Tras la aprobación del aporte extraordinario a grandes empresas para financiar comedores, el radicalismo denunció ineficiencia y déficit estructural. El Ejecutivo provincial reivindicó el rol testigo del Estado y el impacto socioeconómico en el interior.

La controversia en torno a las empresas estatales y la intervención del sector público en la economía sumó un nuevo capítulo de fuerte resonancia en el debate federal. Luego de que la Unión Cívica Radical (UCR) emitiera un documento tildando de «deficitarias e ineficientes» a las compañías provinciales tras la sanción del gravamen del 0,5% a grandes contribuyentes para sostener comedores escolares, el Gobierno de La Rioja salió al cruce y defendió la vigencia de su entramado público-privado.

El secretario de Inversiones Público-Privadas, Gerardo Sánchez Volpini, rechazó de plano las acusaciones opositoras y aseguró que calificar a todas las firmas de deficitarias constituye «una falsedad». El funcionario argumentó que el esquema funciona bajo las reglas de la Ley de Sociedades Comerciales, otorgándole al Estado herramientas legales para operar como un agente económico formal.

Un polo productivo de 37 firmas en debate

La Rioja administra hoy un conglomerado de 37 empresas estatales activas que abarcan desde servicios esenciales —energía, agua potable y telecomunicaciones— hasta áreas industriales, agropecuarias, ganaderas, viales y de manufactura de alimentos. Se trata de un entramado iniciado entre 2007 y 2008 que representa una experiencia singular de intervención estatal en el mapa corporativo argentino.

Sánchez Volpini remarcó la función estratégica de las unidades de negocios: «El Estado puede ejercer su rol empresario salvaguardando el interés común. Hay empresas que tienen un posicionamiento comercial consolidado en la región y otras que, por objetivos de desarrollo o prestación de servicios básicos, se sostienen aun con balances desfavorables para garantizar arraigo y oportunidades laborales en zonas donde el capital privado no invierte».

Disputa doctrinaria en el tablero nacional

El choque discursivo no solo expone las rispieces entre el oficialismo provincial y la oposición local, sino que dialoga de forma directa con la agenda de ajuste, desregulación y privatizaciones que la Casa Rosada impulsa sobre el entramado societario federal.

Mientras el radicalismo y los sectores liberales exigen auditorías urgentes y el desarme de estructuras con pérdidas operativas para reducir la presión fiscal sobre el sector privado, la administración provincial ratifica la vigencia del Estado empresario como un dique de contención productiva ante la recesión del mercado interno.