El gremio gastronómico denuncia trabas oficiales para validar pactos de recomposición acordados con las cámaras. Advierten sobre retenciones patronales indebidas, cheques sin fondos y retrasos millonarios desde ARCA.

La estrategia económica de utilizar las paritarias como ancla antiinflacionaria suma resistencia en las provincias. En La Rioja, la filial de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) denunció que la Secretaría de Trabajo de la Nación mantiene paralizada la homologación de acuerdos salariales pactados directamente con el sector empresarial.

La traba administrativa comprende la pauta del trimestre abril-junio —apenas un 5,43%— y las sumas no remunerativas de $71.000 pactadas para el período junio-septiembre. Pese al discurso oficial de no intervención en acuerdos entre privados, el Ejecutivo nacional aplica un techo implícito que congela básicos de convenio en torno a $1.380.000, retrasando mejoras de bolsillo pactadas de común acuerdo.

Retención de aportes y desvío de fondos

A la falta de aval estatal se agrega una severa crisis financiera por el incumplimiento patronal. Desde el sindicato alertaron que hoteles y firmas gastronómicas descuentan aportes sindicales y de obra social de los haberes pero no los transfieren a las entidades de salud, incurriendo en eventuales delitos de apropiación indebida.

La conducción gremial confirmó que intimó a las firmas ante FEGRA y que publicará la nómina de deudores, tras recibir cheques sin fondos en planes de refinanciación de deudas millonarias en establecimientos que mantienen altos niveles de ocupación.

El ahogo al sistema solidario de salud

El cuadro se agrava por el circuito de distribución fiscal. La recaudación que ingresa vía Declaración Jurada F.931 queda retenida en las cuentas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que demora la transferencia hacia las obras sociales sindicales en todo el territorio nacional.

El caso de los gastronómicos sintetiza una contradicción que sacude el mercado laboral argentino: mientras el consumo y la rentabilidad se deterioran por la crisis, el Estado desregula precios básicos pero interviene los ingresos del trabajo y retiene recursos operativos indispensables para el sostenimiento de la salud prestacional del interior.