Procesaron con prisión preventiva a un prestamista acusado de usura en Vinchina

La Justicia de La Rioja procesó con prisión preventiva a un prestamista de Vinchina acusado de aprovechar la necesidad económica de distintas personas para obtener beneficios considerados desproporcionados.

La medida fue dictada por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Villa Unión, Andrés Romero, quien también dispuso el embargo de los bienes del imputado.

El magistrado explicó que la investigación comenzó hace aproximadamente tres meses a partir de un requerimiento fiscal relacionado con una denuncia por usura.

Durante el procedimiento se realizaron tres allanamientos simultáneos en diferentes domicilios. La Policía secuestró documentación vinculada con préstamos y contratos que posteriormente fueron reconocidos por testigos.

Investigan operaciones realizadas durante tres años

Los elementos incorporados al expediente permitieron acreditar, en esta etapa procesal, que la actividad investigada se habría desarrollado habitualmente durante al menos tres años.

Cerca de diez personas prestaron declaración y reconocieron documentos relacionados con operaciones crediticias. Esa reiteración llevó a encuadrar provisoriamente el caso como usura agravada por habitualidad.

El artículo 175 bis del Código Penal sanciona a quien obtiene una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada mediante el aprovechamiento de la necesidad, ligereza o inexperiencia de otra persona.

Romero destacó la rapidez del trabajo policial, la reserva mantenida durante los procedimientos y el valor de la víctima que realizó la denuncia inicial.

La causa todavía no llegó a juicio

El juez evitó identificar públicamente al acusado porque todavía rige el principio de inocencia. El procesamiento no constituye una condena, sino una resolución adoptada durante la etapa de instrucción.

Una vez terminada la investigación, deberá resolverse si existen elementos suficientes para elevar el expediente a juicio. Será entonces el tribunal competente el que determine la eventual responsabilidad penal.

Aunque la resolución se conoció después del anuncio provincial contra los créditos abusivos, la investigación comenzó tres meses antes. El caso expone una práctica difícil de detectar porque muchas víctimas no denuncian por temor, dependencia económica o vulnerabilidad.