Presionada por indicadores de morosidad que alcanzaron el 23% y un esquema de asfixia en el consumo familiar, la entidad oficial equiparó sus costos a los del Banco Nación. Más de 9.000 clientes ya reestructuraron sus pasivos para evitar caer en el circuito informal.

La crisis de ingresos reales que cruza a los asalariados argentinos obligó a la banca pública provincial a desplegar medidas de salvataje financiero. En un intento por contener el deterioro de su cartera y evitar el salto masivo a prestamistas informales, Banco Rioja oficializó un recorte al 29% nominal anual (más IVA y cargos) para refinanciar saldos deudores en tarjetas de crédito.

La medida, alineada con las tasas que aplica el Banco Nación, busca ofrecer una alternativa regulada en un mercado donde la morosidad trepó al 23%. El vicepresidente de la institución, Marcelo Becerra, confirmó que entre el 31 de agosto y el 21 de septiembre ya se reestructuraron pasivos de 9.059 usuarios que arrastraban contratos con un interés previo del 76%, reduciéndolo al 56%.

Endeudarse para saldar deudas

El diagnóstico oficial refleja la crudeza del escenario socioeconómico: las familias no apelan al crédito para bienes durables, sino para cancelar compromisos alimentarios o cuotas escolares atrasadas. En las últimas semanas, 935 riojanos sin pasivos previos tomaron préstamos personales al 56% para saldar obligaciones contraídas con financieras paralelas.

«A nadie le gusta endeudarse por necesidad, pero es preferible que la gente acceda a este costo y no caiga en el usurero del barrio que cobra tasas de hasta el 1.500%», remarcó Becerra. En simultáneo, 170 morosos severos iniciaron planes de rescate para no perder la titularidad de sus bienes o sufrir embargos judiciales directos.

Impacto federal y límites del auxilio estatal

El reordenamiento de la cartera del Banco Rioja pone de manifiesto una encrucijada que comparten todas las entidades públicas del país: cómo amortiguar la quiebra financiera de los sectores medios y bajos frente al congelamiento salarial sin deteriorar los balances operativos de los bancos provinciales.

La flexibilización rige tanto para la administración pública como para jubilados y empleados del sector privado, requiriendo únicamente la presentación del DNI para haberes bancarizados. Con esta intervención, la provincia busca tender un puente temporal que evite la ejecución de las economías domésticas, en un contexto de retracción económica que continúa desgastando el bolsillo popular.