El tablero de Diputados durante la media sanción del Régimen Penal Juvenil, el 12 de febrero de 2026.
La puesta en práctica del Régimen Penal Juvenil requiere profesionales de seguimiento y coordinación entre organismos. El Decreto 875/2026, publicado este lunes, organiza esos mecanismos y coloca al Ministerio de Justicia a cargo de la aplicación nacional y federal de la Ley 27.801. El desafío de implementación está en convertir esas estructuras en capacidad efectiva de intervención.
Cómo se designarán los supervisores
El decreto crea el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Hasta que se complete, Justicia deberá elaborar un listado provisorio de profesionales habilitados. Los jueces elegirán de allí al supervisor de cada caso.
La primera convocatoria pública para integrar el registro definitivo deberá concretarse dentro de un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto. El listado provisorio funcionará hasta que quede integrado el registro definitivo.
Los supervisores tendrán funciones de asistencia, control y seguimiento. La ley exige formación en educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social. Deberán acompañar a los adolescentes y verificar el cumplimiento de las medidas judiciales.
Una aplicación que exige coordinación
El Comité Interministerial reunirá a Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Deberá coordinar intervenciones, elaborar criterios sobre prevención y reinserción, intercambiar información y articular los aspectos de la ejecución de las penas que correspondan a cada cartera.
También se crea una Mesa Federal, con participación voluntaria de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, para intercambiar experiencias, armonizar criterios y facilitar convenios. La invitación alcanza a La Rioja, que podrá designar un representante.
La participación voluntaria se refiere a ese espacio de coordinación. La ley tiene alcance nacional. Cada jurisdicción conserva las responsabilidades que le corresponden en su implementación.
A quiénes alcanza el régimen
La reglamentación conserva los límites establecidos por el Congreso: el régimen alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18. También mantiene la prohibición de prisión perpetua y el máximo de 15 años de privación de la libertad.
El decreto dispone su entrada en vigencia junto con la Ley 27.801.
Actualización: la implementación también abrió una discusión judicial en Buenos Aires. Según informó Ámbito, un juzgado de Lomas de Zamora dispuso una suspensión preventiva por 60 días en esa provincia. El alcance de la medida y la reacción de Bullrich se desarrollan en esta nota.
El mensaje de Pettovello a las familias
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió a las familias y a los adultos responsables detectar señales de riesgo y actuar a tiempo. En un mensaje publicado en X sobre la Ley 27.801, sostuvo que la responsabilidad penal implica asumir las consecuencias de los propios actos y, cuando corresponda, reparar el daño causado.
La funcionaria advirtió sobre las amenazas a escuelas, la portación de armas, la planificación de ataques y la venta o distribución de sustancias ilegales. El material de Capital Humano que acompañó la publicación también menciona la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y los ataques contra la propiedad privada.
La campaña recomienda hablar con los adolescentes, establecer límites y pedir ayuda. Pettovello indicó llamar al 911 ante una situación de peligro, un delito o una emergencia.
Imágenes: H. Cámara de Diputados de la Nación y Ministerio de Capital Humano.
