El funcionamiento del Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocido como el “Chacho”, volvió a ocupar la agenda de los medios porteños. Durante una emisión de La Nación Más, la abogada Silvina Martínez analizó los alcances del instrumento financiero implementado por la administración de Ricardo Quintela en La Rioja, señalando las contradicciones entre su uso cotidiano y el marco constitucional argentino.
El eje de la discusión se centró en la delgada línea entre un bono provincial y una moneda de curso legal encubierta. Según el análisis televisivo, aunque la normativa local lo define formalmente como un título de deuda con paridad formal 1 a 1 respecto al peso, en la práctica riojana opera de forma idéntica al dinero en efectivo: se utiliza para compras minoristas en comercios adheridos, pago de impuestos, liquidación de servicios públicos y entrega de vueltos en la misma denominación, alcanzando valores de hasta 50.000 chachos.
El cuestionamiento de fondo radica en el artículo 126 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe taxativamente a las provincias acuñar moneda, emitir billetes o crear bancos con facultades de emisión sin la expresa autorización del Congreso de la Nación. «Le cambian el nombre y le dicen bono, pero en la realidad circula como una moneda», remarcaron en el análisis de LN+, donde además advirtieron distorsiones en mercados secundarios virtuales como Mercado Libre.
La implementación del bono riojano, ideada por el Ejecutivo provincial para mitigar el impacto de los recortes de transferencias nacionales y sostener el consumo local, continúa bajo la lupa nacional tanto por su sustento jurídico como por los riesgos macroeconómicos que plantea para el federalismo fiscal.
