La Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que el pasivo en pesos subió a $354,4 billones y que restan cancelar más de USD 3.900 millones hasta fin de año. El roll-over a corto plazo y la absorción de liquidez por parte de Nación recortan las partidas para distritos vulnerables como La Rioja.
El volumen de la deuda pública de la Administración Central consolidó un nuevo incremento al cierre de agosto de 2026, intensificando la carga financiera sobre el Estado argentino. Según el informe oficial de Operaciones de Deuda Pública publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el pasivo total en situación de pago normal (performing) alcanzó el equivalente a USD 482.364 millones.
La dinámica del mes reflejó un fuerte incremento en la deuda pagadera en moneda nacional, cuyo stock creció un 1,91% intermensual para ubicarse en $354.421 miles de millones ($354,4 billones). Por su parte, la deuda denominada y pagadera en moneda extranjera totalizó USD 247.504 millones, tras anotar una reducción neta de USD 952 millones explicada por amortizaciones de letras intransferibles del Banco Central.
La trampa del corto plazo: vencimientos cada 144 días
El informe técnico de la OPC desnudó la creciente fragilidad en la estructura de financiamiento del Palacio de Hacienda. Durante agosto, el Tesoro asumió nuevo endeudamiento en pesos por $18.454 miles de millones, pero debió afrontar pagos y amortizaciones por $21.233 miles de millones, compensando la brecha con capitalización de intereses por $5.275 miles de millones y ajustes de valuación inflacionaria por $4.147 miles de millones.
El dato más crítico para el mercado es el acortamiento del horizonte de refinanciación: el plazo promedio ponderado de los títulos colocados en agosto fue de apenas 144 días, un desplome frente a los 771 días alcanzados en junio, obligando al Gobierno nacional a renegociar sus compromisos prácticamente cada cuatro meses.
Para el último cuatrimestre del año (septiembre-diciembre), el perfil de vencimientos impone una barrera exigente:
- Obligaciones en pesos: suman compromisos por $110.696 miles de millones, concentrados en un 48,0% en títulos capitalizables (LECAP y BONCAP) y un 40,9% en instrumentos indexados por CER (inflación).
- Obligaciones en moneda extranjera: totalizan USD 3.931 millones, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) concentra el 49,9% (USD 1.962 millones) y otros organismos internacionales el 43,1% (USD 1.693 millones).
Avales y créditos: el reparto federal que excluyó a La Rioja
El reporte de la OPC expone además la disparidad en el uso del crédito público autorizado por la Ley de Presupuesto Nacional N.º 27.798. En materia de garantías y avales soberanos (Art. 51), el Estado Nacional autorizó respaldos a préstamos con organismos multilaterales por un tope de USD 1.500 millones, distribuyendo líneas a la vista para empresas energéticas y proyectos en Córdoba (USD 565 millones), Neuquén, San Juan, Santa Fe y Chaco (USD 335 millones).
En la misma sintonía, bajo el Decreto 757/2026 se aprobó una línea del BID por USD 700 millones para la «Transformación Digital en Salud» con contrato de cogarantía exclusivo para Mendoza.
La Rioja quedó fuera de todo aval o línea de cogarantía externa, en momentos en que la Legislatura provincial sancionó la Ley N.º 9.866 para declarar de interés los estudios del Parque Geotérmico – Termas de Santa Teresita y facultar al Ejecutivo a gestionar fondeo internacional. Sin el respaldo de Nación, la obtención de créditos externos para infraestructura en la provincia resulta inviable.
El correlato riojano: cómo la deuda nacional ahoga a la provincia
La urgencia del Gobierno nacional por refinanciar más de $110 billones y USD 3.900 millones hasta diciembre impacta de forma directa sobre las cuentas públicas riojanas:
- Aspiradora de liquidez y sequía federal: Para renovar sus vencimientos a 144 días, el Tesoro convalida tasas en licitaciones de LECAP que rondan el 29% al 30% anual (TIREA), absorbiendo todo el crédito disponible en el sistema bancario privado. Esto desvía fondos que de otro modo financiarían a los sectores productivos de las provincias y seca el circulante en el interior.
- Coparticipación en la mira: Frente a compromisos externos de casi USD 1.000 millones mensuales entre capital e intereses (USD 912 millones cancelados en agosto solo en intereses), el Palacio de Hacienda cierra el grifo de los giros discrecionales a las provincias para sostener el superávit financiero base. Para La Rioja, donde el 89% de los recursos totales depende de los envíos de Nación y la recaudación de Ingresos Brutos cayó un 12% real, esta política profundiza la insolvencia fiscal.
- El drama de la deuda propia: Mientras la Nación canjea títulos a corto plazo con el Banco Central y tenedores privados por más de USD 1.340 millones, la administración riojana sigue entrampada en la cesación de pagos de sus propios compromisos en dólares (como el bono verde internacional), sin posibilidad de acceder a divisas en el Mercado Libre de Cambios bajo condiciones ordinarias.
Un cierre de año con escaso margen de maniobra
La masa de endeudamiento del Estado Nacional equivale ya al 77,9% del PBI, con un pago anualizado de intereses y amortizaciones que consume el 29,3% del producto bruto argentino.
En este escenario de hiperconcentración de recursos en la deuda soberana, el interior profundo paga el costo más oneroso. Para La Rioja, con una pobreza que alcanzó al 38,4% de los habitantes de la capital y un consumo en supermercados estancado en $27.602 por habitante, la carrera del Tesoro por no defaultear consolida una economía provincial con partidas salariales congeladas, obra pública paralizada y cero margen para el crédito al desarrollo.
El informe
Descubre más desde Eduardo German
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
