volverlas operativas”, planteó.
El desafío inmediato será trasladar esas reglas a organismos con realidades muy diferentes. La distribución del personal, la formación de los agentes y la coordinación entre oficinas serán determinantes para evitar que un mismo trámite obligue al ciudadano a realizar consultas o presentaciones repetidas.
Los municipios riojanos comenzaron a adherir a la legislación, por lo que su aplicación puede extenderse de manera progresiva a toda la provincia. Esa experiencia será observada también fuera de La Rioja, en momentos en que distintas jurisdicciones argentinas discuten cómo digitalizar sus administraciones sin excluir a quienes tienen dificultades de conectividad.
La presentación del texto abre ahora la etapa decisiva: convertir el nuevo procedimiento en una herramienta cotidiana y medir si consigue reducir demoras, transparentar decisiones y mejorar la atención pública.
