El Presupuesto nacional sólo le garantiza la coparticipación automática que fija la Constitución. Su plan de liderar la resistencia federal con los Chachos no tuvo eco regional y sus pares prefirieron negociar con Balcarce 50. Con Cristina Kirchner presa y el PJ nacional sin conducción, el Gobernador consagró a la Policía a la Virgen del Rosario mientras diseña su retirada.

En el tablero político provincial se consolidó una certeza que recorre de punta a punta los pasillos de la Casa de las Tejas: Ricardo Quintela quedó librado a su propia suerte. El proyecto de Presupuesto General de la Nación enviado al Congreso desnudó los límites de su confrontación con la Casa Rosada. La administración central sólo le girará a La Rioja las partidas de coparticipación federal que la Constitución Nacional vuelve intocables de forma automática; de allí en adelante, no habrá un peso extra. El grifo de fondos discrecionales, compensaciones por el punto histórico arrebatado en 1988 y adelantos del Tesoro permanece cerrado con candado por orden de Javier Milei.

El aislamiento financiero es el correlato directo de un aislamiento político que el oficialismo riojano ya no puede maquillar. La audaz jugada de los bonos BOCADE («Chachos») —diseñada en su momento para erigir a Quintela como el abanderado de la resistencia federal contra el ajuste libertario— se agotó en los límites territoriales de la provincia. Ningún otro mandatario subnacional se plegó a emitir cuasimonedas.

Mientras La Rioja debió ajustar un 8,9% real su gasto público para evitar el colapso de caja, sus vecinos de Catamarca, Salta y San Juan eligieron el pragmatismo: sellaron acuerdos de gobernabilidad con Balcarce 50, adhirieron al RIGI y captaron inversiones privadas mineras e hidrocarburíferas que hoy les permiten expandir sus presupuestos. Sin agenda común ni coordinación de bloque con las provincias limítrofes, el gobierno riojano quedó desacoplado del pulso productivo de la región.

El peronismo detonado y la orfandad nacional

A la intemperie económica se suma el derrumbe del paraguas partidario. El peronismo nacional atraviesa una crisis terminal, sin conducción unificada ni proyecto de poder, con una Cristina Fernández de Kirchner que ejerce el control de los restos del espacio mientras cumple condena judicial. En ese escenario atomizado, la pretendida proyección federal de Quintela para terciar en la conducción del justicialismo nacional quedó en vía muerta: sin recursos para articular redes federales y con los gobernadores peronistas cerrando filas con Balcarce 50 para garantizar la supervivencia de sus propios distritos, La Rioja quedó reducida a una isla testimonial.

En ese marco de encierro se inscribe la última postal de gobierno: la consagración de la Policía de La Rioja a la Virgen del Rosario, reconociéndola formalmente como «Patrona y Generala a perpetuidad de nuestra institución» con imposición de insignias de mando. En el seno del oficialismo admiten que, más allá de la arraigada devoción popular, apelar al manto de la Virgen para custodiar a la tropa armada refleja el clima de época: un gobierno que agotó el margen de recomposición salarial, que convive con el malestar en los cuarteles y que, sin auxilio de la Nación ni puentes con sus pares, recurre a la fe comunitaria para preservar la cohesión interna.

El cerrojo institucional para el día después

Con el reloj corriendo hacia las elecciones de 2027 y las encuestas marcando una brecha de ocho puntos en favor de Martín Menem (34%) sobre Teresita Madera (26%), Quintela apura los pasos para el final de su mandato. Descartado el adelantamiento comicial que lo convertiría prematuramente en un mandatario sin poder real, el titular del Ejecutivo acelera los deberes institucionales para asegurar su retirada:

• Inmunidad parlamentaria: El Gobernador tiene prácticamente definido encabezar la lista a diputados nacionales en 2027, llevando a su colaboradora de máxima confianza, Luz Santángelo Carrizo, en los puestos de expectativa de la nómina.
• El control de la acción penal: El inminente desembarco del actual ministro de Seguridad, Miguel Zárate, en la Fiscalía General le garantiza al oficialismo el manejo de las investigaciones y denuncias que involucren al Estado provincial.
• La cúpula de los tribunales: Con Karina Becerra al frente del Consejo de la Magistratura y Gabriela Asís instalada en el Tribunal Superior de Justicia, el oficialismo cierra filas en la cabeza del Poder Judicial.
• El arbitraje del gasto: La mira de la Casa de las Tejas apunta ahora a la cobertura de vacantes y mandatos en el Tribunal de Cuentas, apelando a las mayorías constitucionales de los artículos 191 y 192 para resguardar las auditorías sobre las empresas públicas y la administración de los fondos provinciales.

Frente a una oposición libertaria que lidera los sondeos urbanos y un peronismo federal desarticulado, Quintela prepara el terreno para cuando deba entregar el bastón de mando. Sin caja discrecional, sin socios en el Norte Grande y con su propia policía encomendada a la Virgen para transitar la crisis, el Gobernador construye en los tribunales y los organismos de control el cerrojo que proteja su legado político.