Frente a una poda federal del 90% al 25% en la asistencia alimentaria escolar, el parlamento provincial sancionó una contribución extraordinaria sobre 29 grandes compañías. La medida expone el repliegue asistencial de la Casa Rosada hacia las provincias.

El esquema de financiamiento de la ayuda social en la Argentina sumó un nuevo foco de tensión fiscal. Ante una resolución unilateral del gobierno nacional que recortó del 90% al 25% su cobertura en los fondos transferidos para comedores educativos en todo el territorio nacional, la Legislatura de La Rioja aprobó un aporte extraordinario y temporal para sostener el servicio en las escuelas.

La normativa, impulsada por el bloque justicialista con el rechazo de La Libertad Avanza, fija un recargo transitorio del 25% sobre la alícuota de Ingresos Brutos durante cuatro períodos fiscales (septiembre a diciembre) para aquellas firmas cuya facturación mensual supere los 2.000 millones de pesos.

Asfixia fiscal y financiamiento de emergencia

«Nación redujo en forma unilateral el 75% del aporte a los comedores de todo el país; la provincia no tiene capacidad para absorber ese costo en medio de la asfixia presupuestaria», argumentó el jefe de la bancada oficialista, Cristian Pérez. Los recursos buscarán garantizar la ración diaria de 13.000 alumnos —con foco crítico en la ruralidad de los Llanos— y el fondeo de la Tarjeta PAR para 11.000 beneficiarios.

El universo impositivo comprende de manera selectiva a 29 grandes compañías con actividad en la provincia, de las cuales 15 pertenecen al sector bancario y financiero (Banco Nación, Banco Hipotecario, Banco Rioja y Tarjeta Naranja, entre otras), sumadas a multinacionales y corporaciones como AMX Claro e YPF. El rubro comercial local solo registra un aportante de radicación plena: Supermercado Mayor.

El repliegue del Estado y el costo en el interior

La medida reedita el auxilio de emergencia ensayado en 2024, cuando la Casa Rosada demoró seis meses la firma de los convenios educativos marco. La brecha distributiva se traduce en una presión directa sobre las finanzas subnacionales, obligadas a compensar la deserción del presupuesto federal para evitar una crisis de subsistencia en las aulas.

El debate riojano anticipa el escenario que enfrentarán el resto de las administraciones provinciales ante la prórroga o caducidad de convenios nacionales. Frente al repliegue de los programas asistenciales centralizados, los distritos periféricos quedan forzados a tensar su presión impositiva sobre el sector privado o resignar derechos básicos en los sectores más vulnerables de su población.