El corte de fondos federales para el mantenimiento de corredores troncales como las rutas 38, 79 y 141 no solo aísla al interior y eleva el riesgo vial, sino que triplica el costo futuro de reparación.

El deterioro progresivo de las rutas nacionales que surcan el territorio argentino dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un problema operativo urgente. La Rioja, con más de 2.050 kilómetros bajo jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad, expone de manera cruda las consecuencias del congelamiento de partidas que arrastra el Estado nacional. Corredores estratégicos que conectan el Noroeste con el centro del país exhiben tramos críticos donde la transitabilidad pende de un hilo.

Tramos intransitables y riesgo logístico

La situación más grave se registra en trazados clave para la producción y el transporte interurbano. La Ruta Nacional 79 —en el segmento comprendido entre la RN 38 y Casa de Piedra, y en el enlace hacia Catuna y Milagro— presenta deformaciones severas y baches de gran profundidad que obligan al transporte pesado a desviarse hacia las banquinas. En idéntico sentido, la RN 141 y sectores limítrofes de la RN 38 hacia Córdoba evidencian el impacto directo de la falta de intervenciones en la calzada.

«Por cada dólar que no se invierte oportunamente, revertir la situación a su estado original demanda tres veces más», advirtió el administrador de Vialidad Provincial de La Rioja, Jorge Escudero. Desde la óptica técnica, la retención de los fondos específicos derivados del impuesto a los combustibles configura una distorsión económica: el usuario financia el tributo al cargar nafta, abona peajes en diversas trazas y termina costeando roturas mecánicas por el pésimo estado del asfalto.

La pulseada por las obras heredadas

La parálisis también congela obras estructurales complejas, como la traza de la Ruta Nacional 75 en el tramo Las Padercitas–Dique Los Sauces. Con un contrato originado en 2012 y desfasado por la inflación, Nación solicitó a la Provincia absorber el costo del trazado original para liberar recursos hacia la construcción del segundo túnel, aún pendiente. La adecuación del tramo bajo exige además ductos hídricos de alta complejidad, inviables sin respaldo presupuestario federal.

El reclamo riojano sintoniza con el malestar de varios gobernadores respecto a la coparticipación y los fondos viales. Al postergar la conservación básica de las arterias federales, la Nación traslada un sobrecosto logístico a las economías regionales y acelera la depreciación de un capital público cuya reconstrucción será, inevitablemente, mucho más onerosa para las arcas públicas.