El gobernador catamarqueño anunció la inauguración de cuatro plantas productivas y elogió el impacto del RIGI para atraer capitales globales. Una señal de pragmatismo económico que contrasta de lleno con la matriz estatista de la Casa de las Tejas y la parálisis de recursos en el distrito riojano.

En el tablero de los gobernadores peronistas del Norte Grande, la distancia estratégica entre San Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja capital nunca lució tan ancha. A través de sus canales oficiales, el mandatario catamarqueño Raúl Jalil anunció lo que calificó como un «paso histórico» para su provincia: la puesta en marcha durante este mes de cuatro hitos productivos de litio encabezados por gigantes internacionales como POSCO, Río Tinto y Galan Lithium.

«POSCO pondrá en marcha la Planta N° 2 de Sal de Oro; Río Tinto iniciará la nueva planta de Sal de Vida y la expansión de Fénix 1B; y Galan Lithium inaugurará su planta en Hombre Muerto Oeste», detalló el jefe de Estado vecino. Sin rodeos ideológicos, Jalil atribuyó el desembarco de capitales a «años de trabajo entre el Estado, las empresas y las comunidades» y ponderó de manera explícita los instrumentos macroeconómicos promovidos a nivel federal: «Hoy, con herramientas como el RIGI, Catamarca atrae proyectos de escala mundial que fortalecen nuestro lugar en la transición energética».

Dos modelos peronistas frente al capital privado

El pronunciamiento de Jalil retumba con fuerza en los pasillos de la Casa de las Tejas. Mientras el catamarqueño optó por una vía de pragmatismo institucional que incluyó la adhesión temprana al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un canal de interlocución técnica permanente con la Casa Rosada, Ricardo Quintela eligió la trinchera ideológica, liderando la resistencia federal contra el programa desregulador de Javier Milei.

La divergencia no es solo retórica, sino de concepción económica. Catamarca capitaliza el boom del «oro blanco» consolidando un polo de desarrollo en la Puna mediante concesiones privadas, regalías directas, compre local y generación de divisas genuinas. En La Rioja, en cambio, la política hacia los recursos estratégicos quedó históricamente condicionada por la declaración del litio como mineral reservado al Estado (Ley 10.608), esquemas tutelados por empresas provinciales (SAPEM) y una marcada resistencia comunitaria y política que ralentizó la llegada de inversiones de escala global.

El impacto en las arcas: regalías versus asfixia de caja

La enumeración que hace Jalil sobre los beneficios concretos del desarrollo minero toca la fibra más sensible de la realidad riojana: «Más empleo para los catamarqueños, más oportunidades para nuestros proveedores, mayores exportaciones y regalías, y más recursos para transformar el desarrollo minero en infraestructura y mejores condiciones de vida en toda la provincia».

Para la administración riojana, asfixiada por el cierre absoluto de las transferencias nacionales no automáticas y atada casi con exclusividad al goteo diario de la coparticipación para pagar salarios públicos, el cuadro vecino ilustra el costo de oportunidad. Mientras Catamarca financia obras de infraestructura con recursos provenientes de los cánones mineros y la actividad privada, La Rioja debió recurrir a la emisión de cuasimonedas provinciales (BOCADE) y a una severa contención del gasto para sostener la operatividad del Estado.

El mensaje de Jalil expone, en definitiva, que la pertenencia al peronismo no impidió a otras provincias del norte articular con los mercados internacionales y aprovechar los incentivos federales. Con los libertarios riojanos utilizando el desarrollo privado como su principal caballito de batalla para la sucesión de 2027, la postal de inauguraciones mineras al otro lado de la frontera provincial reaviva el debate interno sobre si el modelo riojano de intervención estatal aún tiene margen para subsistir en el nuevo clima de época.