El salto de casi 1.000% en el costo mayorista de la electricidad elevó el valor técnico de la factura a $60.000, pero la provincia subsidia más de la mitad para frenar el ahogo familiar. El corte total del financiamiento federal paralizó la ampliación de acueductos y colectores cloacales.

El retiro de subsidios nacionales a la energía eléctrica y el esquema de ajuste macroeconómico sobre los ingresos de los hogares volvieron a presionar la ecuación operativa de los servicios esenciales en el interior del país. En La Rioja, el Gobierno provincial resolvió congelar las tarifas de agua potable por otros 60 días y flexibilizar los planes de pago para poner un límite a la morosidad vecinal, que ya alcanza al 20% de los usuarios.

El gerente de Aguas Riojanas, Roberto Valle, alertó sobre la brecha que separa el costo real del suministro respecto de lo que abonan las familias: una dotación estándar de 30 metros cúbicos debería rondar los $60.000 mensuales debido a que el sistema es electrodependiente para la extracción por bombeo, pero el usuario abona un promedio subsidiado de entre $25.000 y $26.000.

El golpe del 1.000% en la factura eléctrica

El principal desbalance financiero de la prestataria deriva del encarecimiento mayorista de la energía dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación: «El incremento de la luz trepó casi al 1.000%, impactando de lleno en la estructura de costos de los pozos de captación. El Estado provincial absorbe más del 50% de la tarifa para evitar que el golpe sea inviable para la economía doméstica», remarcó Valle.

Para evitar cortes masivos y ejecuciones en un servicio unificado casi en su totalidad con la boleta de distribución eléctrica, la empresa implementó planes de pago a medida, eliminando la exigencia previa del 50% de entrega inicial.

Parálisis federal de la obra sanitaria

La crisis tarifaria convive con la cancelación de obras estructurales. Tras el cierre de las áreas técnicas nacionales que articulaban proyectos hídricos, las ampliaciones de plantas de tratamiento, acueductos y colectores cloacales quedaron frenadas a cero, limitando las tareas operativas a reparaciones de emergencia coordinadas con el municipio capitalino para el bacheo.

El escenario riojano sintetiza la encrucijada de las prestadoras de saneamiento en el mapa federal argentino: sin transferencias de capital de la Nación y con tarifas contenidas para evitar estallidos de impago social, los distritos deben recurrir a sus propios tesoros para sostener la infraestructura básica.